Una narración sobre republicanismo y una oportunidad perdida / Julen Bollain, Daniel Raventós 

Esta semana se ha conocido el criterio del Gobierno Vasco sobre la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la creación de una Renta Básica Incondicional en Euskadi. Un criterio desfavorable que el Gobierno Vasco justifica porque la ILP “ignora” el estado “muy avanzado” del proyecto de ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión —que incorporará el Ingreso Mínimo Vital—, quedando, por lo tanto, “desfasada". Según el ejecutivo de Lakua, el proyecto legislativo que prepara “reforzará el modelo social vigente” en Euskadi. Un modelo social que, en palabras del portavoz del Ejecutivo, Bigen Zupiria, es “un modelo de éxito”. Una afirmación que se entiende sea hecha por quien ha defendido y practicado este modelo hace tres décadas. Sin embargo, los datos no siempre sustentan tan categóricas afirmaciones políticas. Si alzamos la vista más allá del “éxito” y analizamos los datos ofrecidos por la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales —en adelante, EPDS— que publica bienalmente el Gobierno Vasco, podremos observar que este “modelo de éxito” es más un deseo que una realidad.

Datos

A partir del año 2008 se da un aumento nunca antes visto en el número de personas en situación de pobreza severa en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE), incrementándose dicho número un 57,5% en tan solo 6 años —llegando hasta las 104.943 personas—. Los datos del año 2020 también corroboran esta tendencia al alza y evidencian que de 2014 a 2020 el número de personas en situación de pobreza severa ha incrementado un 26,87%: 132.173 personas frente a 104.177. Desde 2008, por su parte, un 98,64%.

Estos datos representan la cruda realidad de miles de familias con las que nos cruzamos a diario. La cruda realidad de 130.000 personas que en Euskadi sobreviven día tras día en situación de pobreza severa —frente a las 66.000 personas de 2008—, corroborando una vez más que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no consigue cumplir íntegramente sus objetivos. Porque, a pesar del éxito que propugnan algunos, la RGI no evita que el 20,25% de los hogares de la CAE se encuentren en riesgo de pobreza tal y como muestra la Encuesta de Condiciones de Vida. Más deseo que realidad este “modelo de éxito”.

Según los datos publicados en la última EPDS, la población en hogares en los que alguna persona accedía al sistema RGI/PCV/AES[1] se elevaba a 127.953 personas en 2020. Es decir, el 5,9% de la población de la CAE es beneficiaria, directa o indirectamente, del sistema de RGI/PCV/AES. Sin embargo, es importante señalar que de las 182.150 personas en riesgo de pobreza solamente el 70,2% fueron atendidas por el sistema, mientras que el 29,8% restante no conseguía acceder al mismo y se quedaba fuera de toda cobertura.

Aun así, queda fuera de toda duda que el sistema de prestaciones RGI/PCV/AES juega un papel significativo en el grupo de personas beneficiarias que consiguen superar la pobreza. Éste aporta un 20,6% de los ingresos del colectivo frente al 9,3% procedente del sistema de protección al desempleo y otras ayudas estatales o el 15% que corresponde a las pensiones. Sin embargo, no podemos obviar que el acceso al sistema RGI/PCV/AES en el año 2020 viene asociado a una superación de la pobreza real en el caso de solamente 60.647 personas, un 2,8% de la población de la CAE. Es decir, el 52,5% de las personas que fueron beneficiarias del sistema —67.306 personas, el 3,1% de la población de la CAE— y el 66,7% de la población en riesgo de pobreza —121.503 personas, el 5,6% de la población de la CAE—, no consiguieron superar la pobreza real a pesar del sistema RGI/PCV/AES. Los datos muestran que el éxito del modelo es, como mínimo, cuestionable. Dicho lo cual, también es cierto que, si se compara con otros modelos de rentas condicionadas, el modelo vasco queda claramente aventajado. En comparación con lo aplicado en Andalucía, Cataluña, Madrid, Galicia o cualquier otra comunidad autónoma, el modelo vasco es indudablemente mejor. Si se compara con el Ingreso Mínimo Vital español también. Constataciones que no alteran nuestro cuestionamiento. ¿Es razonable catalogar como exitoso un modelo de protección social que deja sin cobertura a casi el 30% de la población vasca en riesgo de pobreza? ¿Es exitoso un modelo de protección social que no logra que el 52,5% de las personas que acceden a él consiga superar la pobreza? Y el modelo vasco no puede alegar que hay que darle tiempo, tiene ya más de 30 años de vigencia. Así que, una vez más, lo de “modelo de éxito” es más un deseo que realidad.

