La opaca Zarzuela y la monárquica Moncloa, también

El Gobierno monárquico Gobierno de «Marca España» ignora al Consejo de Transparencia que le obligó a informar del número de efectivos que desempeñan sus funciones para Zarzuela bajo el argumento de que «tiene carácter reservado y es un perjuicio para la seguridad pública”. Mientras, la casa real responde a los escándalos con un ejercicio de transparencia a medias. Opacidad en estado puro que demuestra que la milonga de la «transparencia» en Zarzuela no (ni es) era otra cosa más que un cuento chino. Como vemos, se siguen columpiando y riéndose a la puta cara de quiénes mantienen (mantenemos) su lujoso tren de vida.

Y es que en la rendición de cuentas de todo lo relativo a la seguridad de la casa real hay dos instituciones que chocan constantemente: El Gobierno español (PSOE + Unidas Podemos), que rechaza dar cualquier detalle sobre los dispositivos que protegen a la familia real; y el Consejo de la Transparencia, que en multitud de ocasiones ha echado al traste los argumentos que usa el Ejecutivo para mantener oculta esa información. Sin embargo, el organismo de plastilina y cuna de enchufados multicolores que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia ha tenido poco éxito en su intento por arrojar luz a una cuestión sepultada en la opacidad: El personal que los Ministerios de Interior y Defensa destina a la jefatura del Estado y el coste que supone para las arcas públicas. El Gobierno acumula resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que detalle cuestiones como el número de agentes de los que dispone la casa del rey, el presupuesto que se gasta en esa partida o el personal que acompaña al fugado rey emérito y el coste en dietas que conlleva.

Todos esos datos permanecen en secreto, a pesar de que cada movimiento del rey tiene detrás un importante despliegue. El Ministerio de Interior de Grande-Marlaska y el de Defensa de Margarita se llama mi amor, han desoído descaradamente y sin el menor disimulo una resolución de la institución que vela por el acceso a la información pública tras una solicitud de elDiario.es sobre el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñan sus funciones en la casa real.

El Consejo de Transparencia vio oportuno que los departamentos que dirigen Grande-Marlaska y Margarita de la UME ofrecieran esos datos argumentando, entre otras cosas, que no supone un riesgo para la seguridad pública, como defendían los citados: “No pidiéndose detalle alguno en cuanto a la estructura, organización, gestión u operativa de los efectivos, sino el mero número global, no ha quedado acreditado ni se alcanza a discernir en qué medida su conocimiento público puede revelar ‘fortalezas y debilidades’, como se argumenta, que comprometan la eficacia de la seguridad de los miembros de la Casa Real”.

A pesar de que esa resolución desmonta los argumentos que habían esgrimido los -también- opacos Ministerios para denegar la petición, Interior y Defensa se reafirmaron en ellos aduciendo que ese cajón de sastre que llaman Ley de Secretos Oficiales dice que tiene carácter “reservado” aquella información relativa a “las plantillas de personal y medios y de equipo de las unidades”. Por eso consideraron que les ampara la Ley de Transparencia para ocultar el número de agentes destinados a Zarzuela y se negaron a remitirlo. Curiosa «Marca España»: Disponen de una Ley de Transparencia y de otra de origen franquista de Secretos Oficiales que son, per se, un oxímoron jurídico.

Para entendernos: Tengo una Ley de Transparencia para dar explicaciones al vulgo pero, cuando el Pueblo pregunta, tienen otra Ley de «Secretos Oficiales» que impide dar esas explicaciones. ¿Y cuál es de mayor rango? Técnicamente las dos disponen del mismo rango legislativo. Entonces, ¿Por qué se aplica una sobre la otra? Pues sería una pregunta sin respuesta porque aplicarían la Ley de Secretos Oficiales para no responder. En definitiva, más que eso de que la pescadilla que se muerde la cola, nos encontramos ante una auténtica tomadura de pelo.

