La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno navarro, Ana Ollo, ha señalado en conferencia de prensa que esta semana tiene previsto firmar la orden foral de designación de los miembros de esta Comisión, que se sumarán a los cuatro elegidos por el Parlamento de Nafarroa.

Como paso previo, esta mañana el Gobierno navarro ha adoptado un acuerdo por el que se fijan las compensaciones que recibirán aquellas personas no integrantes de la Administración pública que formarán parte de la Comisión.

La Comisión estará compuesta, además de por el director de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza, y del director del Instituto Navarro de la Memoria, Josemi Gastón, por dos peritos forenses y un sicólogo con experiencia en materia de víctimas, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal.

Además, a propuesta de la Cámara navarra, participan la profesora de Sociología de la UPNA Marta Rodríguez, el asesor de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos Mikel Berraondo, y los profesores de Derecho de la UPNA Roldán Jimeno y Soledad Barber.

Una vez constituida, la Comisión deberá analizar las solicitudes de petición de condición de víctima de motivación política.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Ollo ha destacado los avances realizados en esta materia y ha manifestado que deben «asegurarse todos los mecanismos necesarios para resarcir el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que regula el Derecho Internacional, de aquellas personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos».

Recursos de la derecha rechazados

El pasado 14 de julio entró en vigor la norma que modifica la Ley Foral 16/2019 de reconocimiento y reparación, que tuvo recursos de PP, Ciudadanos y Vox que rechazó el Tribunal Constitucional.

La consejera ha subrayado al respecto que «toda víctima tiene el derecho a ser reconocida y reparada, de manera individualizada, sin equiparaciones sobre las causas de su victimización, sin marginaciones ni exclusiones».

Ollo ha valorado positivamente la nueva ley «por permitir clarificar ciertos aspectos y garantizar la equiparación protectora entre colectivos diferenciados, en sintonía con los principios y directrices básicos emanados de organismos internacionales, como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas».

Ha enmarcado las actuaciones en este ámbito en el Acuerdo de Programa para la Legislatura 2019-2023 y en «el empeño del Gobierno foral por mejorar el clima de convivencia de la Comunidad».

Finalmente, la consejera, que también se ha referido al Plan de Convivencia, «que sitúa a todas las víctimas y su dignificación en el centro de la acción institucional», ha expresado en nombre del Gobierno el deseo de «avanzar en la construcción de una sociedad plenamente democrática, construcción que no podrá llevarse a efecto sin el reconocimiento y reparación de todas las víctimas».