En vista de que después de más de 30 años de la existencia de rentas mínimas condicionadas en la CAE los resultados son los anteriormente descritos, surgió la idea de impulsar la ILP para la creación de una Renta Básica Incondicional en Euskadi. Una ILP en la que se propone el establecimiento de una renta básica incondicional al menos igual al umbral de la pobreza y financiada a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi a toda la población. Es más que significativo, además, que entre los impulsores se encuentren muchas personas que han asesorado y acompañado durante décadas a solicitantes de los subsidios condicionados del “modelo de éxito”.

La presentación de la ILP, en rueda de prensa ante la Mesa del Parlamento Vasco, se realizó hace ya más de un año, el 18 de febrero de 2021. Posteriormente, y tras el visto bueno de la Junta Electoral, el 18 de septiembre de 2021 dio comienzo la recogida de firmas. Para que una ILP sea llevada a discusión parlamentaria y que sea el propio pleno del Parlamento Vasco quien vote si acepta su admisión a trámite o no, ésta debe reunir al menos 10.000 firmas en los cuatro meses que dura la campaña. En este caso, y tras cumplir el objetivo el 21 de diciembre de 2021, el número final de firmas logrado dobló el mínimo exigible para su debate parlamentario, alcanzando las 22.075.

Una vez recibida la validación de las firmas recogidas por parte de la Junta Electoral y posterior presentación de la iniciativa en el Parlamento Vasco, la promotora comenzó las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios. Como resultado de estas reuniones, los grupos parlamentarios EH Bildu y Elkarrekin Podemos dieron su visto bueno a la admisión a trámite de la ILP. EH Bildu sí ha dado algún paso en la dirección de una renta básica durante esta legislatura, exactamente el 15 de abril de 2021 cuando propuso como punto de partida una renta básica de emancipación para la juventud de entre 18 y 23 años.

Apoyos baratos

La ausencia de Elkarrekin Podemos en el impulso de iniciativas o acciones relativas a la renta básica, por su parte, sí es llamativa. Y es que ha pasado de ser la coalición que abanderaba la lucha por la renta básica entre los años 2016 y 2020 a no tener, públicamente al menos, posición alguna. Sin ninguna duda, es realmente positivo que se defienda la renta básica aunque la lejanía del poder en Euskadi de ambas organizaciones es dilatada. Diferente es la situación de Unidas Podemos de ámbito estatal que “toca gobierno”, porque, pinte más o menos, lo cierto y elegido por esta misma fuerza política es que está en el gobierno español. Y Unidas Podemos no contempla la renta básica, sólo las rentas garantizadas para pobres conocidas. Realidad que nos vuelve a recordar la advertencia de Van Parijs y Vanderborght cuando hablan del “apoyo barato” de algunos partidos a la renta básica cuando están muy lejos del gobierno. Y la falta de apoyo cuando están cerca. Afortunadamente, no siempre se cumple. En Cataluña es conocida la defensa sin fisuras de la renta básica de la CUP, que no está en el gobierno, y el plan piloto proyectado en esta nación y que debe ponerse en funcionamiento a finales de 2022, esta vez sí, por el gobierno de la Generalitat con mayoría de ERC. Alguien con buena o mala intención puede alegar que un plan piloto no es una aplicación de la renta básica para el conjunto de la sociedad. Afirmación que nadie podrá negar por su inmensa trivialidad, pero querer realizar un plan piloto por parte de un gobierno es mucho más interesante para el futuro de la renta básica que no tenerlo ni en el programa de un partido o partidos que están en el gobierno.

