La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estudia denunciar por prevaricación administrativa la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, Carlota López Esteban, por su decisión de impedir que los familiares que quieren sacar los restos de sus seres queridos de las criptas de la basílica del Valle de los Caídos puedan ejercer ese derecho.

La ARMH, que inició en las exhumaciones científicas de fosas del franquismo en el año 2000, considera que “con el argumento de que una decisión judicial es recurrible, el poder ejecutivo de un municipio no puede interponerse e impedir el derecho de esas familias”.

Considera la asociación que, “cuando la alcaldía de San Lorenzo del Escorial ha tomado esa decisión hace desacato a una resolución vigente, por mucho que sea recurrible, atenta contra los derechos de las familias y contra la resolución de un juzgado local que hace años sentenció que los familiares pueden sacar de allí los restos de sus seres queridos”.

A esto se suma “la falta de humanidad y el desprecio por el dolor y la lamentable situación que están viviendo las familias que reclaman sus derechos a las que les fueron secuestrados los cuerpos de sus antepasados por parte de la dictadura franquista”, afirma la ARMH.

Bonifacio Sánchez, portavoz de la ARMH, asegura que “la decisión de la alcaldesa impide y cortocircuita una decisión judicial y se pone de manera arbitraria de parte de quienes quieren impedir el derecho de las familias'', y añade que “cualquier que se oponga a eso, que es básico en cualquier civilización, está suspendiendo primero de básica de derechos humanos”.

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