El Franquismo y la descolonización

 
El Franquismo y la descolonización
Àngel Marrades

 

Los procesos de descolonización llevados a cabo por el Franquismo estuvieron impulsados en primer lugar por el ambiente internacional: las dos grandes potencias mundiales eran favorables a estos procesos, la ONU lo reflejaba en sus principios (siendo una de sus tareas su supervisión) y en general por el despertar nacional de muchos pueblos. Por lo tanto, no se debía a ningún tipo de política diseñada desde la metrópoli. A esto hay que sumar que elementos internos del propio régimen tomaron posturas favorables a la descolonización con tal de salvaguardar la imagen que tan difícil había sido ganar a España después del aislamiento sufrido en 1946. Se quería evitar perder los apoyos árabes e iberoamericanos, que habían sido claves para volver a la arena internacional, y sobre todo no se quería sufrir las condenas infringidas a Portugal por su doctrina integracionista de mantener el imperio colonial.
 

Naciones Unidas

El ingreso a las Naciones Unidas en 1956 traía consigo una serie de responsabilidades por las que España debía informar al Secretario General sobre si administraba Territorios No Autónomos (TNA). Esto exigía al régimen desarrollar de inmediato una política respecto a las colonias, pues estaba claro que de una forma u otra la presión estaría ahí. Además, había que tener en cuenta la especificidad de las posesiones españolas, que en general eran en un principio de poco valor económico y suponían importantes gastos a las arcas del Estado, especialmente las del Golfo de Guinea. Sin embargo, España nunca definió una política o unas directrices claras sobre sus propósitos, y de ningún modo existió un modelo español de descolonización. Al contrario, lo que existió fue la convivencia de diferentes posturas en el seno del gobierno franquista, posturas que competían en un tira y afloja por la aprobación del Generalísimo Franco. Según se desenvolvía la situación internacional el Caudillo terminaba favoreciendo a unos o a otros. Lo determinante no fueron nunca unas directrices y objetivos claros, sino una ambigüedad que se fue adaptando a las limitaciones que presentaba el difícil equilibrio de relaciones con socios y aliados, junto a las disputas internas del régimen.

Estos procesos de descolonización podemos dividirlos en tres áreas, cada cual atravesado por sus propias características y especificidades, pero al mismo tiempo comunicados, pues la postura del régimen en cualquiera podía ayudar a alcanzar posiciones más distendidas en las otras áreas. Los principales territorios coloniales eran así los del Golfo de Guinea (las provincias de Fernando Poo y Río Muni) y los del África Occidental Española (A.O.E.), que comprendían la zona Sur del Protectorado, Ifni y el Sáhara Occidental. La tercera área de la política de descolonización española viene referida al Peñón de Gibraltar, en este caso el territorio reclamado al Reino Unido permitía a España tener simpatías de países iberoamericanos y árabes. Con respecto a Gibraltar hubo varios éxitos diplomáticos de relevancia, pero el proceso terminó por estancarse en 1969 y Madrid tuvo que realizar sacrificios en los otros dosieres para obtener esos apoyos en el Comité de los Veinticuatro (el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas).


La política de descolonización
 

Para los territorios coloniales España podía optar por varias estrategias, siguiendo distintos modelos de otras potencias coloniales. Existía la posibilidad de la política integracionista, lo que suponía transformar estas posesiones en provincias con iguales derechos y deberes que la metrópoli, negando que fueron TNA. Esta vía portuguesa por la que apostaban algunos miembros del régimen no era viable porque el propio Franquismo nunca concedió a los autóctonos los suficientes derechos laborales, ni de propiedad o políticos, ni los integró en la administración de los territorios. Es decir, España nunca se empeñó en crear una élite autóctona que reemplazará su papel como clase dominante. A pesar de defender inicialmente en su primer informe a la ONU esta postura es algo que no pudo sostenerse y que tan solo sirvió para ganar tiempo aduciendo a la reorganización interna tras la cesión de la zona Norte del Protectorado (Rif) al recién independiente Marruecos. Esa cesión de 1956 y el historial de buenas relaciones con los países árabes es lo que permitió dilatar el proceso.

Otra opción que tenía el Franquismo era avanzar hacia gobiernos autónomos en las colonias que eventualmente desembocaran en algún tipo de asociación con la metrópoli, manteniendo así el vínculo de la influencia económica en una suerte de neocolonialismo como hicieron Francia o Reino Unido en muchos casos. También dentro de este marco podía llegar a existir la posibilidad de integrar como provincias estos territorios, pero era necesario como dictaba la ONU que en primer lugar pasaran por una experiencia de autogobierno y que pudieron expresar su libre autodeterminación hacía cualquiera de las opciones. La cuestión es que, a pesar de que este era un resultado favorable que al que buena parte del régimen franquista podía querer aspirar, el inmovilismo político se terminó por imponer por la influencia de los sectores más conservadores que se negaban a dar los pasos necesarios para cumplir los objetivos. Estos eran derogar las leyes discriminatorias a la población local, eliminar privilegios de la población colona, dotar de medios e instrucción tanto para trabajos más especializados que permitieran explotar por sus propios medios sus recursos sin asistencia de la metrópoli, proveer de educación y en general tanto instruir como dar los derechos políticos para que se incorporarán al gobierno de sus territorios, y con ello reducir la presencia militar española de tipo colonial. Si España quería optar por alguna de estas opciones tenía que despertar el sentimiento de conciencia nacional y crear una élite pro-española que se movilizara en su favor para los procesos de autodeterminación.


