Un rey opaco

Un rey opaco
Joan J. Queralt

El lunes supimos varias cosas relativas a las finanzas del Rey, pero no todas, ni mucho menos. En el comunicado ―difícil de encontrar en la web de la Casa Real, sin ningún destacado, y siempre sólo en castellano― se da la cifra de su patrimonio, que supera los dos millones y medio de euros.

De entrada, de transparencia, poca. Como dicen que decía Bernard Shaw, la contabilidad es una de las bellas artes. La asignación de la Casa Real, dado que lo oficial consta en la ley de presupuestos, aunque materialmente insuficiente, no es ningún misterio. Los misterios comienzan ya cuando se da un repaso por encima de este burocrático comunicado, abonado con un autobombo propio del que tiene poco más que ofrecer.

Felipe VI es príncipe de Asturias desde 1977, cuando tenía nueve años, y juró el título ―que no el cargo― a los 18 años, en 1986. ¿Durante el tiempo de niñez, cobraba como príncipe de Asturias? La actual y su hermana, menores de edad ambas, llevan años con una significativa asignación, aunque no gozan de edad legal para trabajar. Puede inferirse que el actual rey también percibió a cargo del erario público y por voluntad constitucional de su padre, el autoexiliado Juan Carlos, una no menos potente cantidad simplemente por el hecho de haber nacido príncipe. Es un tema que es necesario aclarar. Falta transparencia. La suma presentada cuadra más bien con su sueldo como jefe del Estado, dado que el comunicado habla de sus compromisos constitucionales. De todos los miembros de la Casa Real, el único miembro que tiene funciones constitucionales es el Rey, el jefe del Estado: nadie más.

Por lo que señalan algunas publicaciones con datos que nadie ha cuestionado, el Rey percibe su sueldo como militar, ahora como capitán general desde 2014, teniendo en cuenta que empezó de alférez y podría pertenecer a los tres ejércitos; al menos, de sus uniformes hace gala. Y en ningún caso podemos dejar de considerar las retribuciones en especie, como es disponer de palacios, edificios, fincas y otros inmuebles destinados en exclusiva a su servicio. Es el así llamado por ley Patrimonio Nacional, o, lo que es lo mismo, el conjunto de bienes públicos puestos al servicio exclusivo y excluyente del jefe del Estado: Palacio de Oriente, la Zarzuela, el Alcázar de Sevilla, El Escorial, El Pardo y muchos lugares más. Esta plena disposición ― ¿a cargo de quiénes corren los gastos de mantenimiento? ― teniendo en cuenta que es vitalicia ―hasta la muerte o la abdicación― también habría que computarla. Sin contar con hechos privados sufragados por todos los ciudadanos, hechos como su boda, que costó al erario público entre 20 y 40 millones de euros. Las especulaciones a las que nos obliga el comunicado, la información fragmentaria y muy esparcida de que disponemos apunta no precisamente hacia la transparencia de la que el régimen se jacta.

El viaje de boda afortunadamente no se cargó al erario público: los casi 250.000 euros que fácilmente costó salieron de donantes privados, seguramente, como regalo a los regios novios. Lo que sí pagan todos los españoles es la asesoría que le hace Hacienda para pagar sus impuestos, tal y como dice la nota explicativa adjunta al comunicado regio, en su punto número 2. Visto su patrimonio, debe ser más complicado hacerle la declaración de renta que descargarse el programa PADRE. ¿De cuántos otros servicios, que los ciudadanos mantienen con sus impuestos, dispone totalmente gratis la Casa Real? Tampoco en ese aspecto brilla la transparencia.

Finalmente, existe un dato peculiar que denota la institucionalidad de la Corona en el sistema constitucional, es decir, al encarnar sus funciones primigenias, tal y como decreta el art. 56. 1 de la Constitución: el Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Que esto no es así, es decir, que ni representa la unidad que dice predicar y que ni arbitra ni modera, lo demuestra el hecho público y notorio que el comunicado del que vengo hablando se envió al gobierno español, a los partidos mayoritarios y a los de forma alegal denominados partidos constitucionalistas. El comunicado no se envió ni a ERC, ni a JuntsxCat, ni a Bildu, ni a las CUP y ni al BNG. Parece que Podemos tampoco fue receptor del mismo en la medida en que forma parte del gobierno español.

Que quien dice encarnar el símbolo de la unidad de la nación no envíe a partidos legales ―por tanto, plenamente constitucionales en una democracia no militante― sus comunicados es un gesto inefable. En estas condiciones, ¿qué moderación y arbitraje podemos esperar de un monarca así? La pregunta obviamente es retórica. No paran de señalar el camino de salida los autodesignados constitucionalistas, bien regados con los impuestos de los representados por el 30% de los miembros en las cámaras parlamentarias, a las cuales ignoran. En eso sí que existe transparencia. Cristalina.


Fuente →  sinpermiso.info

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