Introducción

El libro que el lector tiene en las manos tiene un objetivo muy claro. Este no es otro que clarificar un apartado que hasta el momento, desde mi punto de vista, permanecía pendiente en la amplia, aunque todavía incompleta, producción historiográfica sobre la Transición: poner nombre y apellidos a las víctimas de la violencia policial durante ese periodo. Es decir, hacer visibles a un mínimo de 134 personas, que no son sujetos abstractos y que a pesar de que fueron damnificados por la violencia del Estado, todavía permanecen en su inmensa mayoría en la sombra de la Historia. Son las que denomino «Las otras víctimas». Las que perdieron la vida como resultado de los continuados excesos policiales que tuvieron lugar entre el 20 de noviembre de 1975 y el 2 de diciembre de 1982. Hechos que sucedieron en las calles y en las comisarías, sin que los diferentes gobiernos del periodo actuaran con la necesaria diligencia para poner fin a este tipo de violaciones de los derechos humanos.

Tal como hemos dicho, cuando hablamos de poner nombre y apellidos no lo hacemos con la única intención de realizar una lista lo más exhaustiva posible de este tipo víctimas. Lo hacemos con la voluntad de ir más allá de una mera enumeración de casos particulares, llevando a cabo un ejercicio de análisis y contextualización, tanto globalmente como de los diferentes casos, uno por uno, que configurarían el apartado más importante de lo que calificamos de violencia institucional durante la Transición. Igualmente, es nuestra intención aportar a este ámbito de investigación el establecimiento de unos criterios precisos y rigurosos, con la voluntad de que puedan servir de referencia desde este momento a la hora de tratar este complejo tema o, como mínimo, suscitar un debate que conduzca a una definitiva clarificación de los parámetros que se utilizan para abordar el tema que nos ocupa. Ya que, según nuestro criterio, los estudios realizados hasta el momento respecto a este tema han adolecido de una falta de pautas claras y precisas que fueran aplicadas de forma concisa en el estudio de cada caso.

Otros autores engloban a este conjunto de víctimas bajo las calificaciones similares de actividad represiva del Estado o violencia del Estado, e incluso de terrorismo de Estado. Creemos que la acepción de víctimas de la violencia institucional que utilizamos es la que más se ajusta a la problemática tratada, aunque no sea aceptada por colegas que rechazan esta adjetivación. Según su criterio, mentar las palabras institucional o Estado implica cuestionar la España democrática resultante de la Transición, olvidando que durante una parte significativa del periodo no había democracia y que una vez conseguido un régimen parlamentario y luego constitucional, este no resultó un producto inmaculado. Pero el hecho de tener unos evidentes lunares y zonas grises, desde nuestro punto de vista, creemos que no necesariamente haya de implicar cuestionar su esencia democrática. Los agentes perpetradores de estas muertes formaban parte del aparato del Estado, y actuaban bajo las órdenes de mandos policiales y responsables políticos. Por mucho que sus acciones respondieran a iniciativas individuales, no se los puede desligar de un entramado institucional del cual dependían.

Por otra parte, utilizar esta terminología no presupone considerar que la violencia policial tratada respondiera a una estrategia diseñada por el Estado, es decir, por los gobiernos del periodo, con sus agentes como brazos ejecutores, con el objetivo de truncar las veleidades rupturistas de aquellas formaciones políticas que procedían del antifranquismo. Pero, según nuestro criterio, la responsabilidad de los errores y de los crímenes cometidos por los funcionarios policiales sí que corresponde al Estado. La inacción de aquellos que tuvieron en sus manos evitar la perpetuación de excesos y violencias, los hace necesariamente responsables de las cifras que exponemos. Una situación que se vería acentuada por la impunidad de la que, de forma general, gozaron los agentes perpetradores de tales acciones violentas. Un análisis que no es óbice para afirmar que la durísima represión ejercida durante el primer semestre de 1976, con el Gobierno encabezado por Arias Navarro y Manuel Fraga Iribarne en el Ministerio de la Gobernación, tenía la intención de dejar claro a la oposición que sus anhelos rupturistas iban a encontrar una contundentemente respuesta. El mismo Fraga lo dejaba bien claro cuando hablaba de poner coto a los intentos de aquellos que según su criterio intentaban «volcar el carro» y «crear las condiciones para un Gobierno provisional, del tipo de abril de 1931».

