El espacio público de la Memoria

El espacio público de la Memoria

Familiares de víctimas secuestradas en el Valle de los Caídos preparan acciones para exigir al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que, de una vez, se permitan las exhumaciones judicialmente aprobadas desde hace ya seis años. La alcaldesa del PP bloquea la ejecución de las sentencias judiciales impidiendo las licencias de obras para las exhumaciones.

El enjambre administrativo español impide el rescate de los restos de personas, víctimas de la guerra y la represión, que se encuentran en la fosa común oficial del Estado español, la fosa de asesinados más grande del mundo. Por ello, según manifestaciones realizadas por la presidenta de la Asociación de Familiares del Valle de los Caídos, van a acudir a todas las instancias que las quieran oír para reclamar la entrega inmediata de los restos. Han acudido también al Defensor del Pueblo Europeo, al Defensor del Pueblo Español, a la ONU y a su Grupo de Desapariciones Forzadas. Preparan concentraciones de protesta inmediata ante el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.

Este absoluto desprecio por los derechos humanos, puesto reiteradamente de manifiesto, nos remite directamente a la necesidad de seguir reclamando ante el Estado español y ante todos los organismos internacionales competentes (digan lo que digan las leyes de amnistía, de secretos oficiales, de impunidad…, en definitiva, de quienes callan los crímenes del franquismo), y mantener la lucha por la abolición de todo lo que impida la verdad, la justicia y la reparación. Lo que en este momento se dirime es el derecho de los familiares a rescatar los restos de republicanos asesinados y secuestrados por el régimen franquista, pese a existir las sentencias judiciales que lo avala.

Todo ello nos remite al asunto del espacio público de la Memoria. El franquismo y su dictadura fue el espacio histórico de la desmemoria del régimen. Las víctimas fueron exclusivamente las del bando franquista, con especial atención a las de la violencia anticlerical, con todo tipo de cruces, lápidas y monumentos en espacios públicos y privados. Aún se pueden ver miles de lápidas en los muros de las Iglesias de toda nuestra geografía en honor de los “Caídos por Dios y por España”. El primer mausoleo se estableció en el cementerio de Lora del Rio (Sevilla), en el mismo año de 1936, siendo tremenda la represión criminal contra la población civil republicana llevada a cabo por las tropas de ocupación de Queipo de Llano. El mausoleo, como todos los demás que se fueron multiplicando, estuvo dedicado de forma exclusiva a los caídos de derechas, en este caso un pequeño grupo: dos curas, algunos miembros de las principales familias ricas de Lora y falangistas. De otra parte, y de forma clandestina en la tapia del mismo cementerio, se formó una gran fosa común con más de mil republicanos asesinados: trabajadores, campesinos, maestros…

Durante más de veinte años la dictadura se encargó, pese a la penuria económica y hambruna generalizada de la población, de localizar los restos de sus partidarios, mientras que los millones de víctimas del franquismo eran condenadas al olvido. Hasta el año 1969 no prescribieron los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939, lo que supuso la primera amnistía del régimen.

En 2008 se establece un primer mapa de fosas comunes, y un juzgado se interesó por los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Ese año se solicitó a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos los nombres de los miles de personas secuestradas en dicho lugar. Interés que quedó en nada por Sentencia del Tribunal Supremo de 2012, que niega la competencia a los jueces para investigar los crímenes franquistas.

La impunidad del Estado se ha convertido en un muro para impedir el paso de las demandas democráticas de la Memoria y del necesario espacio público para albergar estos asuntos de particular importancia en un país donde las leyes e instituciones de la “democracia” mantienen la situación de excepción que ha supuesto el franquismo. El terrorismo de Estado, la tortura, el exterminio, la desaparición de cientos de miles de personas, el secuestro de restos de decenas de miles; el robo de miles y miles de niños de los perdedores de la guerra… Todos los acontecimientos que explican el pasado inmediato tratan de ser borrados del espacio público. Ese borrado oficial de la Memoria es la política oficial de los gobiernos de la monarquía.

Pero algunas huellas permanecen, y por ello sectores democráticos reclaman espacios como los campos de concentración y de trabajo esclavo, las cárceles y comisarías. En cada territorio se mantienen dichas demandas democráticas y, aunque no hay una demanda de conjunto que forme parte de un plan o programa de recuperación de los espacios de la Memoria en todo el Estado, la definición de una salida política al régimen de la monarquía deberá hacer suya la demanda de su restablecimiento. Y son cientos los recintos que en este sentido se demandan como espacios públicos para la preservación de la Memoria democrática, laica y republicana.

Son pocos los lugares de la Memoria que permanecen intactos; la mayoría han sido destruidos o transformados, integrados en definitiva a la maquinaria del régimen. En Madrid son muchos de esos espacios los que han sido destruidos, como el caso de las principales cárceles y campos de concentración. La cárcel de Carabanchel -por donde pasaron miles de luchadores antifranquistas de todos los territorios de camino a los tribunales o para ser clasificados para el cumplimiento de condenas en otras cárceles- es uno de esos espacios que deben ser defendidos. Fue destruido casi totalmente por el gobierno de Zapatero, como prueba de que su política de Memoria Histórica era una estafa sin más; pero el solar y lo que queda en pie (el antiguo hospital penitenciario), está siendo demandado por colectivos vecinales y memorialistas para establecer un gran recinto de la Memoria antifranquista.

El edificio de Correos de la Puerta del Sol, hoy Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue la sede de la Dirección General de Seguridad de los gobiernos franquistas y de la monarquía, albergando a las brigadas de la Policía Político Social, especializadas en la represión y tortura más feroz. En sus sótanos estuvieron detenidos durante decenas de años miles de luchadores sindicales, sociales y políticos, por lo que se demanda que el centro de tortura y detención situado en el centro de Madrid se convierta en el centro de la Memoria contra la represión y por la defensa de los miles de víctimas. A ello se debe el hecho de que la Ronda de la Dignidad de las Víctimas tenga lugar cada jueves del año en la misma Puerta del Sol y ante la antigua Dirección General de Seguridad.

La recuperación democrática y republicana de la ciudad de Madrid y de la misma Comunidad, por gobiernos que respondan a las exigencias sociales y de cambio de la mayoría de la población, debe ser capaz de revertir las políticas oficiales para abrir espacios que se conviertan en soportes materiales y espirituales de la Memoria, con capacidad de transmitir a las nuevas generaciones el legado de la lucha contra el franquismo y su prolongación en la oposición al régimen de la monarquía.

La capacidad de revertir la capitulación, que supone dar la vuelta la Memoria oficial del régimen, debe vivir en los movimientos reivindicativos y en la lucha por candidaturas a las elecciones que respondan a la defensa de los intereses sociales y políticos de la mayoría.

Reivindicando espacios para la Memoria en Madrid, como la antigua DGS o el suelo de la cárcel de Carabanchel, avanzamos en la lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación.