El derecho de los desaparecidos a la justicia está por encima de las leyes de impunidad

La represión física desencadenada con resultado mayoritario de muerte, que siguió al golpe del 18 de julio de 1936, es aún una asignatura pendiente de la “democracia española”. Todo lo realizado desde el poder, tanto por la dictadura como por la llamada “democracia”, no ha sido sino un plan continuado de olvido y discriminación entre las víctimas de los conflictos habidos, para así tratar de cerrar en falso acontecimientos históricos de gran importancia para la vida política y para la misma cultura española.

En la larga lista de personas desaparecidas desde 1936 hasta nuestros días se encuentran, junto a tantos miles de sindicalistas y militantes obreros, eminentes personalidades de la vida civil y militar, de la ciencia y la educación, del arte y la cultura… No podemos sino recordar el aniversario en este día del asesinato del andaluz universal Federico García Lorca.

En el “atado y bien atado” de la memoria franquista, figura un relato de la guerra y de la misma dictadura que se prolonga como todos sabemos en el régimen de la monarquía. Relato que contempla la preservación de los privilegios de la Corte, tratando de explicar interesadamente los conflictos y momentos históricos, siempre desde el punto de vista de los intereses de una minoría, que para nada contempla los principales hechos históricos, despreciando abiertamente los derechos de la mayoría; entre los que se encuentran, en primer lugar, la dignidad de los millones de víctimas de la guerra y la represión abandonados y olvidados. Situación que padecemos hasta nuestros días, consecuencia de la impunidad histórica establecida por el franquismo y sus herederos, y por los pactos y consensos que hicieron posible el régimen del 78.

No podemos dejar de entender que el conocimiento del pasado nos aporta elementos esenciales para conocer y actuar en el presente, sin dejarnos llevar por las presiones de todo tipo que los voceros del régimen ejercen contra los derechos democráticos y la Memoria. Por ello, la cuestión de la Memoria, es decir, el derecho democrático a la Memoria; se ha convertido, pese a todas las maniobras y falsificaciones del poder, en un elemento central de la lucha política y cultural de nuestros días.

La memoria del franquismo fue establecida por la dictadura principalmente a través de la llamada “Causa General” y de las prédicas de la Iglesia, aliada al franquismo y a la misma monarquía. El informe del fiscal jefe de la época, que constituye la “Causa General”, trataba a todo precio de criminalizar y condenar a los defensores de los derechos democráticos y sociales, cuando los principales luchadores sindicales y políticos del movimiento obrero, de los defensores de las causas populares y democráticas y laicas se encontraban en la cárcel o en el exilio. Se empleaba con especial saña con las gentes de la ciencia y la cultura que formaron parte de esa gran demanda de cambio que significó la Segunda República Española. Y dicha memoria, la de los vencedores y sus aliados, se ha prolongado indefinidamente a lo largo del tiempo mediante toda una serie de leyes e instituciones, como la de Amnistía, de Secretos Oficiales; las de la Memoria (primero “histórica” y luego “democrática”), pero, ante todo, preservando el poder para la Corona y la Iglesia…, buscando cerrar en falso el balance histórico y político necesario de 86 largos años de lucha de clases.

Federico García Lorca fue una de las muchas víctimas del terrorismo franquista. A los pocos días de emprendido el golpe fue secuestrado, torturado, asesinado y hecho desaparecer en el barranco de Vizmar. Las fosas comunes de toda España están repletas de restos humanos como el de Lorca, a los que en su conjunto se les debe verdad y justicia. Y este régimen se empeña en impedirlo.

Por ello, una las tareas políticas permanentes para reestablecer el hilo rojo de la lucha de clases en nuestro país, desde el campo de los explotados y oprimidos, es sin duda alguna la de tratar de rescatar la Memoria de las víctimas, frente a la impunidad y los relatos interesados de las instituciones franquistas.

Un día como hoy de hace 86 años se dio a conocer el asesinato por los franquistas del poeta y dramaturgo García Lorca en Granada; y 86 años después el poeta goza de un amplio reconocimiento universal por su obra cultural, pero no se puede dejar de subrayar el hecho de que se trata de uno de los muchos desaparecidos por la represión franquista y por la impunidad. En todo este tiempo los poderes políticos del Estado español han batido el récord mundial de impunidad: actuando de espaldas al Derecho Internacional vigente han reconocido la existencia de más de 140.000 desaparecidos forzados, sin emprender investigación ni procedimiento penal alguno. A esos desaparecidos habría que añadir, como desaparecidos, a los niños robados y a los combatientes republicanos también olvidados, sin identificación ni reconocimiento alguno.

El terrorismo de Estado contra la población civil, que las leyes internacionales de la guerra castigan, se transformó en la guerra española (con la ayuda imprescindible de Hitler y Mussolini) en un verdadero plan de exterminio físico y cultural, en la estrategia de destrucción y muerte llevada a término por el franquismo español. La máxima autoridad militar de los golpistas en Andalucía, el general Queipo de Llano, parece que fue quien dio la orden de detención y asesinato de García Lorca.

La ley está de parte de los desaparecidos, la Cláusula Martens del Convenio de la Haya de 1889, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1979 (ambos ratificados por España), y las mismas recomendaciones expresas de las Naciones Unidas así lo establecen. Por ello, los gobiernos españoles están obligados a resolver la cuestión de los desaparecidos y de las víctimas del franquismo en general, como responsabilidad indelegable, habiendo violado permanentemente la normativa internacional que les obligaba y obliga; estableciendo, por el contrario, toda una serie de leyes que impiden la Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas.

En el 2008, el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional recibió denuncias de víctimas o familiares de víctimas, denunciado “la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de la guerra civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español”. El Fiscal se opone a dicha denuncia considerando que los hechos denunciados no eran constitutivos de crímenes de lesa humanidad ni de genocidio, que estarían afectados por la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 y que, en todo caso, no serían delito de terrorismo. La investigación judicial quedó truncada al constatar el juez la defunción de los imputados. Al poco tiempo, el Tribunal Supremo rechazó de plano la investigación judicial de los crímenes de la guerra civil y el franquismo.

Las leyes de Amnistía y de Memoria hechas a la medida del continuismo franquista, y cuantas leyes y sentencias se opongan a la Verdad, la Justicia y la Reparación, no eximen de sus responsabilidades al actual Gobierno de coalición, ni a los partidos que se reclaman de la democracia, basada en el cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales. Están en la obligación de tomar las medidas legislativas necesarias que en justicia se deben a las víctimas del franquismo.