Las seis querellas presentadas el 13 de mayo en los tribunales valencianos, por los delitos de torturas que habrían cometido agentes de la policía franquista el 1 de mayo de 1967, ya se han encontrado con el primer tropiezo. Una de las seis ha ido a parar a manos del juez Francisco de Asís Silla Sanchis, titular del juzgado de instrucción número 3 de Valencia, quien mantuvo una “amistad íntima” con una de las personas querelladas, entre ellas agentes de la policía franquista y jueces de los tribunales militares. Es por ello que el magistrado ha pedido inhibirse del procedimiento judicial, según explica en una notificación enviada al querellante ya la que ha tenido acceso la Directa .

Una semana después de que la Plataforma Acción Ciudadana Contra la Impunidad del Franquismo presentara las querellas, de Asís Silla emitía una diligencia en la que solicitaba a uno de los querellantes ya su defensa formalizar la acusación. También requería en el Registro Civil el certificado de nacimiento y defunción de los querellados, ya que le consta la muerte de alguno de ellos, “dada –argumenta– la amistad y compañerismo que me unió hasta su muerte”; así como abstenerse por ese mismo motivo. "Ha hecho lo que tenía que hacer, porque es lo que le obliga la ley", afirma Aràdia Ruiz, abogada de la cooperativa El Rogle y una de las redactoras de las seis querellas, que todavía se encuentran al inicio del procedimiento .

El juez requería en el Registro Civil el certificado de nacimiento y defunción de los policías o jueces querellados, ya que le consta la muerte de alguno de ellos, “dada –argumenta– la amistad y compañerismo que me unió hasta su muerte ”

Tras formalizar las denuncias, según describe Ruiz, lo común es que los tribunales las archivan. Alegan los mismos cuatro argumentos jurídicos que dictó el Tribunal Supremo en la sentencia 101/2012: la ley de Amnistía, pese a que el pacto internacional de derechos civiles y políticos no permitiría amnistiar los crímenes del franquismo; el principio de legalidad penal, que dice que en el momento en que ocurrieron los crímenes del franquismo no existía ninguna norma que los tipificara, aunque ya estaban vigentes los principios de Nuremberg y las convenciones de La Haya; la prescripción de los crímenes, aunque los crímenes contra la humanidad nunca prescriben, según ordenan varios organismos internacionales; y las supuestas muertes de las personas victimarias, aunque nunca se han investigado. “Si las víctimas tienen una media de 70 años, ¿cómo saben que los policías no están vivos?”, se pregunta la abogada. Y añade: “Los querellantes ya no quieren una condena, no tienen el objetivo de sentarse a nadie en el banquillo, pero sí que se investigan los crímenes, y que haya un relato de la verdad judicial que cuente lo que pasó” .

El argumentario que se repite a la hora de tropezar judicialmente las querellas contra los crímenes del franquismo es muy poco revelador, dado, según reflexiona Ruiz, que la sentencia del Supremo “creó jurisprudencia” y “la fama conservadora que tiene el gremio”; línea ideológica que se gestó durante los cuarenta años de dictadura franquista y la transición. “Después del franquismo –sigue Ruiz– este gremio no fue purgado. Evidentemente, si fuera un colectivo progresista, no sería tan complicado”. Un ejemplo del conservadurismo judicial es la composición de las salas de gobierno –órganos de gobernanza interna– de los 17 tribunales superiores de justicia del Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, controlados por una mayoría de jueces conservadores. En las últimas elecciones, celebradas en el año 2019, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ganó con un 52,1% las elecciones a las salas de gobierno. Uno de los miembros de la asociación votados fue, precisamente, Francisco de Asís Silla Sanchis, quien obtuvo una plaza en la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El CIE de Valencia, bajo el control de Asís

Aparte de ser el titular del juzgado de instrucción número 3 de Valencia, de Asís Silla es profesor de Derecho en la Universidad Católica de Valencia y es el juez responsable de fiscalizar las vulneraciones de derechos humanos que se puedan cometer en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de Valencia. En palabras del portavoz de la campaña “CIEs No” Valencia , Adrián Vives, es un magistrado “muy poco valiente a la hora de garantizar los derechos de las personas internadas”. Cuando presentan quejas, "nos recuerda que no está todo el día en el CIE para ver qué ocurre y que él debe confiar en la policía", remacha con rotundidad.

