«Hemos venido», dijo su nieta María, «a llevarlo a casa. Ahora vuelve a casa».

‘Vuelve a casa’: la fosa común de Valencia entrega a las víctimas del franquismo (2022)

Las familias que se reunieron en un cementerio español bajo el sol abrasador del sábado habían esperado 82 años. No iban a dejar que el calor de 30 grados les impidiera hacer lo que habían venido a hacer.

A las 11 de la mañana, la fosa 111 del cementerio de Paterna, en la Comunidad Valenciana, entregó por fin los restos de 21 de los 3.400 republicanos que fueron ejecutados sumariamente por las fuerzas franquistas tras el final de la guerra civil española, y cuyos cuerpos fueron arrojados a una enorme e infame fosa común.

Poco antes de que los restos, identificados mediante ADN, fueran devueltos a las familias de los asesinados en una solemne ceremonia, Vicenta Juan, secretaria de la Asociación Fosa 111, que ha trabajado para reunir los cuerpos de los muertos con sus descendientes, leyó en voz alta una carta. En ella, una de las víctimas, Germán Sanz, se despedía por última vez de su mujer y sus hijos.

«Si me matan, será porque no pensé como ellos y porque serví a mi gobierno legalmente elegido», decía. «No tengo miedo a morir, sólo a dejarte sola. Perdóname, Rosa, por la tristeza que te causará mi muerte. Te mando un último abrazo a ti, mi querida esposa, y a vosotros, mis hijos. Quiero que sepáis que si realmente hay una vida después de la muerte, allí os estaré esperando. Adiós para siempre de tu esposo y padre, Germán Sanz».

Sanz y sus compañeros fueron fusilados entre marzo y mayo de 1940, casi un año después de la victoria de Franco en la guerra civil española. Todos los 150 cuerpos recuperados minuciosamente de los siete metros de profundidad de la Fosa 111 presentaban el mismo tratamiento, un tiro de gracia en la cabeza. Habían permanecido en la tierra del este de España durante casi nueve décadas mientras el país lidiaba con el legado del golpe que llevó a Franco al poder, con su dictadura y con los desacuerdos políticos y sociales sobre la mejor manera de hacer las paces con el pasado.

Aunque ni los restos de Sanz, ni los del abuelo de Juan, pudieron ser identificados, otros sí.

Gran parte de la información sobre la base de las exhumaciones procedía de Leoncio Badía, un sepulturero que transmitía en secreto los detalles a las familias de los asesinados. Su meticuloso registro fue vital para Arqueoantro, una de las asociaciones que ayuda a las familias a encontrar a sus muertos de la guerra civil. Aunque los trabajos de exhumación de la fosa comenzaron en mayo de 2020, los esfuerzos se vieron muy afectados por la pandemia.

Este fin de semana, por fin, llegó el día por el que tantas familias habían rezado.

Lina Torres Baena, que tenía dos años cuando su padre, Amadeo Torres Julián, fue fusilado, vestía de negro y se aferraba a un clavel atado con una cinta con los colores de la Segunda República Española mientras recibía sus restos, el lápiz que utilizaba para escribir sus cartas a casa y las suelas de los zapatos que llevaba el 6 de abril de 1940.

«Tenía 28 años cuando lo fusilaron», dijo la hija de Lina, Yolanda. La madre de Lina nunca habló con su hija sobre su padre por miedo a las represalias. Sólo al final de su vida, cuando le sobrevino la demencia, compartió historias sobre él.

«Mi madre es una de las que nunca supo nada de su padre», dice Yolanda. «Es una de las hijas del silencio, pero está feliz de haber recuperado a su padre y de poder enterrarlo como es debido».

Cerca de allí estaba la familia de Regino García Culebras, un soldado republicano cuyo asesinato dejó tras de sí a su mujer y seis hijos.

«Detuvieron a mi padre en 1939 y lo fusilaron el 27 de marzo de 1940», cuenta su hija Rosa. «Le hicieron el más sumario de los juicios y luego lo fusilaron. Para entonces, ya habíamos pasado un año de miseria. No tuvimos que buscar sus restos durante años porque mi madre siempre sabía en qué tumba estaba».

Para los que se reunieron en Paterna el sábado, el acto era tan esperado como bienvenido. Ochenta y tres años después de su finalización, la guerra civil y la posterior dictadura siguen causando dolor personal y escaramuzas políticas.

El gobierno socialista de España espera aprovechar la histórica legislación de 2007 con un proyecto de ley de «memoria democrática» que pretende «saldar la deuda de la democracia española con su pasado».

Entre sus 65 artículos, se prevé la creación de un censo y un banco nacional de ADN para ayudar a localizar e identificar los restos de las decenas de miles de personas que aún yacen en tumbas sin nombre, la prohibición de grupos que glorifiquen el régimen de Franco y la «redefinición» del Valle de los Caídos, el imponente mausoleo en las afueras de Madrid donde el dictador permaneció durante 44 años hasta su exhumación en 2019.

Los planes han sido criticados por el partido conservador de la oposición, que dice que la legislación propuesta sólo servirá para «desenterrar rencores» y remover la tierra que fue cuidadosamente apisonada con la ley de amnistía post-franquista y el llamado pacto de olvido.

Pero para muchos, la recuperación de los restos es un derecho humano y democrático básico.

Agarrando la caja que contenía los restos de un hombre que nunca conocieron, los nietos de José María Balaguer Gómez, que tenía 56 años cuando fue fusilado el 27 de marzo de 1940, dijeron que habían venido a hacer lo que sus padres y su abuela nunca pudieron hacer.

«Hemos venido», dijo su nieta María, «a llevarlo a casa. Ahora vuelve a casa».

[Traducido por Jorge JOYA]