Monarquía: ¿hasta cuándo debe durar la broma?

Monarquía: ¿hasta cuándo debe durar la broma?

 A finales de la semana pasada el rey emérito español, Juan Carlos I, regresó al Estado para realizar una estancia en la localidad gallega de Sanxenxo. Su vuelo privado, que le trasladó desde Abu Dhabi, está valorado en cerca de 60.000 euros. Una cantidad ínfima junto a todo lo que el exmonarca español ha estafado, presuntamente, en la Hacienda pública. Y decimos presuntamente porque la justicia española se ha negado a investigar si las acusaciones contra él son o no ciertas, dado que ha liberado al rey español de las causas que le afectan basándose en una inviolabilidad que, en cambio, no condiciona sistemas judiciales de otros países occidentales que sí le están investigando.

Si la monarquía es un anacronismo, la monarquía española es un anacronismo multiplicado. El resto de monarquías occidentales han sido aceptadas en sus respectivos países porque se han reflejado y han defendido los sistemas democráticos vigentes en estos estados. En el español, en cambio, la monarquía es fruto del deseo directo de un dictador que nombró a Juan Carlos I como su sucesor. Un hecho único en Europa y que explica muchas de las carencias democráticas que todavía vive el Estado español en pleno siglo XXI. Carencias que explican, entre otras cosas, que el rey español pueda volver sin dar explicación alguna por los hechos que le asedian y que mientras tanto, Valtónyc, liberado definitivamente de la causa con que la justicia española pretendía obtener su extradición, no pueda volver a Mallorca porque los jueces españoles no aceptan las decisiones de otros tribunales europeos. Conviene mencionar a Valtónic por estar perseguido por haber criticado al rey español con sus canciones, pero también está Pablo Hasél, aún encarcelado por idénticas razones; o los casos de los exiliados por haber contribuido a impulsar el referéndum del 1 de octubre y que la justicia europea se ha negado a extraditarlos.

Sin embargo, la monarquía española ya no tiene, ni mucho menos, el nivel de aceptación que tenía antes, cuando buena parte de la ciudadanía creyó el relato de aquel rey que hizo posible el paso de una dictadura a una democracia. Realmente, aquel rey fue nombrado jefe de Estado sin un referéndum que le legitimara. Una votación evitada, precisamente, por el establishment español, tal y como reconoció el expresidente Adolfo Suárez, sabedor de que en caso de aplicar la democracia, el Estado español volvería a convertirse en una república. Estos años, desde que los escándalos protagonizados por el Borbón se hicieron públicos, no son pocos quienes tienen claro que el sistema monárquico está condenado a la extinción y quienes trabajan para que así sea. Hace dos fines de semana se organizaron consultas no vinculantes en todo el Estado que recibieron las papeletas de cerca de 80.000 ciudadanos que votaron por la república en un 93,35%. Un acto pretendidamente simbólico, pero que pierde esa condición en el momento en que el Gobierno español prohibió la exhibición de urnas por orden directa de varias subdelegaciones provinciales. En consecuencia, agentes de la policía española se dedicaron a boicotear estos actos con la retirada de urnas y con la identificación de sus impulsores.

Parte de estos impulsores, que se organizaron con la llamada Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República, ya han sugerido la posibilidad de que los concejales republicanos de todo el Estado presenten mociones a los ayuntamientos contra la monarquía y en favor de la república . Una propuesta que quizás no prosperaría en todos los municipios, pero que contribuiría a visibilizar el enfado generalizado contra esta institución corrupta y obsoleta y que animaría a sumarse al rechazo a buena parte de aquellos que, por miedo a la derecha mediática, reaccionaria y visceral, no se atreven a cuestionar abiertamente el statu quo .

En definitiva, es necesaria iniciativa popular para derrocar a esta institución que no es, sino, el reflejo más claro de las carencias democráticas del Estado y de la indecencia de quienes ostentan su suprema autoridad.


Fuente →  eltemps.cat

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