Los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno Vasco —PNV y PSE—, por su parte y como es lógico, supeditan su voto al criterio del Gobierno que, en este caso, ha sido negativo. ¿Esperado? Puede ser. ¿Paradójico? También. Porque no debemos olvidar que en el programa político con el que se presentó el actual presidente del gobierno del reino de España, Pedro Sánchez, a las primarias del PSOE en el año 2017 —y el PSE es el PSOE en la CAV—, apuntaba que “es inevitable valorar la pertinencia de fórmulas viables relacionadas con una renta básica universal”. Apoyo barato. Una vez conseguido el gobierno, todo quedó en el Ingreso Mínimo Vital. Un abismo. Asimismo, debemos recordar que el actual consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, votó a favor de la resolución 2197 adoptada en 2018 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la que se animaba a que los 47 Estados miembros impulsaran actuaciones que permitieran comprobar si la renta básica posibilitaba avanzar en el logro de los derechos y la cohesión social. Otro apoyo barato, efectivamente.

Los subsidios condicionados y la renta básica: dos concepciones

El problema (o problemas) del modelo vasco es común a la lógica de los subsidios condicionados. Las características de estos subsidios los hacen ser objeto de conocidísimos y graves defectos que han sido explicados en multitud de ocasiones por muchísimos autores. Nosotros lo hemos explicado con detalle también y aquí solamente los enumeraremos: trampa de la pobreza, costos grandes de administración y gestión, insuficiente cobertura y el non-take-up (definido como la no solicitud de ayudas sociales por parte de personas o familias que entrarían en el grupo de personas que reunirían las características para tener derecho). Limitaciones inmensas que, por importantes que sean, son estrictamente técnicas. La renta básica supera todos estos problemas con holgura, especialmente algunos que simplemente desaparecerían: la insuficiente cobertura y el non-take-up. Esto también es conocido, pero no acaban aquí las diferencias de los subsidios condicionados con la renta básica. Para nosotros hay una gran diferencia de concepción. Significativamente opuestas, si se parte de una concepción republicano-socialista de la libertad como la nuestra. Así como los defensores del liberalismo realmente existente consideran que los subsidios condicionados son justificables (hasta el PP los justifica), la renta básica no lo es. Según su concepción de la sociedad, los subsidios condicionados les cuadran, no así la renta básica. Por nombrar solamente un ejemplo de los muchos que podríamos citar. Uno de los subsidios condicionados estándar, la renta de inserción, merece el siguiente comentario por parte de Juan Ramón Rallo, un autor que se autocalifica de liberal auténtico, en un libro cuyo título (Contra la renta básica) no ofrece dudas de las intenciones argumentativas del autor: “la renta de inserción pretende lograr que una persona supere el estado de necesidad extrema (sic) en aquellos contextos en los que no existe otra alternativa para ello” —lo que es francamente una muestra de la obsesión pro-condicionantes del autor, si bien lo de extrema es insuperable—. Sigue nuestro liberal: “la renta básica, en cambio, se dirige a proporcionar un ingreso a cada ciudadano al margen de su contribución a la hora de producir ese ingreso; es decir, la renta básica busca separar ingreso de producción”. Dos páginas más adelante el autor liberal remacha la cuestión al considerar que la “renta de inserción es un paliativo transitorio, condicionado, resarcible y extraordinariamente dirigido a superar un estado de necesidad”. Por eso los subsidios condicionados, y cuanto más condicionados mejor, son tan apreciados por el liberalismo. Friedrich Hayek, maestro de liberales, siempre defendió las rentas mínimas condicionadas, pero no la renta básica. Hayek extremaba la condicionalidad a “enfermos, ancianos, impedidos físicos o mentales, viudas y huérfanos”.

Quien no puede aguantar el test de la mirada (en afortunada expresión de Philip Pettit) porque no puede mirar directamente a la cara de la persona a la que se pide, mendiga, suplica… no tiene una vida que podamos llamar libre, por laxa que sea la concepción que se tenga de la libertad. La súplica no tiene lugar entre personas libres. Una vida libre no debe ser suplicada. Quien suplica pide algo con docilidad. La súplica supone sumisión, mirar al suelo, inclinar la cerviz. Implica miedo, miedo por la existencia, miedo de quien puede decidir la vida por ti, miedo a la arbitrariedad, miedo a no poder decidir la vida soberanamente. El miedo y la libertad no van ni pueden ir de la mano.

