Julieta Bandirali: "Ninguno de los tres poderes del Estado español colabora con la justicia de Argentina"

Más de un millar de denuncias en 35.000 folios de megacausa. Eso es lo que investigan las cortes argentinas después de que hace 12 años se acercaran a ellas represaliados por el franquismo y durante la Transición. Conocida como la querella argentina contra los crímenes de la dictadura, que asoló España durante 40 años del siglo XX, la jueza María Servini se afana en encontrar la verdad para después repartir justicia.

Los afectados, que se cuentan por cientos, también buscan reparación y garantías de no repetición. Julieta Bandirali es una de las cinco abogadas que defiende a los querellantes en Argentina y aquí habla sobre la importancia del procesamiento de Martín Villa, la nula colaboración de la justicia española y la necesidad de ver cualquier triunfo como una victoria colectiva.

La querella que investiga en Argentina los crímenes del franquismo y la Transición se articula bajo el principio de justicia universal que España niega a las personas afectadas. ¿Qué supone para las víctimas tener que acudir al país latinoamericano?

Lo que yo he vivenciado es que cada una de las víctimas que viene a Argentina a prestar declaración ante la jueza o su secretario siempre han salido de la audiencia muy emocionados, porque nunca jamás en su vida eso había sido posible. Ninguna autoridad en España ha escuchado sus reclamos. El solo hecho de ser escuchados ya es un avance de la justicia y la reparación que merecen.

El principio de justicia universal, en realidad, tiene que ver con los crímenes caracterizados como de lesa humanidad, aquellos que no solo ofenden a la persona vinculada directamente con el crimen sino a toda la humanidad. Pensemos, por ejemplo, con el caso de Germán Rodríguez, asesinado por la Policía durante los disturbios de San Fermines de 1978, cuyas víctimas no son solo él y su familia, sino toda la humanidad en su conjunto. Ese es el principio por el cual, si no son juzgados en el lugar en el que se cometieron, pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo.

Se presupone que la colaboración de la justicia española con la jueza María Servini debería ser fluida. ¿Está siendo así?

No, para nada. Ninguno de los tres poderes del Estado español colabora con la jueza, y menos la judicatura, que sería la involucrada directamente. Todas las medidas que reclama desde Argentina deben ser efectivizadas por los tribunales españoles, pero siempre las rechazan, no contestan favorablemente a ninguna rogatoria. Ni siquiera cuando Rodolfo Martín Villa tuvo que prestar declaración lo hizo en unos juzgados españoles, sino en el consulado, territorio argentino.

En la medida en que el Estado español y su fiscalía continúen presentando estas directivas de rechazar cualquier rogatoria de Servini, en la medida en que el poder legislativo no derogue o sancione leyes que desarmen las normas de la impunidad, no vamos a poder avanzar. Todas las pruebas que se tienen es gracias al trabajo de los propios querellantes.

El proceso lleva 12 años en su fase de instrucción. ¿Qué se ha logrado durante este tiempo?

Es importante saber que en una megacausa así hay distintos delitos, imputados y persecuciones legales. El primer hito, por así decirlo, fue la admisión a trámite de la propia querella. Otro de los hitos fue cuando la cámara de casación determinó que no existía una fecha límite para juzgar los crímenes del franquismo y la Transición, hasta entonces limitados a las elecciones de 1977, si se demostraba que los hechos se habían cometido bajo un aparato represivo todavía franquista, con la misma forma de actuar, como ocurrió con el caso de Muñoz Bustillo, muerto por disparos de la policía el 11 de septiembre de 1978. Eso también permitió que los sucesos de San Fermines, de ese mismo año, pudieran entrar en la causa.

Otro de los grandes logros fue la imputación de 14 personas, entre las que se encontraban el ya fallecido Billy el Niño y Muñecas Aguilar, dos torturadores durante el franquismo y la transición. También había un médico ligado con el robo de bebés y Martín Villa. Todos ellos tienen una orden de extradición con el fin de detención, pero obviamente están protegidos por el Estado español, que no otorgó la extradición.

De hecho, la imputación de Martín Villa fue visto
por las víctimas como una pequeña victoria. ¿Por qué es tan importante que se investigue a un personaje así?

Él es el único de todos los imputados que siempre quiso declarar, y eso contradictoriamente es lo que ha permitido su procesamiento. De todos los delitos que se le imputan, se le procesó por cuatro asesinatos, tres de ellos sucedidos durante el 3 de marzo de 1976 en Vitoria y el de Germán Rodríguez en los San Fermines de 1978. La cámara de apelaciones echó para atrás su procesamiento, pero lo recurrimos y ahora tiene que decidir el Tribunal Federal de Casación Penal.

