La Ley de Memoria pone nervioso a Felipe González
El acta fundacional de los GAL está fechado en julio de 1983.
 
La Ley de Memoria pone nervioso a Felipe González
Javier Lezaola

 

Que la nueva Ley de Memoria vaya a extender su ámbito temporal hasta el 31 de diciembre de 1983 está poniendo nervioso a Felipe González, presidente del Gobierno español desde 1982 hasta 1996. “El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 [29 de diciembre de 1978] y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento a las mismas” es la parte de la norma que hace referencia a esa extensión de su ámbito temporal.

En esos cinco primeros años del régimen del 78 se produjeron numerosos “supuestos de vulneración de derechos humanos a personas”, y aunque no todos serán reconocidos por la nueva Ley de Memoria, el paso dado por la norma aprobada con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, PNV y EH Bildu, la abstención de ERC y los votos en contra de PP y Vox tiene un alcance político innegable, como lo demuestra el nerviosismo de González o la salida de pata de banco de su sucesor en el cargo, José María Aznar, que este martes llegaba a calificar la norma de “disparate hecho por terroristas y pactado con terroristas”. González y Aznar saben bien que entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, es decir durante los cinco primeros años del régimen del 78, pasaron cosas. Muchas cosas.

“Felipe González acordó la creación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a terroristas” y “los mercenarios no necesariamente serían españoles y su misión sería asesinar líderes de ETA en España y Francia”. Así refleja un informe de la CIA fechado en enero de 1984 el visto bueno de González al acta fundacional de los GAL, fechado en julio de 1983 y que Ricardo García Damborenea acabaría entregando en 1995 al entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Ricardo García Damborenea, que durante la primera etapa de gobierno de Felipe González fue secretario general del PSOE de Bizkaia y diputado del partido en el Congreso, acabaría siendo condenado, junto con otros miembros del PSOE –los entonces ministro del Interior, José Barrionuevo; director general de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, y gobernador civil de Bizkaia, Julián Sancristóbal– y varios policías españoles, por el secuestro de Segundo Marey, que se produjo el 4 de diciembre de 1983. El ex secretario general del PSOE de Bizkaia y el resto de los subordinados de González fueron condenados, por el Tribunal Supremo, en 1998. Cuatro años antes –en 1994–, Damborenea había aparecido abrazado a Aznar y pidiendo encarecidamente el voto para el PP en un mitin del partido fundado por siete prebostes franquistas, protagonizando así uno de los momentos más bizarros de la primera mitad de lo que va de régimen del 78.

Hablando de momentos bizarros, el diario ‘ABC’ da voz este miércoles a los que llama “históricos del PSOE” que “se rebelan contra Sánchez por ceder la Memoria a los herederos de ETA”, y entre ellos incluye al condenado Rafael Vera, a quien Felipe González acompañó en 1998 hasta la puerta de la cárcel de Guadalajara, donde ingresó junto con José Barrionuevo para cumplir la pena de prisión a la que el Tribunal Supremo lo había condenado por el secuestro de Segundo Marey. “Vera reivindica el valor ejemplar de la Transición, el gran pacto que liquidó la dictadura con una reconciliación nacional entre la izquierda democrática antifranquista y los que desde la dictadura apostaron por la Transición. La Ley de Amnistía fue otro de los grandes logros de esa Transición que ETA se empeñó en subvertir a sangre y fuego”, publica este miércoles el diario propiedad de Vocento. “«Y ahora se está revisando aquella realidad histórica por parte de gente que nunca estuvo allí, por un afán de revancha y de ajuste de no sé qué cuentas», lamenta Vera. «Me produce enfado y desconcierto», afirma al tiempo que se pregunta «¿qué beneficios aporta esta maniobra a la sociedad española? Si se hace para encubrir otros problemas que sufre España y de los que debe responder el Gobierno en estos momentos es convertir la Transición en una moneda de cambio gravísima», reflexiona este histórico del PSOE”, añade ‘ABC’.

