¿Cuánto dinero público ha costado en España la compra y uso del software Pegasus para espiar durante años dirigentes políticos y activistas independentistas, abogados y periodistas ? ¿Cuánto dinero ha costado la intromisión fraudulenta durante tanto tiempo en todas sus comunicaciones privadas, profesionales y personales, con un propósito político? La pregunta hace mal responder, porque la compañía israelí NSO , propietaria de Pegasus, no hace público el precio del servicio a sus clientes, que son exclusivamente los estados. Pero se han ido difundiendo datos de pagos en algunos países donde también se ha utilizado Pegasus que permiten ver qué gasto tan enorme hay detrás, que seguramente sobrepasa con creces el dinero destinado a fondos reservados en el presupuesto español. El coste se puede contar en decenas de millones de euros, y la incógnita es de dónde ha salido todo ese dinero.

De entrada hay que dejar claro que el grupo de investigadores de Citizen Lab apuntan directamente al gobierno español como responsable de este espionaje hecho público ayer, también en un extenso reportaje en The New Yorker . Porque, a quien sino en España le puede interesar infectar el móvil de Jordi Sànchez cuando era presidente de la ANC, entre abril del 2017 y octubre de ese año, con un intento de entrar en el dispositivo el Primero de Octubre por la mañana, ¿cuándo abrían los colegios electorales? O a quien podía interesar acceder al móvil de Txell Bonet , pareja de Jordi Cuixart , justo en la fase final del juicio contra el proceso, en junio de 2019, cuando el expresidente de Òmnium se preparaba su última intervención en el Supremo español; o de infectar el móvil de Marcel Mauri a finales de octubre de 2019, en medio del estallido de las protestas contra la sentencia…. Y el caso de Gonzalo Boye , a quien consiguieron infectar el móvil el 30 de octubre de 2020, dos días después de las detenciones de la operación Vólkhov, una de las cuales fue de uno de sus clientes, Josep Lluís Alay .

Por todo ello Citizen Lab afirma que existe un amplio abanico de conexiones que llevan a uno o más organismos del gobierno español como responsables de este espionaje a gran escala, y los resume en estos puntos: “Los objetivos eran de un interés obvio para el gobierno español; el tiempo concreto en el que se intentan las infecciones tiene que ver con eventos de un interés obvio para el gobierno español; el uso del contenido utilizado como señuelo en los SMS enviados sugiere el acceso a información personal de los objetivos, como los números del carné de identidad del gobierno español; y el CNI ha sido, al parecer, cliente del grupo NSO, y el Ministerio del Interior tiene una capacidad similar.”

Y más aún: “Pensamos que es improbable que un cliente de Pegasus que no sea español lleve a cabo una acción de captación tan amplia en España, utilizando SMS y, a menudo, haciéndose pasar por autoridades españolas. Una operación clandestina de este tipo, de varios años de duración, especialmente con personalidades de alto rango, tiene un gran riesgo de ser descubierta por las autoridades, y seguramente tendría unas graves repercusiones diplomáticas y legales para una entidad gubernamental no española.”

El precedente importante de México

No se sabe el precio para disponer del servicio de Pegasus. New York Times accedió a documentación interna de NSO en 2016, según la cual por 650.000 dólares se podían intervenir diez números de teléfono, a los que había que sumar medio millón de euros de cuota de instalación. Estos mismos documentos internos, con fecha de 2013, indicaban que el gobierno de México pagó entonces quince millones de dólares por tres proyectos durante tres años. Pero son datos de hace muchos años, y los hay más recientes que indican costes muy superiores.

Las vías de pago de las licencias de Pegasus también son desconocidas . Y en cada estado donde se han destapado casos de espionaje los métodos pueden variar, por eso son difíciles de identificar. A menudo, los pagos quedan camuflados en sobrecostes de partidas presupuestarias para pagar servicios a empresas que actúan de pantalla de NSO. Estas empresas seguramente cobran también comisiones que hinchan aún más el precio final de un estado que adquiere el software. Es el método que se utilizó en México, y que puede servir de orientación para el coste que puede haber tenido el uso de Pegasus a gran escala contra el independentismo catalán. Tanto por el número de objetivos del espionaje como por los años de utilización del software, que en el caso español se concentra sobre todo entre 2017 y 2020, aunque hay documentado un intento de entrada en el dispositivo de Jordi Sànchez en 2015, y en 63 casos contrastados por Citizen Lab. Ahora, los investigadores dicen que hay que tener en cuenta que en España existe un predominio muy elevado de dispositivos Android, y que las herramientas de análisis forense de que dispone Citizen Lab para examinar los móviles infectados son mucho más desarrolladas por a sistemas iOS de Apple. Por tanto, sospechan que el número de afectados todavía podría ser mucho más alto .

