La amnistía de 1936
La amnistía de 1936
Eduardo Montagut

El encarcelamiento de miles de personas a raíz de aquellos hechos había generado un intenso malestar social, muy agudizado en Cataluña con el encarcelamiento de sus principales autoridades.

La amnistía es una decisión política ejercida por el poder público por la cual se deja sin efecto una ley penal o su aplicación a un individuo o un grupo condenado por delitos políticos o fiscales. Al derogarse una ley, la amnistía adquiere también el carácter de ley.

Las amnistías por delitos políticos se suelen emplear como un instrumento para hacer efectiva una reconciliación política y restablecer una normalidad institucional.

Aunque las amnistías de los años 1976 y 1977 sean las más conocidas del lector actual, tanto por su cercanía temporal, como por el uso sesgado que se ha hecho de ellas por parte de los que ejercieron la represión franquista, en realidad existe otra de enorme importancia, en relación con los delitos que se hubieran podido cometer en la Revolución de octubre de 1934. Estamos hablando de la amnistía de 1936 con la victoria del Frente Popular.

Veamos el desarrollo de los acontecimientos.

El 19 de febrero de 1936, Portela Valladares presidía el que sería su último Consejo de Ministros. En la reunión se dio cuenta del deterioro del orden público porque se habían producido algunos motines en distintas cárceles españolas. Al parecer, en Zaragoza los disturbios en la calle habían sido de importancia. La manifestación que había ocupado unos días antes la Puerta del Sol madrileña había sido un grito por la amnistía. Portela creía que todo esto era obra de los líderes del Frente Popular, victorioso en las elecciones del 16 de febrero. Portela decidió que había que dimitir y no esperar al proceso legal, ni a los plazos para el relevo del poder. Así pues, Alcalá-Zamora se vio obligado a encargar a Azaña la formación de un nuevo gobierno, aunque sabemos que éste hubiera preferido que se hubiera cumplido la legalidad. Era consciente de que las condiciones en las que se produjo el relevo no eran las más adecuadas.

Formado el nuevo gobierno, se comenzó a actuar. En este trabajo nos referiremos a la amnistía aprobada a los pocos días.

La Diputación Permanente de las Cortes aprobaba el 21 de febrero de 1936 la amnistía de todos los condenados por los sucesos de la Revolución de Octubre de 1934, por propuesta de Azaña, y que constituía uno de los puntos más destacados del programa político del Frente Popular para las elecciones:

“A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas.”

Debe tenerse en cuenta que esta amnistía fue demandada desde la calle desde el primer momento en el que se produjo la victoria electoral de la izquierda, como hemos señalado. Era evidente que el encarcelamiento de miles de personas a raíz de aquellos hechos había generado un intenso malestar social, muy agudizado en Cataluña con el encarcelamiento de sus principales autoridades.

El Decreto-ley fue aprobado por la Diputación Permanente, presidida por Santiago Alba. Se produjo por unanimidad. Constaba de un solo artículo, y se tuvo que debatir de forma muy rápida, con una convocatoria del día anterior hecha por telegrama, provocando que no pudieran acudir todos los diputados, aunque los no asistentes mandaron votos favorables. Al final, se reunieron dieciocho diputados, cumpliendo lo exigido por la ley, ya que se necesitaba un mínimo de catorce. Los propios diputados de la CEDA votaron favorablemente, animados por la necesidad de mantener el orden público, y porque era evidente que había sido una demanda que había ganado en las elecciones.

Así pues, los alcaldes y concejales fueron repuestos en sus cargos en los consistorios. Muchos Ayuntamientos habían sido gestionados desde finales de 1934 por gestoras administradas por ediles de la derecha. Otro tanto se hizo con los Ayuntamientos vascos.

A finales del mes de febrero el gobierno decretó la readmisión de los trabajadores despedidos por los motivos señalados, y se ordenaba a las empresas que indemnizasen a los trabajadores por los salarios no recibidos. Esta medida generó el rechazo y la preocupación de la derecha y los empresarios.

Pues bien, la última de las medidas tomadas para terminar con los efectos de la represión ejercida hacia los protagonistas de los hechos de Octubre de 1934, tenía que ver con Cataluña. Después de que salieran de la cárcel los miembros del gobierno de la Generalitat, en aplicación de la amnistía aprobada, el 1 de marzo un Decreto reponía las funciones del Parlament y a Companys en su puesto de presidente, así como a sus consejeros. Debemos recordar que había sido una de las principales reivindicaciones del programa político del Front d’Esquerres, que había triunfado en las circunscripciones electorales catalanas.


Fuente →  nuevarevolucion.es

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