Se prepara una nueva tomadura de pelo a la ciudadanía del Gobierno más progresista de la historia. Esta vez con la “reforma” de la ley de Seguridad Ciudadana que el Partido Popular ideó y aprobó cuando tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y que claramente tenía el objetivo de cortar de raíz la organización de las clases populares en un contexto económico y social donde los grandes recortes y retrocesos en derechos y libertades generaron mucha rabia y protestas desde las calles.
La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana, comúnmente llamada “Ley Mordaza”, entró en vigor el 1 de
julio de 2015 y venía a sustituir a la anterior del año 1992, y se ha
utilizado para desmovilizar las protestas y para vulnerar flagrantemente
los derechos humanos. En noviembre de 2021, el Gobierno de PSOE-Unidas
Podemos anunció un “proyecto de reforma” de esta ley, con una serie de
“cambios” que dejaban muy lejos las promesas que ambas formaciones
políticas, desde la oposición, anunciaron en sus programas y campañas
electorales, y que según su pacto de coalición sería “una Ley de
Seguridad Ciudadana que sustituya a la ley mordaza para garantizar el
ejercicio del derecho
a la libertad de expresión y reunión pacífica”.
Al igual que ha ocurrido con la Reforma Laboral, con la Reforma de las Pensiones, y recientemente con la “nueva” Ley de Memoria Democrática, el “nuevo” proyecto que intentan vendernos desde el Gobierno con la Ley Mordaza es una burla más de quienes venían a asaltar los cielos y se quedaron a mitad de camino, instalados en sillones y despachos. Estos cambios que anuncia a bombo y platillo esta “izquierda” parlamentaria en relación a la “mejora” de una ley totalmente desproporcionada y que atenta contra derechos básicos de las personas, es solamente un maquillaje para justificar un pacto de Gobierno.
Y así lo denunciamos desde CGT en múltiples ocasiones y junto a más colectivos y movimientos sociales, advirtiendo el grave riesgo que normas como estas tienen sobre derechos fundamentales como el de expresión o información, el de reunión, manifestación, etc.
Pero el anuncio de la intención de “modificar” algunos artículos de esta ley por parte del Gobierno también suscitó la respuesta por parte de la extrema derecha que, junto a pseudosindicatos policiales orquestados por miembros de formaciones políticas reaccionarias, llevaron a la calle a miles de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Represión del Estado.
Estos funcionarios se negaban a renunciar al gran poder que desde el Congreso se les había otorgado con una vergonzosa norma que criminaliza la protesta, la lucha pacífica y la actividad de los movimientos sociales, concediéndoles a ellos –en cualquier contexto y sin más pruebas que su palabra- la presunción de veracidad. De este modo, los montajes policiales podían producirse con muchísima más facilidad hacia colectivos y organizaciones críticas con el poder, o incluso en contra de personas que individualmente hubieran denunciado abusos políticos, institucionales, etc., como ha sido el caso de artistas, periodistas o tuiteros, entre otros.
Ahora, asistimos a un nuevo lavado de cara de un Gobierno de coalición que no ha hecho más que incumplir su programa electoral desde que acordaran cogobernar a principios de 2020. Al igual que hemos comprobado con la “reforma” de la Reforma Laboral o de las Pensiones, y recientemente con la “nueva” Ley de Memoria Democrática con la que se pretende que los verdugos del franquismo pasen a la historia sin pagar por sus crímenes, ahora nos plantean una “mejor” Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Sin embargo, cuesta creer que una “mejora” de esta ley no contemple incluir la prohibición expresa de redadas racistas, ni plantee eliminar la aparente cobertura legal dada por la ley a las conocidas como devoluciones en caliente o restar poder a los Cuerpos y Fuerzas de Represión del Estado y la limitación del uso del material antidisturbios, como las balas/pelotas de goma que tantas lesiones y muertes han producido en los últimos años. El uso desproporcionado de este material, como comprobamos por desgracia hace unos años en la frontera de Ceuta, provocó la muerte de personas indefensas que no sabían nadar, por ejemplo, o dejó mutiladas a otras muchas que simplemente participaban en jornadas de huelga en defensa de sus libertades constitucionales.
Partiendo de que la mejor ley de protección de seguridad ciudadana es la que no existe, desde CGT hemos exigido durante años la derogación de todas las leyes mordaza, y en esta línea nos mantendremos como organización sindical en cuyas filas cuenta con muchos compañeros y compañeras que han sufrido en primera persona la aplicación de esta normativa por ejercer sus derechos fundamentales.
La protesta es un derecho, y luchar contra las injusticias de este sistema es legítimo por parte de la clase trabajadora y del pueblo organizado.
Fuente → rojoynegro.info
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