Las luchas sociales en España [1975-1976]: ¿Transición o ruptura? (2021) / Arnaud Dolidier

Las movilizaciones populares y obreras contribuyeron decisivamente a la destrucción del régimen político de Franco. Sin embargo, su subordinación a las organizaciones antifranquistas durante los años 1976-1978 provocó su invisibilidad en las narrativas dominantes de la transición. Esta observación está en el origen de mi trabajo, que comenzó con la siguiente pregunta: ¿se subordinaron las movilizaciones obreras a la oposición democrática y, en particular, a sus relevos sindicales, y si es así, por qué medios? Al situar el asamblearismo en el centro del análisis de las prácticas y los discursos de la clase obrera, las páginas precedentes han mostrado que ésta se encuentra en el centro de las relaciones de poder cuya apuesta, durante el proceso de transición, es fijar las condiciones y las nuevas modalidades de representación en las fábricas y, por tanto, las nuevas reglas del juego democrático. La subordinación de las movilizaciones obreras pudo demostrarse a través de un análisis centrado en las prácticas asamblearias, y reveló, en una segunda etapa, la forma en que las llamadas huelgas «radicales» fueron marginadas, bajo el efecto combinado del establecimiento de nuevas instituciones salariales y el descrédito de una serie de prácticas sociales contestatarias.

La subordinación de las movilizaciones obreras a la oposición democrática

Aunque las prácticas asamblearias se han caracterizado como una verdadera «escuela de democracia obrera» desde finales de los años 60, en su mayor parte sólo se han entendido como herramientas adicionales en el repertorio de la acción colectiva de los trabajadores y no como un elemento central en la construcción y el fortalecimiento del sentido de pertenencia social a la clase obrera. Las asambleas fueron el centro de gravedad de todas las movilizaciones entre 1969 y 1979 y, como tal, fueron objeto de debate en los sectores antifranquistas sobre cuál debía ser su papel. Así, el lugar y el estatus de la asamblea era una cuestión política central para todas las organizaciones políticas y sindicales. En efecto, cuando a finales de los años sesenta se creó CCOO [Comisiones Obreras -sindicato cercano al Partido Comunista-] a partir de asambleas y comisiones clandestinas, las organizaciones políticas en su seno empezaron muy pronto a discutir sobre la línea de actuación para luchar contra Franco. Mientras que el PCE [Partido Comunista de España] y el PSUC [Partido Socialista Unificado de Cataluña], que eran mayoritarios, querían realizar acciones públicas y utilizar los medios legales de representación sindical de la OSE [Organización Sindical Española -sindicato franquista], otros grupos a su izquierda, como la LCR [Liga Comunista Revolucionaria], querían conservar una estructura asamblearia clandestina para evitar la infiltración policial.

Mi trabajo ha demostrado que, en un primer momento, las formaciones antifranquistas, especialmente el PCE-PSUC, desarrollaron discursos sobre el asamblearismo a partir de los cuales se difundieron valores y principios para caracterizar al movimiento obrero y darle un objetivo específico, con el fin de legitimar sus programas y asegurar su hegemonía. Durante las luchas sociales del periodo 1970-1975, las octavillas y folletos producidos contribuyeron a la difusión de discursos centrados en una «retórica de la unidad» antifranquista que glorificaba la acción de las asambleas, percibidas como prueba de la combatividad y la solidaridad de los trabajadores.

Sin embargo, junto a los partidos y grupos políticos a la izquierda del PCE, apareció otra tendencia política cuya acción se basaba en la idea de que la asamblea de trabajadores era autosuficiente y que debía estar en el centro de una nueva estrategia revolucionaria. El autonomismo obrero fue una fuerza política importante en los años 70, especialmente en Cataluña, con la particularidad de que no se organizó como un grupo político más, sino que actuó desde las asambleas. Estos activistas autónomos, también presentes en CCOO, participaron en el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia social a la clase trabajadora gracias al desarrollo de las asambleas como instrumento de cohesión y solidaridad. Para la autonomía de los trabajadores, la asamblea es la base de una nueva alternativa política desde la que se construye otra subjetividad política revolucionaria. Este sentimiento de pertenencia social adquiere una profundidad particular en las luchas asamblearias que no están dirigidas por ninguna organización en particular, como fue el caso de la fábrica Harry Walker entre diciembre de 1970 y febrero de 1971 en Barcelona.

