Durante el franquismo, ha expresado en una entrevista para El País, «esto significa 4.000 personas durante 10 años y significa más de 10 al día. Franco es una persona que firma más de 10 condenas a muerte al día durante los 10 primeros años de su dictadura. Dejo aparte la guerra. Eso forma parte del trauma, del pasado sucio”.

“He intentado colocar el caso español en el contexto internacional. Eso permite que te des cuenta de algo que los nacionalismos no te dejan ver: que no somos tan raros. Creemos que estos pasados sucios solo nos pasan a nosotros, y ocurren en todas partes”, especifica.

“No ha habido nunca una condena general del franquismo, aunque sí hubo una contra los regímenes de violencia política en 2002, en un Congreso que el que tenía mayoría absoluta era el PP. A las víctimas y a sus familiares se les han procurado reparaciones materiales, pero como bajo cuerda, como si la sociedad no quisiera sacar esto a un debate abierto. Y ha llegado la hora de que se haga de una vez”, denuncia.

Las «reparaciones que se pusieron en marcha durante la Transición se hicieron de una manera vergonzante, no de una manera clara, explícita, solemne”, dice.

Unidas Podemos y PSOE acordaron enmendar la Ley de Memoria Democrática y abrieron la puerta a investigar los crímenes del franquismo

Entre ellas, informaba Público, «destaca la adición de un párrafo al artículo dos del proyecto legislativo en el que reza: ‘Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables’».

Por lo tanto, se busca garantizar el derecho a la Justicia de las víctimas. «La Ley de Amnistía no va a poder seguir siendo utilizado como una excusa para perseguir este tipo de crímenes», ha remachado el diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago.

«Hasta ahora – explicaba El País -, cualquier intento de hacerlo – justicia -, los más conocidos los que llevó adelante el juez Baltasar Garzón, chocaban con el muro de la ley de amnistía de 1977, una norma que fue pensada y utilizada para sacar a la calle a los presos políticos del franquismo, pero que después también sirvió como parapeto para frenar cualquier intento de procesar a responsables franquistas por cuestiones sucedidas antes de 1977. De hecho, los únicos procesos que se han intentado han sido en Argentina, de momento sin éxito».

“Después de tantos años de la muerte del dictador estamos dando pasos muy sólidos para que sus crímenes salgan de la impunidad. Es sin duda la última oportunidad de nuestro país después de tantos años. Es el único país occidental donde la impunidad ha sido la tónica ante este tipo de crímenes. Es un día para estar satisfechos” ha dicho Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030 y secretario general del PCE.