La represión en España durante la dictadura de Franco (II)

La represión en España durante la dictadura de Franco (II) / The repression in Spain during Franco’s dictatorship (II)

La entrada de hoy está dedicada a la represión que Franco y sus partidarios hicieron en España desde los primeros días de la guerra civil y durante toda la dictadura. Fue una represión perfectamente organizada, con leyes hechas a propósito para este fin, y que afectó a cientos de miles de personas, y que incluyó medidas que fueron desde las cárceles, los 300 campos de concentración, los fusilamientos (150.000), las fosas comunes, las expropiaciones de bienes, las multas, la depuración de docentes o el robo de niños para ser entregados a familias simpatizantes de la dictadura (unos 30.000). Muchas de las víctimas no recibieron ninguna clase de reconocimiento tras el retorno de la democracia a España tras la muerte del dictador, lo que se puede interpretar como una consecuencia de una transición hecha con muchas deficiencias”.

Escribí estas palabras hace ya un tiempo, y, aunque se ha escrito y publicado mucho desde entonces tanto en nuestro país como en otros países europeos (la inmensa mayoría de lo publicado es muy recomendable), no quería dejar pasar por alto la última publicación por parte de Francisco Espinosa, Ángel Viñas y Guillermo Portilla sobre la represión del aparato de la dictadura hacia la ciudadanía española que no comulgaba con las ideas del régimen dictatorial español. Se trata de “Castigar a los rojos: Acedo Colunga, el gran represor de la dictadura franquista” (se puede comprar el libro aquí planetadelibros.com ) y en el que se trata acerca de la figura de Felipe Acedo Colunga (1896 – 1965), al que la entrada dedicada en la Wikipedia lo define como “un abogado, militar y político español, gobernador civil de Barcelona durante la dictadura”. Participó en el intento de golpe de Estado de 1932 liderado por Sanjurjo, en la represión tras la huelga general revolucionaria de octubre de 1934 y se sumó al golpe liderado por Mola y el ya aludido Sanjurjo tras el 18 de julio de 1936.

El origen de esta represión hay que buscarlo en los primeros días de la guerra civil. El golpe de Estado de julio de 1936 había fallado en parte del país, y los golpistas desencadenaron una verdadera ola represiva en los territorios que iban controlando con el objetivo de eliminar cualquier forma de oposición en su retaguardia. Pronto empezaron los fusilamientos y el encarcelamiento de republicanos (especialmente dura fue la represión en el medio rural, donde los caciques andaluces hacían listas negras con nombres de jornaleros que se habían destacado por sus ideas, y contra la clases trabajadoras y medias que apoyaban al gobierno democrático de la República española), ya fuera en cárceles, o en los 300 campos de concentración que las tropas golpistas levantaron por todo el país. Estas acciones eran llevadas a cabo por patrullas de militares, falangistas, civiles ultraderechistas y contaban con el apoyo de los grandes propietarios agrícolas y de muchos sacerdotes, estos últimos se encargaban del adoctrinamiento de los prisioneros y de sus familias. La paranoia de los golpistas les llevaba a pensar que cualquier cosa que se alejara de su idea de España o de los valores católicos tradicionales tenía que ser castigada inmediatamente, tal y como el militar golpista Emilio Mola solía opinar.

El propio Felipe Acedo Colunga, a la sazón fiscal de los militares sublevados decía que:

“Hay que desinfectar el solar patrio. Y he aquí la obra encomendada por azares del destino a la justicia militar […] Hoy al terminarse en julio de 1936 el proceso de nuestra decadencia histórica con esta inmensa hoguera donde se está eliminando tanta escoria, aparecen problemas de una magnitud extraordinaria que exceden y supera todo límite”

En los artículos publicados por el profesor Ángel Viñas en el diario digital infolibre.es a lo largo del mes de junio de este 2022, este historiador nos comenta aspectos tanto de la figura de este militar mallorquín como de sus motivaciones a la hora de ser uno de los arquitectos del aparato represor de la pasada dictadura. Así nos encontramos el exagerado hasta el infinito tema de la violencia política. Tanto Acedo Colunga como otros golpistas no mencionan que desgraciadamente esto se daba también en la Europa posterior a 1930 y magnifica el número de víctimas producidas. En la actualidad, historiadores como Rafael Cruz o Eduardo González Calleja han demostrado que nuestro país ni fue el único violento de la Europa de entreguerras ni el número de víctimas es el que autores colaboracionistas de la pasada dictadura solían afirmar (para ello, han cotejado la prensa de la época con los informes policiales de esos años, entre otras investigaciones). Todo esto obviamente mientras minimizaban la represión ejercida por los golpistas o la ocultaban directamente.

En estos artículos (son cuatro), se mencionan aspectos como la influencia de la Alemania nazi para desarrollar y aplicar la represión, cosa que también hizo Antonio Vallejo-Nájera, el psiquiatra favorito del dictador. También se exageró un peligro comunista o soviético que nunca fue real salvo en su imaginación, así como la “maldad” de los simpatizantes de izquierda y liberales de la época (en otras entradas he mencionado el antisemitismo de los golpistas, otro aspecto que sería posteriormente ocultado por los partidarios de la dictadura del general Franco.