La última opción era la de avanzar en el proceso de autodeterminación hasta su conclusión lógica: la plena independencia sin las ataduras de la influencia española. Esta era sin duda la opción que repudiaban, y obstaculizaron a toda costa, los sectores conservadores dirigidos por el Almirante Carrero Blanco. Sin embargo, fue la opción que se terminó por imponer en Guinea Ecuatorial, debido al inmovilismo político que caracterizó al Franquismo y las presiones de los sectores reformistas como Castiella que vincularon el asunto a Gibraltar, donde buscaban conseguir los apoyos de los países del llamado Tercer Mundo. Esto terminó empujando irremediablemente el asunto a la opción de independencia a medida que el espacio de maniobra se agotaba y se quería evitar una condena similar a la portuguesa.


La cuestión saharaui 
 

En los territorios de la A.O.E. se dio la particularidad de las reclamaciones de Marruecos hacia su unidad territorial. En 1958 España cedió la zona Sur del Protectorado tras la guerra de Ifni, y tras muchas negociaciones también entregó Ifni en 1969 con un acuerdo económico muy favorable a los intereses españoles. La cuestión del Sáhara Occidental era la más complicada, pues las reclamaciones marroquíes no tenían base histórica. Además, España juzgaba imprescindible este territorio, en primer lugar, en términos militares para la defensa de Canarias, pero después también en los económicos con el hallazgo de grandes depósitos de fosfato en el subsuelo. En el litigio sobre el Sáhara Occidental terminaron por involucrarse también Mauritania, que si parecía tener derechos históricos, y Argelia. En ese escenario la aspiración de España fue mantener el control del territorio y jugar a las tres bandas para conseguir contrapartidas de todos y convertir el Sáhara Occidental en un nexo clave como salida al Atlántico.

Sin embargo, de nuevo la falta de reformas que pudieran conducir a cualquiera de los escenarios deseados para el régimen terminó por conducir al fracaso. La administración española tampoco se decidió por alcanzar ningún acuerdo con las partes, que podría haber servido pues España contaba con una posición ventajosa en cualquier negociación. Pero al dilatarse el proceso y a medida que la salud del dictador se deterioraba no se llegó a ninguna solución. Los sectores conservadores liderados por Carrero Blanco se negaban a ceder en el Sáhara Occidental como había ocurrido en Guinea Ecuatorial debido a la crisis poscolonial que tuvo la ruptura de relaciones como corolario. Mauritania que veía la presencia militar española como un tapón al irredentismo marroquí e hizo lo posible en los años 1960 por paralizar el proceso de descolonización, había insistido en numerosas ocasiones que estaba dispuesta a un acuerdo bilateral que permitiera «algo similar a un co-protectorado». También insistieron en la idea de una partición en la que España retendría sus intereses económicos.

Marruecos por su parte también había mostrado disposición a negociar, a pesar de tener la posición más dura e irredentista, la cuestión era principalmente que Rabat fuera tomada en cuenta en cualquier arreglo. Los propios diplomáticos españoles eran conscientes de que no conseguir algún tipo de acuerdo, y si seguían jugando con la confianza de los países magrebíes, eventualmente lo que ocurriría es que estos llegarían a un acuerdo mutuo que excluyera a España. “Ese día terminarían las sonrisas, los grandes apretones de mano y los cantos en loor de la «amistad hispano-mauritana», que no reposa sino en el miedo a Marruecos y asistiremos a la reconciliación ecuménica de los hermanos musulmanes separados, dentro –¿Quién sabe? – de un Magreb ampliado y con mutuas concesiones en hierro, cobre y fosfatos”, así lo afirmaba el embajador español a la República Islámica de Mauritania Juan Iturralde en 1969.

Tras los enfrentamientos entre la línea «carrerista» y la línea «castellista» sobre el futuro de la colonia, que se saldaron con el despido de Castiella del ministerio de exteriores debido al desastre de Guinea y el estancamiento de la cuestión de Gibraltar, parece que empezó a vislumbrarse un plan más claro para la descolonización. Sin embargo, este plan de autonomía para el territorio que permitiera convertirlo en provincia mediante un referéndum promovido por unas elites pro-españolas llegó demasiado tarde con la salud del Caudillo ya muy débil. En este sentido se llegó presentar un amago de “referéndum” con la Yemáa, un consejo gobernante de ancianos saharauis creado en mayo de 1967 por las autoridades en el Sahara español. “Carrero Blanco estaba decidido a no abandonar el Sahara (…) su intención de conceder un período de autonomía interna al citado territorio que permitiera formar las élites del nuevo Estado. La creación de un partido pro-español en 1974 (el PUNS), pero sobre todo la comunicación al secretario de Naciones Unidas de la intención de celebrar un referéndum en los primeros meses de 1975”.

La crisis final de régimen con la agonía y muerte de Francisco Franco termino por acelerar el proceso. La crisis política interna obligó a Juan Carlos, entonces jefe del Estado interinamente, a ceder ante Marruecos para evitar un conflicto con la Marcha Verde que habría destrozado sus posibilidades de sucesión ante la opinión pública internacional. Con la ayuda de los estadounidenses optó por firmar un Acuerdo Tripartito junto a Mauritania y Marruecos para ceder la administración del territorio hasta la celebración del referéndum de autodeterminación exigido desde las Naciones Unidas. España se negó entonces a reconocer la independencia del Sáhara Occidental, que ya había demostrado el despertar de la conciencia nacional del pueblo saharaui ante la toma de la lucha armada por el Frente Polisario, demanda que se exigió al ministro de exteriores español.

En definitiva, como se ha explicado la posición del Franquismo en la descolonización se caracterizó por una política ambigua y oportunista en la que se ensayaron distintas vías de descolonización que se iban ajustando a los intereses del régimen, y sus divisiones internas, y a la coyuntura internacional, que fue la que marcó el paso.


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