En palabras del portavoz de la campaña "CIEs No" Valencia, Adrián Vives, es un magistrado "muy poco valiente a la hora de garantizar los derechos de las personas internadas". Cuando presentan quejas, "nos recuerda que no está todo el día en el CIE para ver qué ocurre y que él debe confiar en la policía"

Una de las últimas vulneraciones en Zapadores que denunció la campaña fue la muerte de marouane abouobaida , el 15 de julio de 2019. Este joven marroquí de 25 años, internado después de haber sido detenido al llegar a las costas españolas a bordo de una patera, se suicidaba con una camiseta anudada en el cabezal de una litera de una de las celdas de aislamiento, donde estaba cerrado para pelearse con otros internos. Diez días después de la muerte de Abouobaida, de Asís Silla emitía un auto judicial en el que ordenaba a la dirección del CIE cumplir una serie de medidas para “preservar en mejor forma la vida, integridad, salud y derechos de las personas privadas de libertad”. Aunque el auto podía entenderse como una acción para garantizar los derechos de las personas internadas, la campaña “CIEs No” hizo otra lectura. “Era la forma que tenía el juez de desentenderse y dejar claro que él no sabía nada de lo ocurrido, porque la policía no le había informado”, subraya Vives. La muerte del joven llegó a la Audiencia Provincial de Valencia , que finalmente decretó el sobreseimiento provisional de la causa penal. No consideró que ni la policía ni el personal sanitario cometieron ningún delito, pero sí afirmó que podía haber una "asistencia sanitaria incompleta" y un "comportamiento reprobable" de la policía. Por eso, la Audiencia Provincial dejó abierta la causa penal e instó a revisar las circunstancias de la muerte.

La lista de irregularidades y denuncias de violaciones de los derechos humanos ocurridas en Zapadores es muy larga. En noviembre de 2018, el interno de 19 años Zinadine E. presentó una denuncia en la que explicaba que, tras caer al suelo cuando intentaba saltar el muro del centro con la intención de suicidarse, un policía le puso la bota en la mandíbula y otro le retorció el pie. A pesar de haber relatado lo sucedido y de interponer denuncia, “la policía afirmó que el joven se retractó posteriormente, lo que provocó que no continuara el procedimiento judicial”, se recoge en el informe CIE de Sapadors: Sin derecho a tener derechos . Tan sólo unos días antes, “ CIEs No” denunciaba que un hombre portador del virus VIH, enfermo de Hepatitis C y en tratamiento de metadona por drogodependencia llevaba veinte días encerrado en el CIE. El interno había pedido protección internacional por razones humanitarias, puesto que debía recibir un tratamiento médico. Sin embargo, se le había denegado el asilo, por lo que podía ser expulsado a su país de origen, Rusia, donde sólo el 35% de las personas portadoras del virus pueden acceder al tratamiento antirretroviral (TAR). Ambos incidentes se hicieron constar en el juez de control de Asís Silla, al que enviaron una copia de la primera denuncia y una queja en el segundo caso, pero “quedaron en nada”, asegura Vives.

Desde “CIEs No” Valencia también denuncian que de Asís Silla ha pasado por alto las vulneraciones que se pueden cometer desde que una persona abandona el CIE y sube a un avión para ser deportada : “En estos casos, este juez se declara no competente, porque las personas ya han salido del CIE”. “Por lo general, se lava suficientemente las manos cada vez que hay un problema en el CIE”, concluye el portavoz de la campaña.