Fernando Miranda trabajaba en un cortijo de la provincia de Córdoba cuando supo que llegaba la Guardia Civil a realizar un registro. Se escabulló como pudo, pasó por casa, cogió la bicicleta y le dijo a la madre que se iba hacia Málaga. Pero lo que hizo fue subir a un tren que le llevó a Barcelona. Sin embargo, no se sentía muy seguro porque estábamos en plena dictadura y Fernando era miembro del Partido Comunista, uno de los pocos partidos que resistía la persecución del general Franco.

«Entonces a los comunistas nos perseguían en todas partes que fueras», recuerda ahora Fernando, que tiene 92 años y sigue con su compromiso político. Como Fernando, muchos andaluces y extremeños, sobre todo, tuvieron que dejar su tierra durante la dictadura franquista y se refugiaron en Catalunya, en un exilio en el interior de España del que no se ha hablado nada.

La creencia general es que miles de personas de toda España emigraron a Catalunya para tener una vida mejor, pero lo cierto es que también hubo una inmigración política, de gente a la que el régimen franquista perseguía en sus pueblos y ciudades de origen. Si querían sobrevivir, tenían que irse de su tierra y «lo de no poder vivir donde has nacido porque el régimen no te deja, nunca se olvida», me había explicado el antiguo líder de Comisiones Obreras Luis Romero poco antes de morir, el pasado 9 de marzo.

Muchos de los exiliados en Catalunya procedían de familias republicanas

Al finalizar la guerra de 1936-39, Luis Romero se dedicaba a la venta ambulante de quesos alrededor de la villa cordobesa de Palma del Río. Su padre era comunista y había luchado en el ejército republicano. Terminada la guerra fue encarcelado. «No podían acusarle de nada, sólo de haber sido fiel a la República», decía Romero. Él y sus hermanos siguieron el testimonio del padre y se enrolaron en el partido «para denunciar las injusticias que había en Andalucía y para luchar contra la dictadura».

Tras dos detenciones, Romero era seguido tan de cerca por la Guardia Civil que no podía moverse del pueblo. Privado de su negocio ambulante, le era imposible alimentar a la mujer y dos hijos. La única solución era huir. Un día se fugó de sus perseguidores y cogió el tren hacia Catalunya donde vivió toda su vida.

Francisco Téllez nació en Montemolín, Badajoz, desde donde su padre se marchó para luchar con el ejército republicano y defendió a Madrid hasta el final. Cuando las tropas franquistas conquistaron Extremadura, fusilaron a su abuela, junto con otros republicanos. «Llegaron en cinco camiones, se llevaron a las personas y las asesinaron. Imagino que todavía están en alguna cuneta porque nunca hemos sabido nada», explica Téllez. Él era un bebé cuando la familia, de siempre muy comprometida políticamente, se marchó primero a Andalucía y después a Catalunya.

Estos refugiados llegaban a Catalunya desde otros sitios de España ya comprometidos políticamente. Su crimen, como el de otros muchos, era pertenecer a familias que habían estado en el bando republicano durante la guerra o que militaban en partidos de izquierdas. La mayoría eran miembros del Partido Comunista de España y el PCE les indicó que debían integrarse en el partido de los comunistas catalanes. Por eso se hicieron del PSUC.

La construcción, un refugio para los perseguidos políticos

El primer problema para los emigrantes que llegaban a Barcelona a finales de los 50 y principios de los 60 era encontrar una vivienda. Casi todos tuvieron que cambiar la casita bajo los cielos serenos y los inalcanzables campos por una barraca en las numerosas y amontonadas barriadas barcelonesas.

El otro inconveniente para estos inmigrantes era conseguir trabajo. Venían muy marcados políticamente y la policía les seguía los pasos, por lo que parecía difícil que los contrataran. Sin embargo, descubrieron un sector que no preguntaba mucho porque necesitaba mano de obra: el ramo de la construcción. En ese momento, el desarrollo de Barcelona y de toda Catalunya era impresionante.

«La construcción se convirtió en un refugio de la gente represaliada, la gente de las listas negras, señalada en sus pueblos y ciudades…» recuerda uno de ellos, el sindicalista Juan Ignacio Valdivieso. «Había menos mecanismos de control y el trabajo era tan precario que podían despedirte en cualquier momento».

Ésta fue la causa de que la mayoría de estos exiliados políticos fueran a parar a la construcción, donde el trabajo era durísimo y no había ninguna medida de seguridad. Por eso, pronto estos hombres comprometidos políticamente empezaron a luchar por la mejora de las condiciones de trabajo. Participaron en la creación de un sindicato clandestino que cristalizó en Comisiones Obreras y sus reivindicaciones y huelgas fueron históricas. Por ejemplo, la huelga de la Construcción de 1976 en la que participó casi todo el sector y marcó un hito histórico. La lucha sindical y política prosperó en todos los sectores y en toda España.

«Todas estas huelgas configuraron un movimiento de protesta laboral, pero con un contenido de exigencia de libertad que contribuyó de forma muy poderosa a que el régimen no pudiera continuar una vez muerto Franco», recuerda el navarro Joaquín Nieto. Entonces era trabajador de la construcción en Barcelona y miembro de la Liga Comunista Revolucionaria y de Comisiones Obreras.

La inmigración se sumó a la lucha por los derechos de Catalunya

Estos inmigrantes, refugiados políticos en Catalunya, se juntaron a la lucha que existía aquí por la libertad, la amnistía y el estatuto de autonomía. Aunque pocos hablaban catalán en ese momento entendieron que Catalunya tenía unos derechos históricos que había que recuperar.

«Queríamos el restablecimiento de la democracia, amnistía general, reconocimiento de todo lo que teníamos antes de la sublevación fascista de 1936. […] Y para Catalunya queríamos la recuperación del Estatut», recuerda otro activista andaluz, Antonio Rodríguez Avellaneda . «Nosotros luchamos duro por ese estatut», asegura con orgullo Francisco Téllez.

«Vimos que eran unos derechos que teníamos que defender, que ya estábamos aquí, que Catalunya era nuestra y teníamos que defenderla. Luchábamos por la lengua catalana, por el estatuto, por cosas que Franco había prohibido. Esta era la consigna del partido», nos explica Carmen Velasco, quien cuando llegó a tierras catalanas ya era miembro del Partido Comunista y se integró en el partido de los comunistas catalanes, el PSUC.

Estas mujeres, que compartieron el exilio de sus compañeros, también lucharon duro una vez en Catalunya. Se integraron en las asociaciones de vecinos que entonces se crearon en los barrios de muchas ciudades para conseguir viviendas dignas, escuelas y servicios de salud. Desde estas asociaciones también participaron activamente en la batalla por la justicia, la democracia y la libertad que incluía la defensa de la cultura catalana.

Cuando finalmente llegaron las primeras elecciones democráticas, algunos de esos antiguos exiliados políticos en Catalunya se presentaron en las diferentes candidaturas de izquierdas y salieron elegidos. La mayoría fueron concejales en los ayuntamientos de sus pueblos, pero algunos llegaron a diputados del Parlament de Catalunya.

El sindicalista Justiniano Martínez se emociona aún al recordar la sensación que tuvo cuando prácticamente pasó de la clandestinidad a ocupar un escaño en el Parlament. Una de las cosas de las que está más orgulloso es haber participado en la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Estatuto de Sau, en 1979. Dice que nunca lo olvidará.

Encontrará más información sobre el tema en el documental I la lluita continua.