Pero los ministerios españoles no solo desoyen al Consejo de Transparencia en ese caso, sino que, en otro anterior, el organismo ya había desmontado el argumento de que es una información considerada «reservada» bajo la premisa de que, de ser así, debería existir “una previa declaración de secreto”, que en todo caso, señalaba, no se había aportado al procedimiento. “A falta de este requisito esencial, debe analizarse si dar la información solicitada atenta contra la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”, continuaba el Consejo en su resolución, que también rechazaba que ofrecer el presupuesto destinado a la protección de la casa real desde el año 2000, como exigía el peticionario, supusiera desvelar la dimensión de un dispositivo concreto, que era otra de las razones que daban Interior y Defensa para rechazar la solicitud al considerar que podía supone un “peligro”. Más que probablemente, el verdadero «peligro» sean Fernando y Margarita pero, en cualquier caso, se limitan a decir lo que les dice Pedro, ese gran sociolisto monárquico de turno al que, si levantara la cabeza Pablo Iglesias Posse le tiraría sin pestañear desde el balcón de la cuarta planta de Ferraz. El mismo presidente que rechaza lo que señala el Consejo de Transparencia, que, por cierto, se basa en una sentencia del Tribunal Supremo para su argumentación: “Concluir que dar un presupuesto sobre seguridad refleja la dimensión de seguridad de los miembros de la Casa Real y, en consecuencia, pudiera perjudicar su efectividad, no se corresponde con la naturaleza de la información (…) ni con el alcance amplio que ha de darse al derecho de acceso a la información pública y, en consecuencia, la interpretación restrictiva y debidamente justificada que ha de realizarse respecto de sus límites”.

Otra de las alegaciones de Interior y de Defensa que Transparencia echa por tierra en varias de las resoluciones analizadas es que aportar información sobre los efectivos ponga en riesgo la protección de datos de carácter personal: “No se solicitan datos personales contenidos en documentos de la Administración o información que, eventualmente, pudiera desvelar información de carácter personal, sino datos presupuestarios de carácter económico que ninguna incidencia tienen en la esfera personal de los encargados de llevar a cabo las actuaciones de seguridad”.

Pero no solo Interior y Defensa tratan de limitar la información sobre ese tipo de gastos. También la Secretaría General de Presidencia, que es a quien corresponde dar la información sobre la jefatura del Estado que se solicita al amparo de la ley de 2013: En una resolución emitida en diciembre de 2020, el organismo obligaba al Departamento que entonces pilotaba el ahora ministro Félix Bolaños a remitir el presupuesto asignado para los viajes de la familia real desde el año 2000 así como el dedicado a la protección de sus miembros. Presidencia había usado idénticas explicaciones para denegar la información: que se trata de un asunto «reservado» y que «puede comprometer tanto la seguridad de las personas objeto de protección como la de los agentes encargados de la misma”. Y lo mismo ocurre con la seguridad del sátrapa, putero, comisionista y vividor emérito: El Ministerio de Grande-Marlaska (con guión y con K) se negó a concretar el número de escoltas que acompañan a Juan Carlos Borbón en su auto-exilio «todo incluido» en Abu Dhabi. Se sabe fehacientemente que el heredero de Franco dispone de tres ayudantes de cámara cuyos salarios y dietas abona Patrimonio Nacional, pero se desconoce (bueno…) el personal de seguridad a su servicio. Además de escudarse de nuevo en el carácter reservado de los dispositivos policiales, calcó los pretextos de los otros casos respondiendo que “Implicaría conocer el dispositivo de seguridad del rey emérito dejando con ello en evidencia las fortalezas o vulnerabilidades derivadas de dicha información, lo que afectaría a la integridad de dicha persona y de los encargados de su protección”. Como pueden observar, una respuesta de churrera o copy-paste, que les ha debido gustar como argumentario de cabecera.

El Consejo de Transparencia estimó parcialmente el recurso de un particular (yo mismo y mi organismo) que pidió a Interior el gasto de la escolta de Juan Carlos Borbón desde su abdicación, qué parte corresponde a dietas y el número de viajes realizados por el exjefe del Estado. El Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad insistió en el “peligro” que podía suponer hacer pública esa información para la persona en cuestión y “sus equipos de protección” y añadió: “No cabe disociar las concretas partidas presupuestarias destinadas a los distintos ámbitos en que dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejercen sus cometidos y no resulta factible además de ser impracticable”.