Tal como hemos citado, algunos autores al referirse al ámbito que nos ocupa utilizan la expresión terrorismo de Estado, englobando a las víctimas de la violencia policial en las que perecieron como resultado de las acciones llevadas a cabo por el terrorismo ultraderechista – parapolicial y con la denominada guerra sucia antiterrorista. No creemos que sea la terminología adecuada, ni que se deban sumar todas las víctimas de estos tres ámbitos de violencia política. Si nos ceñimos a la definición que nos ofrece la RAE de terrorismo, no podemos considerar que el tipo de violencia policial que nos ocupa pueda responder a esta acepción, por el hecho de no tratarse de una «dominación por el terror» o una «sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror», que serían llevados a cabo por «bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos». Lo cual, tal como hemos afirmado, no sería óbice para hacer responsable al Estado de su práctica y consecuencias.

Uno de los aspectos claves a la hora de afrontar el tema axial de este trabajo es dilucidar bajo qué parámetros se debe considerar como víctima de un exceso policial el fallecimiento de una persona. Es decir, establecer con precisión unos criterios, tal como hemos apuntado anteriormente. Desde nuestro punto de vista, no tiene sentido contabilizar de forma indistinta a todos los que murieron como resultado de una actuación policial. Creemos que es fundamental tener en cuenta los dispares contextos en los cuales se produjeron los sucesos que provocaron pérdidas de vidas humanas. Este es uno de los aspectos que más condicionan las obras que han tratado este tema hasta el momento, el cual dificulta que los datos y las cifras establecidas por cada uno de estos estudios puedan ser objeto de una comparación adecuada, tal como veremos a continuación. El criterio que hemos utilizado y que estimamos que debería ser la referencia para todo análisis al respecto, es el que incide en la legitimidad del uso de la fuerza por parte de los agentes implicados, independientemente de la condición de la persona que fuera objeto de su aplicación. Este sería para nosotros el aspecto esencial a tener en consideración y, en consecuencia, lo hemos aplicado, caso a caso. Así, se ha analizado el contexto y el momento preciso de cada acción policial, intentando ajustarlos a los parámetros de una praxis que hubiera tenido que estar basada en criterios de moderación y proporcionalidad, con el objetivo supremo de evitar daños irreparables, tanto de forma directa como indirecta. A diferencia de otros autores, en nuestro estudio hemos descartado aquellos casos en los que los policías y los guardias civiles estaban legitimados para el uso de la fuerza al enfrentarse a delincuentes, incluyendo bajo este criterio a los terroristas, que estaban arma-dos y ponían en peligro tanto su vida como la de posibles transeúntes en el lugar de los hechos. Esta circunstancia no siempre es fácil de discernir, ya que tal como se pondrá de manifiesto a lo largo de este trabajo, las versiones policiales en referencia a hechos en los que se producían víctimas como resultado de una actuación policial, muy a menudo faltaban a la verdad.

La obra se inicia con un capítulo a lo largo del cual se reflexiona sobre algunos aspectos claves de la Transición, especialmente aquellos que tienen relación directa con la temática que es el núcleo de su contenido. A continuación, en un segundo apartado, analizamos la evolución de los cuerpos policiales durante la Transición, protagonistas necesarios del relato. Buceamos en sus orígenes y ponemos sobre la mesa la falta de la necesaria transformación que hubiera tenido que realizarse en sus filas a lo largo de aquellos años. Pero la ausencia de toda depuración en los cuerpos policiales, al lado de una notable falta de decisión y coraje por parte de los responsables políticos, hicieron del ámbito policial una de las tachas más lacerantes del proceso democratizador. A continuación dedicamos tres capítulos mono-gráficos a cada uno de los ámbitos en los cuales se produjeron las 134 víctimas mencionadas: gatillo fácil, represión en la calle y torturas. En ellos se expondrá un marco teórico de cada apartado, para explicitar los criterios utilizados y aportar las correspondientes cifras, debidamente analizadas y contextualizadas. Para concluir con un apartado de conclusiones y un anexo donde se relacionan el total de las víctimas, aportando una información básica sobre cada una de ellas. Un segundo bloque de la obra lo comprendería el anexo digital que la acompaña. En este es posible acceder a una ficha individualizada de cada víctima, numeradas del 1 al 134 en función de su ámbito y la misma cronología de los hechos. Así, las víctimas de la práctica del gatillo fácil comprenden el anexo digital 1, las fichas 1-91; en el anexo digital 2 encontraríamos a las de la represión de las movilizaciones en la calle del 92 al 129, y, finalmente, en el anexo digital 3 a las de la práctica de la tortura, de la 130 a la 134. A continuación se aporta un cuarto anexo digital en el que se incluyen los cinco casos dudosos localizados, para finalizar con un último y quinto anexo digital, en el cual se exponen aquellos casos que habitualmente se incluyen en las relaciones de la violencia policial durante la Transición, y que no están relacionados a este tipo de casuística. Son los casos descartados.