El acta fundacional de los GAL –al que, según la CIA, Felipe González dio el visto bueno en 1983 y que Damborenea acabó entregando a Garzón en 1995– fue elevado al entonces presidente del Gobierno por el CESID –agencia de Inteligencia sucesora del CESED y antecesora del CNI–, pero, según ha publicado el exoficial del Ejército español Amadeo Martínez Inglés –jefe de Movilización del Estado Mayor del Ejército durante la Transición y autor de los libros ‘Juan Carlos I, el último Borbón’ (2008), ‘El rey que no amaba a los elefantes’ (2014) y ‘Juan Carlos I. El rey de las cinco mil amantes’ (2017)–, aquella no fue la primera vez que el CESID elevaba un documento de ese tipo a un presidente del Gobierno: ya lo había hecho en 1979, siendo presidente del Gobierno Adolfo Suárez, pero Suárez se negó rotundamente a dar su visto bueno a un documento del CESID muy similar al acta fundacional de los GAL al que González sí daría su visto bueno, como establece el informe de la CIA fechado en enero de 1984 y ya desclasificado.

El exoficial del Ejército español ha publicado que Suárez se negó a dar su visto bueno al documento que el CESID le elevó en 1979 porque “bastante tenía ya con los problemas que le creaban” las “organizaciones paramilitares y fascistas ‘incontroladas’” BVE y sus cuatro siglas satélites: Triple A, ANE, ATE y GAE. Y es que –más allá de que todo el régimen franquista fuera un régimen de terror– el terrorismo de Estado como tal abarcó al menos los últimos años del franquismo, toda la Transición y los primeros años del régimen del 78, pudiendo distinguirse tres etapas:

La primera estuvo marcada precisamente por el BVE y sus siglas satélites, que atentaron por primera vez el 5 de octubre de 1975 –es decir en vida de Franco–, causando la muerte de Iñaki Etxabe, y por última vez el 2 de enero de 1982, causando la muerte de Pablo Garaialde.

La segunda estuvo marcada por los GAL, que atentaron por primera vez el 16 de octubre de 1983 –secuestro, torturas y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala–, y por última vez el 24 de julio de 1987, causando la muerte de Juan Carlos García Goena. Por cierto, por el secuestro –realizado el 16 de octubre de 1983–, las torturas y el asesinato de Lasa y Zabala acabarían siendo condenados el entonces jefe de la Guardia Civil en Gipuzkoa, Enrique Rodríguez Galindo; otros tres guardias civiles y Julen Elgorriaga, entonces gobernador civil de Gipuzkoa y miembro del PSOE, partido del que el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, era secretario general.

Y la tercera se produjo en el año 1989, ya no con José Barrionuevo sino con José Luis Corcuera como ministro del Interior pero aún con Felipe González como presidente del Gobierno: el 14 de mayo se atentó contra el parlamentario de Herri Batasuna en Nafarroa Patxi Erdozain –que resultó herido–, el 20 de septiembre murió el cartero José Antonio Cardosa al estallarle una carta-bomba remitida a un militante de HB y el 20 de noviembre dos pistoleros acribillaron a balazos a los cuatro diputados de HB en el Congreso –Jon Idigoras, Josu Muguruza, Iñaki Esnaola e Itziar Aizpurua– y a los tres senadores de la formación –José Luis Álvarez Enparantza ‘Txillardegi’, Íñigo Iruin y José Luis Elkoro– mientras cenaban en Madrid, resultando muerto Josu Muguruza, que, además de diputado electo en el Congreso –como el resto de sus compañeros, iba a tomar posesión de su cargo al día siguiente, pero ya nunca pudo hacerlo–, era miembro de la Mesa Nacional de HB y redactor jefe del diario ‘Egin’.