El uso de Pegasus por las autoridades mexicanas durante siete años ha sido muy documentado, prácticamente desde que se empezó a comercializar este software en agencias gubernamentales, del 2012 al 2018, durante el gobierno de Felipe Calderón y sobre todo el de Enrique Peña Nieto . Por ejemplo, en torno a las elecciones del 2018, en las que ganó López Obrador , el órgano encargado de la gestión de las prisiones federales adjudicó seis contratos por 1.631 millones de pesos (71 millones de euros) a empresas del ciudadano israelí Uri Emmanuel Ansbacher, quien fue quien vendió el software de Pegasus al gobierno de Peña Nieto.

Pero el volumen de dinero público desviado para disponer del programa es mucho más alto . Según explicó el pasado verano la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de este país, el coste total de Pegasus en las arcas públicas durante todos estos años asciende a unos 6.000 millones de pesos, unos 280 millones de euros , pagados a la compañía israelí mediante transacciones en varias empresas pantalla que trabajaban en México. La relación de contratos , exhaustiva, la tienen publicada en la web desde julio del año pasado. Otra información del New York Times , de julio del 2017, calculaba que hasta entonces el gobierno mexicano había pagado ochenta millones de dólares en software espía.

Las empresas pantalla

Éste es el procedimiento documentado en México, un caso singular tanto en cuanto al número de objetivos de espionaje en el curso de los años, con decenas de afectados, como porque el caso es bajo investigación judicial y las autoridades del país han comenzado hacer públicos los mecanismos opacos de financiación. Había una trama de empresas pantalla extraordinaria, que funcionaba para desviar dinero público a la compra de las licencias y renovaciones del software. Una de estas era KBH Track, que según la información de las autoridades mexicanas tenía contratos de todo tipo, suscritos con el ejército, para el suministro de aceite de motor, pellets, sal y juguetes para el día de Reyes … El ejército, la agencia federal de espionaje y la vieja fiscalía eran los organismos que principalmente realizaban estas contrataciones para el desvío de fondos. Una razón de peso que explica la desidia y la lentitud de la fiscalía a la hora de investigar esta trama. No fue hasta la llegada del nuevo gobierno y el cambio de fiscalía que se ha acelerado.

Los fondos reservados españoles, 27 millones

El precedente mexicano da una idea del coste para el erario público de un estado que ha utilizado Pegasus de forma intensiva durante siete años contra opositores políticos, periodistas, activistas, investigadores… Y estos datos permiten ver que no lo habría suficiente con el dinero de los fondos reservados previstos en el presupuesto español para financiar este espionaje a gran escala y con esta intensidad. Porque esa partida es de 27 millones de euros, una cantidad muy por debajo de lo que seguramente puede haber costado el espionaje a los independentistas catalanes, si comparamos este caso con el referente mexicano.

Los fondos reservados son regulados por una ley , que establece su carácter secreto y que limita la posibilidad de hacer uso de estos fondos a los ministerios de Asuntos Exteriores, de Defensa y de Interior, además del CNI. Los titulares de estos ministerios son quienes deciden qué uso hacen, que sólo puede tener por objetivo lo que dice el artículo primero de esta ley, es decir, que sean “para la defensa y la seguridad del estado”.

Pegasus puede haber sido pagado por fondos reservados. Sería una posibilidad. Pero la partida de 27 millones de euros (una cantidad que lleva tres años sin variar), un 71% de la que (19,8 millones) va destinada al CNI, parece insuficiente. De hecho, hace tres años que no existe ningún tipo de control sobre el uso de este dinero, porque la comisión del congreso español encargada de hacerlo, la Comisión de Secretos Oficiales, no se reúne desde el abril del 2019. La ley prevé que los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores y de Interior pasen cuentas, pero a puerta cerrada, y con la prohibición de que los miembros de la comisión digan nada públicamente. Es el pleno quien designa a los diputados miembros, pero es necesaria una mayoría cualificada, es decir, el voto de un mínimo de 210 diputados, o, dicho de otro modo, que PSOE y PP se pongan de acuerdo . Y es aquí donde estamos, en el veto del PP a designar a diputados de partidos como los independentistas catalanes o vascos.

En todo caso, los diputados miembros de la comisión tienen la obligación de mantener el secreto de las explicaciones que den los ministros sobre el destino de ese dinero. Si los menos de treinta millones anuales de fondos reservados son insuficientes para financiar el coste del espionaje del CatalanGate, ¿de dónde sale el dinero? México señala una posibilidad: el desvío de fondos públicos en una serie de partidas presupuestarias hinchadas. Podría haber más. Pero debería haber una investigación a fondo para determinarlo, como ha ocurrido en México. Sin embargo, ahí se encarga la fiscalía renovada. Y en España, ¿quién lo hará?

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Fuente → vilaweb.cat 

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