En primer lugar, nos encontraremos con el grupo de víctimas más numeroso, con 91 casos, al que denominamos de «gatillo fácil», que, a su vez, será dividido en tres categorías con el objetivo de profundizar en la capacidad de análisis. En segundo lugar, abordamos el apartado que denominamos de la represión en la calle, que se cobró 38 víctimas; es decir, las que se produjeron como resultado de la actuación policial contra todo tipo de movilizaciones, especialmente manifestaciones y, en mucha menor medida, conflictos laborales y sindicales. Y en tercer y último lugar, analizamos a las cinco víctimas que se produjeron como resultado de ser sometidas a torturas. Respecto a los capítulos donde se hace una relación individual de cada víctima, cada caso se inicia con una ficha identificativa común, que va seguida de un relato individualizado en el cual, no solo se explica el suceso en concreto, sino que intentamos que este sea debidamente contextualizado, siempre y cuando las fuentes disponibles lo permitan.

En aquellos sucesos en los cuales se produjo más de una víctima, se ha optado por agruparlas en una única ficha-relato. Respecto a los casos que tuvieron un mayor eco y repercusión política y social, hemos intentado que cada relato adquiera entidad propia, siempre insertado en el marco general de la obra. Finalmente, completaríamos la monografía con un capítulo de conclusiones.

Para conducir a buen fin los presupuestos iniciales de esta obra, se han depurado las cifras y relaciones existentes hasta el momento, contrastando y excluyendo los casos que no se ajustan a los requisitos requeridos según los criterios que hemos aplicado y que serán debidamente explicitados. Una vez analizados los casos y cuantificado el volumen de víctimas, nos hemos encontrado con cinco casos que nos han planteado dudas respecto a la idoneidad de incluirlos en la relación final que hemos elaborado. La información que hemos localizado no nos permite un juicio claro al respecto, a pesar de ser estos nombres habituales en las listas de víctimas de la violencia política durante la Transición. En consecuencia, hemos optado por incluirlos en un primer anexo de casos dudosos, a la espera de conseguir nuevas fuentes o de futuras investigaciones. En el caso de que se llegara a comprobar que estas muertes se debieron a excesos policiales, harían que la relación final se incrementara entre un 0,7 % y un 3,7 %. Igualmente, se ha confeccionado otro anexo en el que exponemos aquellos seis casos que a pesar de ser reiteradamente incluidos como víctimas de la represión policial, no lo fueron y, por tanto, no estaría justificado que fueran incluidos en las listas a tal efecto.

Para elaborar esta monografía, se ha construido una base de datos a partir de un trabajo lo más exhaustivo posible de las informaciones y las cifras sobre la cuestión que nos ocupa, y que constituye un instrumento esencial de esta investigación. La prensa de la época más utilizada ha sido especialmente El País, La Vanguardia, La Gaceta del Norte y ABC, entre otras muchas. Igualmente, también han sido de gran utilidad las publicaciones periódicas, como, por ejemplo, Cambio 16, Triunfo e Interviú, así como otras de orden institucional en el ámbito del País Vasco, la comunidad española más afectada por la violencia política y donde el impulso memorialista es más notable. Además, se ha vaciado de manera sistemática la extensa bibliografía con la que se cuenta sobre la Transición, desde las que hacen referencia al tema que nos ocupa de forma primordial, a una mayoría, que lo cita de forma más colateral. Finalmente, en algunos casos se ha tenido acceso a información primaria, tanto a partir de archivos como por la gentileza de familiares de víctimas o asociaciones en el ámbito de la memoria histórica. La dispersión geográfica de las víctimas y su volumen ha representado un problema para acceder a una mayor cantidad de fuentes de estas características, que por lo que hace referencia al ámbito de los archivos, se ha visto agravada por una legislación española lamentable-mente restrictiva a la hora de permitir el acceso, en este caso a los fondos policiales. Esperamos que el trabajo realizado en su conjunto haya sido capaz de subsanar estas limitaciones.