José Luis Corcuera es otro de los “históricos del PSOE”, que “se rebelan contra Sánchez por ceder la Memoria a los herederos de ETA”, a los que el diario ‘ABC’ da voz este miércoles. “Otro destacado rostro de la vieja guardia socialista, José Luis Corcuera, que fue ministro del Interior, ironiza con la ‘valentía’ de Sánchez: «Si tuviera los años que yo tengo, estoy seguro que se habría jugado la vida por los montes de España luchando contra Franco», afirma”, publica. “«Es deleznable que se haya pactado con los herederos de ETA, no tiene nombre», declara a ‘ABC’’ José Luis Corcuera. «Me indigna, pero también es cierto que no me sorprende, porque hace muchos años que dije que de Pedro Sánchez se puede esperar cualquier cosa». Y remarca: «La Transición fue la operación más brillante que se ha hecho en España, una reconciliación para instaurar la democracia, y es un perfecto canalla quien ataque ese logro. Quien pretenda devaluar aquello no puede estar al frente del Gobierno ni formar parte de él»”, añade el diario dirigido por Julián Quirós, que este mismo miércoles publica en ‘ABC’ una columna de Opinión, titulada ‘Alguien ha dejado de ser del PSOE’, en la que carga contra Pedro Sánchez por haber “aupado” a EH Bildu, formación del bloque de investidura a la que Quirós califica de “heredera de ETA”, “para permitir que los condenados por terrorismo puedan ahora manipular la ley de memoria democrática y decidir quiénes son víctimas del terrorismo”. “El sanchismo compra el delirio homicida (Franco no sólo colocó a Don Juan Carlos sino también a Felipe González) y enmienda la Transición”, sostiene en su columna el director de ‘ABC’.

Que Franco colocó a Juan Carlos I en la Jefatura del Estado a su muerte en noviembre de 1975 no es ningún “delirio homicida”, es un hecho. Que Felipe González y sus más estrechos colaboradores llegaron a la localidad francesa de Suresnes para tomar la Secretaría General del PSOE y con ella el control del partido y lo hicieron en octubre de 1974 –es decir con Franco aún vivo– con pasaportes facilitados por el Gobierno franquista y escoltados por oficiales del SECED franquista tampoco es ningún “delirio homicida”, es otro hecho, reflejado en informes de la CIA ya desclasificados y desarrollado por investigadores de la talla de Joan Garcés o Alfredo Grimaldos.

Alfonso Guerra, otro de los “históricos del PSOE” citados este miércoles por el ‘ABC’ y vicepresidente del Gobierno de Felipe González cuando este dio el visto bueno al acta fundacional de los GAL, cargaba este martes, al hilo de la Ley de Memoria, contra quienes piensan “que la Transición acabó en 1983”. Pero nadie piensa que la Transición acabara en 1983, porque todo el mundo sabe que los cinco años que van desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983 no corresponden a la Transición –que políticamente podrá extenderse más o menos según los historiadores pero que técnicamente es la recta final del franquismo, que se extingue precisamente con la entrada en vigor de la Constitución de 1978– sino al régimen del 78. Lo que muchos se preguntan es por qué algunas de las prácticas de la Transición e incluso del franquismo puro y duro se mantuvieron –y algunas incluso se intensificaron– en el propio régimen del 78.

Que la próxima Ley de Memoria no vaya a limitarse al franquismo puro y duro ni a la Transición y vaya a extender su ámbito temporal a los cinco primeros años del régimen del 78 –desde el 29 de diciembre de 1978, fecha de la entrada en vigor de la Constitución, hasta el 31 de diciembre de 1983– supone que la norma abarcará también el final de la primera etapa del terrorismo de Estado –la del BVE y sus siglas satélites– y el principio de la segunda etapa del terrorismo de Estado, la de los GAL. Y eso parece estar poniendo nervioso a Felipe González.

En su libro ‘Juan Carlos I, el último Borbón’, Amadeo Martínez Inglés publicó algo más: que, durante el largo reinado de Juan Carlos I –que se extendió desde noviembre de 1975 hasta junio de 2014–, “ningún hecho político trascendente” se produjo en España sin haber sido “previamente autorizado o decidido” por el rey, incluida la fundación de los GAL. De hecho, el exoficial del Ejército español sostiene que el anterior jefe del Estado, actualmente recluido en Abu Dabi, tuvo en sus manos el acta fundacional de los GAL antes incluso que Felipe González.


Fuente →  luhnoticias.es

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