Así, con la guerra de España prácticamente terminada, el futuro dictador hizo pública el 9 de febrero de 1939 la Ley de Responsabilidades Políticas, con la cual prácticamente declaraba culpable a todos los partidarios de la República española (sobre todo a simpatizantes de izquierda como a liberales), y les hacía responsables de todo lo que había pasado en el país desde julio de 1936, en algunos casos, incluso antes. A los declarados culpables se les castigaba de varias formas: destierro, embargos, internados en unas masificadas cárceles, multas e incluso restricciones de movimientos, el no poder trabajar en algunos sectores. Muchos fueron ejecutados (el Foreign Office británico calculó que entre 60.000 y 80.000 republicanos podían haber sido fusilados entre 1939 y 1944). A los funcionarios de la época se les exigió además una declaración de lealtad absoluta al dictador si no querían perder sus empleos.

Como dijo en su día Dionisio Ridruejo,

“La represión adquirió el carácter y el volumen de una purga de adversarios, intencionalmente exhaustiva, no con miras a la seguridad presente, sino destinada a retirar para el futuro todo obstáculo posible, toda veleidad de oposición, todo rebrote de las fuerzas y significaciones condenadas”.

Comentar que dicha represión se organizó en torno a la Dirección General de Seguridad (creada ya en 1939), el Servicio de Recuperación de Documentos, dirigido por Marcelino Ulibarri, que llegó a manejar entre 4 y 5 millones de fichas, la Brigada Político-Social, dirigida por el coronel golpista José Ungría y, la llamada Causa General, vigente entre 1940 y 1969. Un sistema de investigación sobre el pasado de los desafectos al régimen y que fomentaba la delación, que, podía ser anónima. A los detenidos se les llevaba por grupos a unos juicios en los que ya eran culpables de antemano. En pocas palabras, para el dictador y sus partidarios ser un chivato se convirtió en un claro ejemplo de ser un buen español. Además, hubo cerca de 200.000 documentos de incautaciones de bienes. Muy activo en este campo fue Jesús Agustín Calzada, jefe de Falange de la ciudad de Ciudad Rodrigo (Salamanca); gracias a la mediación del director de La Gaceta de Salamanca robó y extorsionó sistemáticamente a la población republicana de la comarca. Este personaje sería después condenado por quedarse con lo que expropiaba a sus víctimas. El profesor de la universidad de Granada Francisco Cobo Romero ha calculado en 240 millones de euros el valor de las incautaciones hechas por la dictadura.

La represión de Franco también se extendió al extranjero. Con la ayuda de agentes nazis (como Carl Schmitt), se detuvo, se torturó y se deportó a España a multitud de exiliados republicanos, donde fueron juzgados y condenados a muerte (Pedro Urraca y Melitón Manzanas fueron dos de los polícias que llevaron a cabo esta labor) como fue el caso de Lluis Companys, Julián Zugazagoitia o Joan Peiró, entre muchos otros. Algunos casos conocidos fueron el de Manuel Azaña, que murió en Francia antes de ser capturado y Francisco Largo Caballero, fue internado en el campo de concentración nazi de Sachsenhausen.

Desde aquí recomiendo encarecidamente la lectura del profesor Ángel Viñas e igualmente de los historiadores que he mencionado tanto a lo largo de esta entrada como en la bibliografía que hay unas líneas más abajo.

Un saludo,

Salud, trabajo, educación pública y República española.

Bibliografía empleada:

– Carlos Hernández «Los campos de concentración de Franco» Ediciones B, Barcelona 2019

– Casanova, Julián y Gil Andrés, Carlos. “Historia de España en el siglo XX” Ariel Historia, Madrid 2009

– Casanova Julián (ed) “Morir, matar, sobrevivir: La violencia en la dictadura de Franco” Crítica, Barcelona 2002

– Gómez Bravo, Gutmaro “Venganza tras la victoria: la política represiva del franquismo 1939-1948” (pags 575-591) en Viñas, A (ed) “En el combate por la Historia” Pasado y Presente, Barcelona 2012

-Espinosa, Francisco “Los orígenes de la Causa General” Revista Pasado y Memoria, num4 (2005)

– Preston, Paul “The Spanish Holocaust” Harper press, London 2013

-González Duro, Enrique, “El miedo en la postguerra” Oberón, Madrid 2003

-Díaz-Balart Núñez, Mirta (ed) “La gran represión” Flor del viento ediciones, Barcelona 2009

-Artículos de periódicos: Radiogranada.es, andalucesdiario.es (María Serrano y Amina Nasser), publico.es (Rafael Guerrero, Diego Barcala, Patricia Campelo, Emilio Silva y Alejandro Torrús), diarioprogresista.es (Victor Arrogante), elpais.com (Isabel Obiols), Ángel Viñas (infolibre.es), Wikipedia.org


banner distribuidora