Nicolás Sartorius y Alberto Sabio afirman, y nosotros suscribimos, que «la democracia española no fue una democracia otorgada, sino conseguida con evidente esfuerzo y abundante riesgo y sacrificio». Y quienes pagaron un precio más alto, fueron las decenas de ciudadanos que perdieron su vida a lo largo de aquellos años, como resultado de la violencia de índole política. Desde un punto de vista cuantitativo, las cifras producidas por los efectos del terrorismo, especialmente de ETA, pero no solo de esta organización, son sobrecogedoras. Pero en pie de igualdad con ellas, también han de ser incorporadas las víctimas de la violencia policial. Todas ellas merecen por igual el respeto y el reconocimiento colectivo de la sociedad. Más allá de las cifras, deben ser visibles. Una vez transcurridas más de dos décadas del siglo xxi, consideramos que las más de ciento treinta víctimas incluidas en esta monografía todavía no han conseguido ser conocidas y reconocidas en la sociedad como merecen. Una circunstancia que, más que poner de manifiesto la larga sombra de la dictadura, lo que hace es exponer con toda su crudeza una de las insuficiencias más graves de la actual democracia.

Respecto al tema de las víctimas de la violencia policial durante la Transición que son objeto de estudio, hay que poner de manifiesto una obviedad: es una casuística que no parte de cero, ya que durante la dictadura fueron numerosas las víctimas que se produjeron bajo los tres conceptos estudiados. No disponemos de cifras al respecto de forma global, pero la brutalidad policial con sus consecuencias letales formaba parte consustancial de la trayectoria del régimen y del trato que daba a los miembros de la oposición. Una violencia que no solo afectaba a estos, sino que por su transversalidad también se cobraba víctimas al margen del contexto político. Así, una extendida práctica del gatillo fácil consideraba, por ejemplo, que un agente podía abatir a un delincuente, presunto o no, independientemente que estuviera o no armado o bien huyera, entre otras tipologías en este mismo ámbito. Este es, sin duda, el ámbito de más difícil cuantificación, debido tanto a la arbitrariedad con el que se aplicaba como por la dificultad de localizar a las víctimas, sin ningún eco en la prensa del momento ni respaldo por parte de organización alguna. Igualmente, la tortura y los malos tratos fueron una práctica cotidiana en las dependencias policiales, ya que tal como señala César Lorenzo no era «obra de unos pocos agentes del orden, sino de los diferentes cuerpos policiales, militares, de vigilancia penitenciaria… Sus autores no actuaron a su libre albedrío, sino dentro de un sistema que les daba amparo y cobertura. La Brigada Político Social, epítome de la represión política, contó con la colaboración de médicos forenses, secretarios, jueces y fiscales; quienes, a su vez, aplicaron leyes y normativas dictadas por unos gobiernos conscientes y responsables del uso que se les dio». Una práctica que, a pesar de la alta especialización a la que llegaron sus perpetradores, se cobró un buen número de víctimas mortales. Pero, sin ninguna duda, el ámbito en el cual encontramos en las postrimerías de la dictadura un repunte más acentuado de víctimas de los excesos policiales, lo encontramos en el ámbito de la represión de las movilizaciones en la calle. Estas, protagonizadas por trabajadores y estudian-tes, se acentuaron de forma exponencial a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta. De hecho, no tenemos constancia de que se produjera ningún tipo de muerte en este apartado desde la barcelonesa huelga de los tranvías de 1951 hasta 1969. En esta fecha hubo dos fallecidos en la localidad vizcaína de Erandio, que fueron el punto de partida de un reguero de víctimas que acabaría por cobrarse, según nuestro cálculos, un total de 14 muertos a manos de la policía hasta la muerte del dictador.

Por lo que respecta a las víctimas de la violencia policial durante la Transición, hasta la fecha no contamos con ningún trabajo que las recopile de forma exhaustiva y detallada. En las páginas siguientes intentamos subsanar esta deficiencia. A pesar de que existen monografías muy valiosas respecto de algunos de los casos presentados, la mayoría de las víctimas aquí tratadas son como mucho un nombre en una relación o un apunte en una web memorialista con ocasión del aniversario de la defunción. En el capítulo siguiente analizaremos y compararemos las distintas aportaciones realizadas hasta el momento.

Para concluir este apartado introductorio, añadamos algunas precisiones más respecto a la elaboración de este trabajo. Con la intención de permitir una lectura más ágil del texto, hemos optado de forma premeditada por unas notas a pie de página que, salvo en unas pocas excepciones, solo incluyan la referencia de la fuente citada o de necesaria mención aclaratoria. Respecto a la división administrativa utilizada, esta será la de las comunidades autónomas, al estar el lector más habituado a la misma y no representar un cambio sustancial en relación con los resultados que se presentan, a pesar de que su definitiva configuración se realizó fuera del marco cronológico de la Transición. Por lo que respecta a la cronología, hemos optado por presentar los casos a todos los efectos por la fecha en que sucedieron los hechos, independientemente de que las víctimas fallecieran días, semanas o incluso meses después de tener lugar el suceso, ya que consideramos que de este modo se ofrece una imagen más precisa de la dinámica represiva policial. Y, finalmente, concretemos que en todos los cálculos estadísticos se ha utilizado como referencia la cifra de 134 víctimas, que es la que reflejaría desde nuestro punto de vista todos los casos que consideramos que no ofrecen ninguna duda para ser incluidas en alguna de las tres categorizaciones utilizadas.