De nuevo el Consejo de Transparencia desdeñó las explicaciones de ese departamento y, en concreto, cargó contra el argumento de que no se pueden diferenciar los costes. “Al tratarse de un gasto efectuado que ha de imputarse a una partida concreta y ser objeto de los controles contables correspondientes, el mismo podría ser fácilmente identificable sin necesidad de un tratamiento específico o que desborde las capacidades del organismo”, sentenciaba en la resolución en la que instaba al departamento de Marlaska a dar los datos sobre el gasto que supone la escolta del exjefe del Estado y concretar qué parte responde a dietas. Lo que dejaba fuera era el número de viajes al extranjero al entender que requería de una “acción previa de reelaboración” (para hacer el listado) que queda fuera de las obligaciones que la Ley de Transparencia impone a las administraciones. Hasta hoy.

A pesar de las resoluciones favorables en la batalla por la transparencia en las cuentas de la jefatura del Estado, las instituciones hacen oídos sordos del Consejo de Transparencia, que no tiene capacidad de obligar a que se cumplan sus resoluciones. Ahí radica el problema y es que es una calculada laguna de la norma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que deja en manos de los solicitantes de la información seguir la pelea en los tribunales, con el coste que ello supone, cosa que, por ejemplo, yo no me puedo permitir salvo que me toquen los Euromillones o la Bonoloto.

Recientemente, el Consejo de Transparencia también ha instado a Interior a desvelar cuánto gasta en escoltas cada miembro del Gobierno en sus viajes privados. El ministerio denegó la petición de una ciudadana bajo el argumento de que es una información que tiene “carácter reservado” y que su “divulgación a personas no autorizadas puede “generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado, para la seguridad de las personas objeto de protección y para los agentes encargados de la misma”. Transparencia considera que ese carácter reservado no abarca de modo genérico “a todos los planes de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Para ese organismo, no “cabe objetivamente apreciar que el acceso a la documentación y a los datos solicitados pueda poner en riesgo la seguridad de las personas objeto de protección o la de los agentes encargados de la misma y tampoco se advierte que el conocimiento público del coste de los servicios de escolta prestados para desplazamientos privados de los ministros desde enero de 2020 hasta la actualidad desglosados por servicios prestados y miembro del Gobierno afectado pueda poner en peligro la seguridad de las personas afectadas”.

A pesar que la Resolución del Consejo de Transparencia desmonta los argumentos que había esgrimido el ministerio para denegar la petición, Interior se reafirmó en ellos aduciendo que la Ley de Secretos Oficiales dice que tiene carácter “reservado” aquella información relativa a “las plantillas de personal y medios y de equipo de las unidades”. Por ir terminando, recordemos que lo que hace el Gobierno «Marca España» consiste en un inagotable bucle de respuestas «copy-paste«, y, para colmo, sigue aplicando una Ley franquista de finales de los sesenta del pasado siglo, en concreto, la Ley 9/1968, de 5 de abril.

Así, con dos cojones, sin más: Un Gobierno que se dice «de progreso» blinda con una Ley franquista las actividades y gastos de los herederos políticos del dictador. Cómo debía conocer el genocida sublevado a su heredero a título de rey y cómo se preocupó cristianamente en blindar a ese quinqui y a su descendencia. Lo que nadie se explica es como esa ley no se deroga pero si preguntas los motivos, te vuelven a mandar a tomar por donde amargan los pepinos agarrándose, precisamente, a la citada Ley.

¿Alguien se puede imaginar que, por ejemplo, el Gobierno alemán se negase a facilitar una información amparándose en una ley promulgada por Hitler? Pues no se lo imaginen porque sería del todo imposible. También tenemos que tener en cuenta que Alemania es Europa y, del Ebro para abajo, nos encontramos con la entrañable, taurina y genuina «Marca España«.

Es lo que hay. No le den más vueltas.