A medida que los conflictos en el mundo obrero aumentaban y se radicalizaban, especialmente entre 1973 y 1975, las divergencias entre las estrategias políticas del PCE-PSUC, por un lado, y de la autonomía obrera, por otro, sin olvidar la miríada de grupos, partidos y colectivos que reivindicaban diversas ideologías políticas revolucionarias (maoísmo, trotskismo, anarquismo, etc.), cristalizaron aún más. Detrás de la unidad antifranquista había luchas de poder que tenían en juego el control de las estructuras de CCOO. Estas luchas adquirieron una dimensión particular durante las campañas para las elecciones sindicales de 1971 y 1975, cuando la tendencia mayoritaria dentro de CCOO (PCE-PSUC) legitimó la participación en las elecciones con el argumento de que el movimiento obrero tenía que tener un brazo legal para avanzar en sus reivindicaciones.

Las campañas electorales son una oportunidad para desacreditar tanto a los militantes autónomos y revolucionarios como a las organizaciones políticas situadas a la izquierda del «partido». El PCE-PSUC basó este descrédito, una vez más, en una «retórica de la unidad obrera antifranquista» y, en este dispositivo discursivo, la defensa de la asamblea se acompañó de la puesta en valor de las cualidades morales de la clase obrera (solidaridad, dignidad, valentía, etc.) que deseaba avanzar hacia el cambio democrático de forma «pacífica», «responsable» y «moderada».

Este discurso sobre la responsabilidad de los trabajadores se desarrolló aún más tras la muerte del dictador, cuando España experimentó un ciclo de movilizaciones sociales y laborales de una magnitud sin precedentes.

Las huelgas generales en el País Vasco y Cataluña a principios de 1976, pero también el estallido de una multitud de conflictos en Madrid en sectores tan diversos como la metalurgia, la construcción y el transporte público, constituyeron un reto para la oposición. Pretendía utilizar estas movilizaciones para aglutinar a otros sectores de la sociedad y aumentar así la crisis de legitimidad del sistema franquista para conseguir una ruptura política y el nombramiento de un gobierno provisional. Se planteó entonces la espinosa cuestión para CCOO de cómo mantener su hegemonía (sobre todo desde su victoria en las elecciones sindicales de junio de 1975) sobre las movilizaciones obreras y al mismo tiempo mantenerlas en el redil de la oposición democrática.

Esta cuestión era tanto más urgente cuanto que la efervescencia social se reflejó en movilizaciones asamblearias que tomaron por sorpresa a todas las organizaciones políticas, especialmente a las de la oposición democrática, en particular al PCE-PSUC y a CCOO. Mientras que antes las divergencias entre los militantes partidarios de la autonomía obrera y el PCE-PSUC permanecían en la sombra (excepto en Cataluña), no pareciendo que los primeros estuvieran en condiciones de desestabilizar a los segundos, aquí tenemos el desarrollo en el primer semestre de 1976 de huelgas masivas basadas en la soberanía de la asamblea y su poder de decisión, poder al que los militantes antifranquistas no tienen más remedio que someterse.

Las huelgas generales del primer semestre de 1976 fueron objeto de la primera parte de este trabajo para poner de relieve la forma en que la oposición democrática se enfrentó a la construcción de un movimiento asambleario que desestabilizó su hegemonía y su voluntad de dirigir estas movilizaciones. En Madrid, por ejemplo, los activistas sindicales discutían sobre la conveniencia de hacer una huelga general, en un contexto en el que más de 300.000 trabajadores estaban en huelga y pueblos como Getafe, en las afueras de la capital, estaban completamente paralizados. CCOO, como en años anteriores, justificó las asambleas pero, en la práctica, puso todo su empeño en que estuvieran representadas por delegados sindicales presentes en las estructuras de la OSE.

En efecto, como el «movimiento sociopolítico» había obtenido importantes victorias en las elecciones sindicales de junio de 1975, podía apoyarse en los delegados sindicales presentes en los jurados de empresa. Sin embargo, estos delegados se vieron obstaculizados en su función de dirigir las luchas por la elección, durante las asambleas, de representantes de los trabajadores, que podían ser despedidos en cualquier momento. A partir de entonces, para evitar que estas asambleas se coordinaran sin la ayuda de CCOO y condujeran a una huelga general que desestabilizara y aislara a la oposición democrática, CCOO desarrolló un argumento que interpretaba las asambleas como medios de lucha eficaces pero que debían estar adscritos a un mecanismo sindical.