A pesar del esfuerzo realizado para su confección, la relación de víctimas, que es el eje de este trabajo, no se puede dar por cerrada. Más allá de esclarecer los casos calificados como dudosos, es muy probable que se produjeran más víctimas de la violencia policial durante la Transición. En los apartados correspondientes, señalamos aquellos ámbitos que consideramos que pueden ser susceptibles de ser ampliados. Ante cualquier error u omisión, en ellas y en el conjunto de la obra, el autor es el único responsable.

* * *

A lo largo de los años de elaboración del presente trabajo, muchas personas han acompañado el mismo, resultando imprescindibles para su desarrollo y finalización. A todos ellos mi sincero agradecimiento, ya que sus diversas aportaciones han resultado fundamentales para culminar un proyecto en el cual, a menudo, los pequeños detalles son fundamentales. En primer lugar, a aquellos que con su testimonio han enriquecido el relato, en ocasiones desde el dolor, al ser algunos de ellos familiares o allegados de las víctimas protagonistas de estas páginas. Vaya para ellas mi respeto y consideración. En este ámbito quisiera hacer mención a Leocadia y Concepción Egea, José Antonio Giménez, María Luisa Iriarte Vañó, Robert Manrique, Elvira Mármol, Mikel Martín Conde, Marc Muñoz, Genís Ribé, Vicente, Matilde y María Teresa Rodrigo Knafo, Laura Santamaría y Joan Tardà. Igualmente, un trabajo de estas características está en deuda con la profesionalidad y buen hacer del colectivo de archiveros y bibliotecarios, en especial de Fonsanta Marmolejo y Lídia Martínez (CRAI – Biblioteca del Pavelló de la República), Juan Manuel García (Fundació Cipriano García), Miren Barandiarain (Lazkaoko Beneditarren Fundazioa), Isabel Guardiola (Hemeroteca Municipal de Valencia), Pilar Puerta (Archivo Municipal de Xirivella), Beatriz Pérez Sánchez (Archivo Municipal de Tudela). También desde el ámbito de organizaciones memorialistas he recibido materiales y apoyo, en especial por parte de Andoni Txasco (Fundación Martxoak 3 de Marzo) y de Rubén Marcilla (Sanfermines 78 Gogoan). Finalmente, desde el ámbito institucional, agradecer a Marian Sánchez (Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco) y a José María González y Blanca Burusco (Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra) la información facilitada.

A nivel más personal, muchos han sido los amigos que desde sus respectivas parcelas de conocimiento han hecho que todo fuera más fácil, así que moltes gràcies a Reyes Caparrós, Gabriel Cereceda, Pere Dalmases, Marta Lleonart, Gemma Pont y José Manuel Sánchez. Pau Casanellas ha tenido la paciencia de leer algunas de estas páginas en la recta final de su elaboración, aportando acertados consejos que solo han servido para mejo-rar esta obra. Igualmente, agradecemos en su doble condición de amigos y eminentes colegas, a Manel Risques y Javier Tébar su apoyo, críticas y orientaciones a lo largo de los años de elaboración de Las otras víctimas. Sin su generosidad, el camino se hubiera hecho mucho más largo. Y last, but not least, agradecer a Magui su infinita paciencia y apoyo constante.

Índice de la obra

1. Introducción
2. ¿Modélica o inmodélica?, ¿pacífica o violenta?
3. La policía: una herencia indigesta
4. El «gatillo fácil»
5. La represión en la calle
6. La tortura
7. Conclusiones
Fuentes y bibliografía
Anexo I. Víctimas de la violencia policial durante la Transición
(1975-1982)
Anexo II. Fichas de las víctimas

Introducción e índice del libro de David Ballester Las otras víctimas. La violencia policial durante la transición (1975-1982). Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2022.

*David Ballester es doctor en Historia Contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona. Autor de Vides truncades. Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya (1964-1980), Valencia, 2018 y Corre democràcia, corre. Mobilització i repressió a la Catalunya de la transició (1975-1980), Barcelona, 2019 (coautor con Manuel Vicente).

Portada: entierro de varias víctimas de la intervención de la policía armada en Vitoria, el 3 de marzo de 1976, que causó cinco muertos (foto: Efe)

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