Es importante, más allá de la simbología que supone, para que la investigación de esos cuatro crímenes deje de estar en fase de instrucción y estar así un poco más cerca de la sentencia final. Martín Villa ha jugado un rol en distintas etapas del franquismo y durante la Transición y bajo su mandato se cometieron numerosos crímenes que ahora deben ser juzgados.

Martín Villa tiene 87 años. Si terminara condenado, ¿en base a qué código penal lo haría? ¿Cree que podría entrar en prisión?

Sería en base a las penas recogidas en el código argentino, pero para saber si terminará condenado haría falta una bola de cristal... En Argentina se ha logrado condenar a muchas personas involucradas en crímenes de lesa humanidad de nuestra propia dictadura de 1976, aunque ahora a algunos de ellos se les esté otorgando la prisión domiciliaria por razones de edad.

No podría decirte, pero el tiempo juega en contra. Los responsables directos de la represión son muy mayores todos, y todavía queda mucha gente por sentar en el banquillo.

Las víctimas también son muy mayores, incluso algunas de ellas fallecen durante esta búsqueda de justicia, como Chato Galante. ¿De qué forma afecta esto a las demás víctimas?

Yo creo que el enfoque no puede ser individual, sino colectivo, precisamente por la dificultad que tenemos pero sobre todo por el carácter de los crímenes que como decíamos ofenden a la humanidad entera. Si Martín Villa terminara condenado por un solo crimen de los que cometió, estoy convencida de que será un reconocimiento absoluto para todas las víctimas. Desde luego, desde lo subjetivo no será igual, pero en España hay más de 300.000 fallecidos en la época de la Guerra Civil y el franquismo y no va a haber 300.000 reparaciones.

Me parece que la cuestión es ver todo el proceso como un tema de grupo, de clase, que logra reivindicar sus justas demandas y dejar de lado un estigma social por el cual, aun pasado mucho tiempo, todavía hay familias que no saben que sus padres y madres, y abuelos y abuelas, fueron represaliados por el franquismo.

¿Considera que los victimarios, entre los que se encuentran altos mandos de la dictadura franquista, se sienten perseguidos por la justicia?

No lo sé, supongo que sí, pero yo no puedo saber qué sienten los torturadores. No estoy segura de cómo está la Interpol en este momento, pero quizá algunos pueden tener el riesgo de que si salen del país sean extraditados a Argentina por la orden de detención vigente que pesa sobre ellos. De todas formas, también para ellos llega el tiempo final, son muy mayores.

Por otra parte, sufragar económicamente el trabajo de su equipo legal en un caso judicial de estas características no debe ser fácil. ¿Cómo lo están haciendo?

Todo nuestro trabajo lo desempeñamos de forma voluntaria porque si no sería muy complicado para las víctimas. La labor jurídica es cara a nivel general en todos los lados del mundo, pero nosotros, como es lo habitual, no percibimos honorarios en los casos que atañen Derechos Humanos. Tan solo sucede si el propio Estado o alguna de las instituciones que lo conforman terminaran condenados en costas.

Usted es de Argentina. Allí sí se han llevado a cabo diferentes medidas en búsqueda de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Algo así se podría replicar en España?

La sola admisión de esta querella tiene que ver con devolver desde la Argentina todo lo que desde el Estado español se logró para que nuestro país desarmara la impunidad. Los juicios a genocidas en mi país se dieron gracias al impulso por juzgarlos en España realizado por personas como el abogado argentino Carlos Slepoy. Ese golpeteo permanente hizo mucho, y combinado con que el movimiento por los Derechos Humanos en Argentina se hizo fuerte, encabezado por las Madres de la Plaza de Mayo, conseguimos echar para atrás la impunidad.

¿Y cómo lo consiguieron?

En el ámbito judicial se decretó la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final que permitían esa impunidad y además fueron derogadas por el poder legislativo. Yo creo que una motivación central de la querella argentina era que se produjera una cosa similar pero a la inversa, de ahí la consigna "ayer por nosotros, hoy por vosotros". Esto todavía no ha sucedido en el Estado español porque el muro de la impunidad es mucho más fuerte que el que hubo en Argentina, pero ahí entraríamos en una discusión más política que legal.