El Ateneu de Memòria Popular, que está formado por múltiples entidades memorialistas, ha presentado este jueves un documento con alegaciones al anteproyecto de ley de memoria democrática. Si bien es cierto que las entidades han celebrado que se estén haciendo movimientos y pasos adelante por la memoria histórica, han subrayado la necesidad de presentar varios cambios porque ven el anteproyecto insuficiente, un hecho que ha pasado en parte, critican, porque "no ha habido una participación real de las entidades memorialistas en su redacción".

En rueda de prensa en el Parlament, en un atril que han convocado a PSC, ERC, Junts, CUP y comuns para dar espacio a las entidades para que expliquen las alegaciones a la prensa, las entidades han destacado como positivo de la ley que el ámbito temporal se alargue, al menos, hasta una parte de la transición (1980), aunque piden que el texto sea coherente y se refiera de forma efectiva también al último periodo del franquismo y la transición, porque sostienen que en el actual redacta casi no se hace referencia a las luchas y represalias de los años 60 a los 80.

También establecen que la Comisión de Memoria Democrática no tiene que ser un órgano consultivo más. Las entidades apuntan que tiene que trabajar de forma independiente para recoger toda la investigación ya hecha hasta ahora por parte de los académicos, historiadores y administraciones locales. Su tarea tiene que ser la de poner a las víctimas y represaliadas en el centro, con un enfoque de género y transaccional. "Es una comisión de la verdad que llega tarde y, tal como está configurada, no servirá para ningún proceso de reconocimiento de responsabilidades por parte de los perpetradores", consideran desde el Ateneo de Memoria Popular.

Asimismo, censuran que el anteproyecto en ningún caso supone una garantía efectiva del derecho a la justicia y que este apartado, a estas alturas, es sólo un ejercicio retórico. Consideran que si realmente se quieren adoptar desde Catalunya políticas para garantizar el derecho a la justicia, habría que crear una oficina de información y asistencia a las víctimas y represaliadas del franquismo y la transición. Esta oficina tendría que proporcionar asistencia a las víctimas con acompañamiento jurídico y psicosocial para proporcionar información y fomentar que, quién lo quiera, pueda denunciar los crímenes de lesa humanidad y las vulneraciones de derechos fundamentales.

También apuntan otras cuestiones como que la reparación y reconocimiento de los efectos de los Tribunales es insuficiente, que la definición de "víctima" se queda corta, o que falta un protocolo de acompañamiento a víctimas y familiares en las fosas. Por último, asegurar que la memoria llega a las aulas y universidades como garantía de no repetición y dotar de estructura y apoyo a las entidades memorialistas "que llevan décadas haciendo un servicio público que la administración no ha asumido".