Cuando vio a su padre por última vez, éste estaba en la cárcel, malherido, desnutrido y como preso político. Vicente Coscollá Ibáñez fue ejecutado poco después, y Rosa pasó el resto de su vida esperando el día en que se obtuvieran muestras de ADN de la fosa común para confirmar dónde estaba supuestamente enterrado su padre.

"En sus últimos años, estaba obsesionada con el caso de su padre", dice Jaume Coscollá Ferrer, sobrino de Rosa. "Quería traer a su padre de vuelta y enterrarlo (incluso un trozo de su cuerpo, un hueso, cualquier cosa) con ella".

Rosa murió el año pasado a los 98 años, pero la situación de su familia dista mucho de ser única. Miles de personas que viven hoy en España perdieron a sus familiares entre 1939 y 1975, cuando la dictadura militar y fascista de Francisco Franco mató o hizo desaparecer a más de 114 000 personas.

Tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados, esta semana se espera que España apruebe la Ley de Memoria Democrática tras el visto bueno del Senado. El texto declara que el régimen de Franco y sus sentencias penales por motivos políticos fueron ilegales, y hará que el Gobierno español sea legalmente responsable de recuperar los cuerpos de los desaparecidos.

El régimen fascista y conservador de Franco no sólo persiguió a los miembros de la oposición política, sino también a sindicalistas, a miembros de la comunidad LGBTQ, a gitanos y a cualquier otra persona considerada enemiga del Estado. En la actualidad se cree que hay unas 2500 fosas comunes repartidas por todo el país; de las decenas de miles de cuerpos que pueden contener, sólo se ha identificado una parte.

Aunque se ha enfrentado a grandes obstáculos políticos, la Ley de Memoria Democrática de 2022 no será la primera de este tipo que se aprueba. Se basa en la Ley de Memoria Histórica de 2007, que amplió los derechos de las víctimas de la guerra y la dictadura, pero fue muy criticada por su escaso alcance.

Además, Martín ve la necesidad de revisar los casos legales que rodean los asesinatos. Muchos se vieron empañados por juicios corruptos, dice, y nunca se hizo justicia. "Esta nueva ley avala la realidad de esos juicios, que fueron completamente injustos".

El fotógrafo español Santi Donaire ha pasado los últimos seis años documentando la exhumación de fosas comunes y visitando las casas de estas familias cuyos parientes fueron ejecutados durante la dictadura. Sus fotografías en blanco y negro son conmovedores recordatorios de las duraderas heridas de la violencia política. "Este es un proyecto sobre una sociedad que intenta reparar sus heridas, buscar la justicia y redescubrir su pasado", dice.

El proyecto de Donaire comenzó en 2016, cuando se unió a la búsqueda de los restos aún desaparecidos de Federico García Lorca. El célebre poeta granadino fue ejecutado cerca de Granada por las fuerzas golpistas al comienzo de la Guerra Civil española en 1936, supuestamente por sus creencias políticas socialistas y su entonces rumoreada homosexualidad.

"Lo que más me sorprendió fue la ausencia de medios televisivos o periodísticos, y la falta de ayuda institucional en la búsqueda de uno de los autores más importantes de la literatura occidental", dice Donaire. Si había tan poco interés en la búsqueda de Lorca, pensó Donaire, habría aún menos esfuerzos para localizar a personas anónimas que habían desaparecido.

Pero el trauma histórico y social no se desvanece fácilmente con el paso del tiempo. A menudo este trauma se transmite de generación en generación, y muchas familias se deciden a guardar silencio, por vergüenza o miedo, o para proteger a los miembros más jóvenes del doloroso pasado. Algunos descendientes, como Rosa, mueren esperando poder cerrar su historia personal.

Otros han formado asociaciones para continuar la búsqueda de rastros de sus parientes perdidos. Incluso aquellos que han conseguido enterrar adecuadamente a sus familiares, como el bisabuelo de Martín, dicen que la importancia de la ley va mucho más allá de las familias individuales, y requiere un ajuste de cuentas nacional de la memoria y la justicia.

"El país necesita esta reparación, esta revelación, esta constatación de que el Gobierno español cometió un error muy grande y no podemos olvidarlo", dice Martín. "En 80 años, el tiempo no ha curado absolutamente nada. Hay que reconocer esta historia para enterrarla como se merece".

El fotoperiodista Santi Donaire comenzó a documentar la excavación de fosas comunes en 2016, durante varios meses como freelance de la Asociación Científica ArqueoAntro, que investigaba la desaparición de personas durante el régimen de Francisco Franco. Donaire ha seguido documentando casos de desaparecidos por su cuenta. Síguelo en Instagram @esedonaire.