En la práctica, este discurso legitimó el control de los delegados sindicales sobre los órganos de representación de los huelguistas, mediante la creación de comités o comisiones, no formados por las asambleas, sino creados desde las estructuras de la OSE. Este dominio de los delegados sindicales sobre las movilizaciones, aunque denunciado por un grupo de activistas revolucionarios y autónomos, así como por las asambleas de huelguistas, permitió a CCOO frenar la movilización e impedir la construcción de una huelga general en la capital, que hubiera debilitado la estrategia de la oposición para construir un amplio frente político antifranquista e interclasista.

El margen de maniobra de las organizaciones políticas y sindicales antifranquistas era estrecho: debían demostrar que estaban del lado de los trabajadores legitimando las estructuras asamblearias favorables a la autoorganización, al tiempo que cortocircuitaban éstas mediante su presencia en la OSE. Mientras que en Madrid varias organizaciones y colectivos, por no hablar de un importante número de sindicalistas dentro de CCOO, han criticado y denunciado la actuación de la línea mayoritaria de CCOO, en Cataluña las cosas son diferentes. CCOO está muy bien implantada en regiones como el Bajo Llobregat desde su victoria en las últimas elecciones sindicales.

Además, en Cataluña, los sectores mayoritarios del movimiento antifranquista estaban detrás de varias huelgas que, desde 1974, habían reforzado su prestigio y les permitieron crear la Intersindical a principios de 1976. Esta estructura, inspirada en el modelo portugués, era un órgano de coordinación de los delegados sindicales presentes en los jurados de empresa y las UTT franquistas. Por ello, la Intersindical se apoya en asambleas que quiere que sean puramente consultivas para poder desempeñar un papel en la dirección de las luchas. Esto funcionó en el Bajo Llobregat, pero también a nivel más local durante la huelga general de Sabadell.

En esta localidad cercana a Barcelona, en febrero de 1976 estalló una huelga general para exigir la dimisión del alcalde. Esta huelga, dirigida por trabajadores de diversos oficios y por los habitantes de los barrios, fue dirigida por una comisión interprofesional compuesta por delegados sindicales que no habían sido elegidos por las asambleas. Esto constituye el escaparate de la oposición democrática en la medida en que le permite demostrar al gobierno y a la opinión pública que controla las movilizaciones y que puede recurrir a ellas para mantener la presión sobre las autoridades de turno. Las huelgas generales de Sabadell y del Bajo Llobregat constituyen así el laboratorio de la «acción democrática nacional» de la oposición, que se erige en modelo de acción ciudadana.

El ejemplo de Cataluña es tanto más importante cuanto que al mismo tiempo en el País Vasco, en Vitoria, tuvo lugar una huelga general de enero a marzo que no fue dirigida ni controlada por la oposición. Se trataba de una movilización en la que las asambleas constituían el centro del poder obrero y se coordinaban entre los distintos oficios y distritos de la ciudad mediante delegados elegidos y revocables, que a su vez formaban otras asambleas de coordinación, verdadero motor de la protesta. Esta huelga general asamblearia hizo que los dirigentes de la oposición tomaran conciencia de la urgencia de encontrar un acuerdo con el gobierno, pero también de unir sus fuerzas en una sola estructura, porque la alternativa obrera asamblearia corría el riesgo de aislarlos políticamente.

Vitoria fue, por tanto, el detonante del acercamiento entre los dos principales partidos políticos antifranquistas PSOE y PCE dentro de la coordinación democrática. Además, el trágico final de esta movilización general, con cinco trabajadores muertos a manos de la policía, vino acompañado de una instrumentalización política del acontecimiento no sólo por parte del gobierno de turno, cuya crisis de legitimidad era cada vez más insostenible, sino también por parte de la oposición, que naturalizó el concepto de violencia y difundió un discurso de condena tanto del aparato estatal como de los huelguistas. Se observa así la construcción de un discurso hacia los trabajadores basado en el registro moral y emocional, cuyo objetivo es restringir la intensidad de los conflictos, para normalizar el campo de la protesta social.

[Traducido por Jorge JOYA]