Rodolfo Martín Villa ha comparecido ante la Cámara de Casación Penal de Argentina. Vestía un traje azul oscuro, camisa blanca y corbata granate. Parecía seguir gozando de buena salud. La prensa que ha asistido a la vista esperaba escuchar su voz, qué palabras pronunciaría para negar su implicación en los delitos por los que la Cámara delibera si debe procesarle: los homicidios agravados por crímenes de lesa humanidad de Pedro María Martínez, Romualdo Barroso, Francisco Aznar durante la masacre del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz y de Germán Rodríguez en las fiestas de San Fermín de 1978 en Iruñea. Su abogado, Fernando Goldaracena, ha orado para crear el relato de que, dado que no hay pruebas —Martín Villa ordenó destruir los archivos que podrían implicarle—, no hay delito. Tras su intervención, para sorpresa de los asistentes, la sala ha concluido la audiencia e indicado que las partes serán notificadas con el fallo.

Los dos abogados de la acusación, Eduardo Fachal y Luis María Calcagno, se aferran a la publicación del BOE del 13 de enero de 1978, que recoge la orden 905 dictada el 19 de diciembre de 1977, en la cual el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, solicitó destruir los archivos de las Direcciones Generales de Seguridad y de la Guardia Civil relativas a las actividades políticas y sindicales. “Exhibo esto [en referencia al BOE] que llegó a nosotros escasamente hace 48 horas”, ha destacado Calcagno. Los letrados conocieron el documento gracias a la reciente publicación del libro La conquista de la transición (1960-1978): Memorias documentadas, de Óscar Alzaga, investigador que dedicó diez años a esta obra.

En la vista de hoy los abogados han rebatido qué fue la transición española. La acusación consideró que sería “caricaturesco” pensar que el 20 de noviembre los españoles se despertaron en una dictadura y el 21 en una democracia. Para argumentarlo recordaron que durante la transición, los cuerpos policiales mataron a un defensor democrático cada tres días y medio —el Estado asesinó a 320 personas en concentraciones, manifestaciones y demás actos políticos—. La defensa no mentó ese dató y consideró que fue una época “transitoria entre un Gobierno y el siguiente”.

El auto de la jueza María Servini de Cubría, del Juzgado Criminal y Correcccional Federal 1 de Argentina, dictamina el procesamiento del exministro del Interior entre 1976 y 1979, Rodolfo Martín Villa, por cuatro homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad ocurridos en Gasteiz e Iruñea en 1976 y 1978. 

 

Andoni y Fermín

Andoni Txasko, quien perdió la vista a causa de los golpes que le dieron varios policías en la jornada del 3 de marzo, y Fermín Rodríguez, hermano de Germán, el asesinado en los Sanfermines de Iruñea, han comparecido en la vista. Esperaban hablar, pero la sala tampoco les ha invitado. “Les hubiera dicho que los Sanfermines del 78 no fueron hechos aislados, más de 300 muertos salpicaron a todo el Estado a través de una política premeditada de represión concebida para dejar la transición en los niveles que deseaba el franquismo”, indica a El Salgo Rodríguez. Se muestra optimista respecto a la deliberación de la Cámara, “porque si no lo soy, me desmorono”.

Txasko se muestra más prudente: “Los intereses políticos de España y Argentina se entremezclarán. Si España hubiera querido juzgar a Martín Villa, lo hubiera hecho ya”. España se ha negado reiteradamente a remitir a Argentina las pruebas solicitadas por la jueza Servini.

Rodolfo Martín Villa ocupó cargos políticos durante el franquismo desde 1962. En la transición fue ministro de Relaciones Sindicales (1975-76) y del Interior entre 1976 y 1979. Rodolfo Martín Villa ha admitido que puede ser culpable de delitos de torturas y homicidio cometidos durante la Transición. Durante un encuentro organizado en enero de 2022 por el Fórum Nueva Economía, entidad financiada por grandes empresas como Acciona, Abertis, Alsa, BBVA o Asisa, reconoció que pudo ser “el responsable político y penal”.

“Lo cierto es que se me acusaba de crímenes de lesa humanidad por muertes cometidas en tiempos en los que yo no tenía competencia sobre los cuerpos de policía y Guardia Civil y otras en las que ya tenía esas competencias en gobiernos que caminaban hacia la democracia”, empezó a dirimir el exministro franquista en el evento. “Yo pude ser el responsable políticamente por supuesto y también responsable incluso penal de aquellas muertes, incluso hubiera sido posible que, en un rato de locura, hubiera podido ser autor material, lo que no era posible es que formara parte de gobiernos en la transición española que tuviera un plan sistemático, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de un régimen democrático, eliminando a aquellas personas más significativas en el orden político, justamente la transición fue lo contrario”, afirmó.