Son muchas las personas que deben suplicar. Por ejemplo, las personas que, si pierden el empleo, suplican que las instituciones políticas tengan a bien designarlas como legítimas destinatarias de las políticas públicas diseñadas para asistir a quienes cayeron en el abismo de la pobreza y de la exclusión; y que deben suplicar ya como pobres que estas prestaciones condicionadas, sean monetarias o en especie, lleguen sin demasiados rigores, sin demasiados mecanismos coercitivos y disciplinantes. Porque en palabras de la escritora Sara Mesa, “[a los pobres] los queremos beatíficos, agradecidos, puros de corazón, impecables. Que no digan una palabra más alta que otra. Que den siempre las gracias y no insistan. Que se acerquen un poco, pero que se retiren enseguida. Que gasten nuestras limosnas en lo que nosotros decidamos que se las deben gastar. Que no haya ni una sola mancha en su pasado, ni un desliz”. Al fin y al cabo, los pobres son suplicantes.

Creemos que la diferencia fundamental entre la renta básica y los subsidios condicionados se expresa en términos de libertad. La lógica de los subsidios condicionados no es otra que la ayuda ex-post a quienes han fracasado, a quienes han caído y pueden demostrarlo ante la burocracia estatal. Efectivamente, a los que han fracasado, sea porque se han quedado en el paro; sea porque, pese a trabajar remuneradamente, no alcanzan el umbral de la pobreza —en el reino de España, esta es la realidad de aproximadamente el 15% de los trabajadores asalariados, cerca de 3 millones de personas—; sea por circunstancias que poco tienen que ver con su elección, constituyen todas estas personas un grupo de legítimas “merecedoras” de tutela ex-post. Los programas condicionados para pobres parten implícitamente de una concepción sobre la existencia material muy determinada. Todo el recorrido de los subsidios condicionados es conocido y muy sufrido por los suplicantes. ¡Qué concepción más estrecha y mezquina de la libertad puede justificar que estos suplicantes son libres! Con la renta básica se abraza la lógica incondicional de las medidas que entran en vigor ex-ante, como derechos de ciudadanía. Garantizar la existencia material de entrada, por el mero hecho de ser ciudadanos y ciudadanas, o residentes tout court, de un mundo cuya riqueza ha sido producida socialmente y conviene repartir sin exclusiones, equivale a dar voz y voto a todas las personas para que puedan alzarse y poder negociar los términos de la interacción social de un modo tal, que permita desplegar vidas más libres. También se ha escrito en varias ocasiones: incondicionalidad significa poder de negociación, y poder de negociación supone mayores niveles de libertad efectiva para el conjunto de la población. La incondicionalidad es el lenguaje de los derechos humanos y de la ciudadanía democrática. La condicionalidad es el lenguaje de la súplica, la súplica de las 130.000 personas que en Euskadi sobreviven día tras día en situación de pobreza severa, y no son ni mucho menos las únicas personas que deben suplicar. El propósito de la renta básica, por utilizar de nuevo las palabras de Van Parijs y Vanderborght, “no es únicamente aliviar la pobreza, sino liberarnos a todos. No es simplemente una manera de hacer que la vida en la tierra les resulte tolerable a los indigentes, sino un ingrediente clave de una sociedad transformada y de un mundo que podamos desear”.

En Euskadi se ha perdido una oportunidad. Legítimamente cada grupo parlamentario votará lo que considere actualmente más idóneo para los intereses de la ciudadanía vasca, según su concepción de la libertad. Existe un debate que la sociedad vasca quiere tener la oportunidad de afrontar y que el Gobierno Vasco y la llamada “clase política” debiera verse interpelada y establecer los cauces necesarios para que este debate pueda darse en las mejores condiciones posibles. Un debate al que ha contribuido la voluntad de las 22.000 personas que apuestan por la renta básica en Euskadi. Y a buen seguro que no son las únicas.

[1] Este sistema incluye la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y Ayudas de Emergencia Social (AES).