Aprovechando que la opinión pública está absorta con las informaciones que nos vienen de la injustificada invasión de Ucrania por parte de Rusia y las dramáticas consecuencias, la Fiscalía General del Supremo ha metido de rondón, y tal como era de esperar, el archivo de las diligencias de investigación abiertas al todavía rey emérito.
Según el informe, se archiva el caso, no por no existir fundados indicios de delitos, sino porque han prescritos los hechos o porque cuando se originaron estaba protegido por la inviolabilidad como Jefe de Estado. Solo la prescripción de los hechos y la aplicación de forma muy dudosa, cuando no deshonrosa, de la prerrogativa inherente a la Jefatura del Estado de la inviolabilidad va a impedir que sentara sus eméritas posaderas en el banquillo de los acusados de regresar algún día de su exilio voluntario para huir de la quema.
La prescripción de un delito en el ordenamiento jurídico consiste en el desvanecimiento de la responsabilidad penal de quien hubiera cometido un hecho punible, debido al paso del tiempo entre que se actuó ilícitamente y la denuncia. La inviolabilidad, en el caso del monarca, es el privilegio en su calidad del Jefe de Estado en virtud de la cual no está sujeto a responsabilidad penal. Ambas figuras jurídicas no niegan la existencia de delito, tan solo eximen de responsabilidad penal del mismo.
Por todo ello, los voceros defensores de lo indefendible en todo lo concerniente a las andanzas y negocietes del emérito y los negacionistas acerrimos de la culpa de sus ilícitas actividades, han quedado retratados en su ignominia, ya que su catadura moral y ética la han situado al mismo nivel de la de quien solo se ha librado del banquillo gracias a la prescripción y a una muy mal entendida inviolabilidad inherente a su cargo.
En lo que no debería salir exculpado el crápula emérito es del reproche social por su licenciosa, obscena, impúdica, depravada e impropia conducta de un Jefe de Estado que, igualmente debe ser extendida a gran parte de su familia que se han visto ampliamente beneficiada de la misma. Desde la propia emérita hasta hijos y nietos. Ella porque callaba para no poner en riesgo su estatus, pretendiendo pasar por la abnegada esposa y madre cuando a la vez recibía generosas y periódicas transferencias del crápula procedente de sus turbios negocietes. Su hija mayor disfrutando de aquellas “royal black target” con la que compraba vehículos de alto standing y hasta caros puras sangres a sus muy libertinos vástagos para dar rienda suelta a sus aficiones ecuestres.
No podemos ni debemos dejar de incluir en el saco del reproche social al actual monarca, a la sazón Jefe de Estado por herencia, que aún no se ha dignado a explicar por qué sabiendo que era beneficiario junto a su progenitor de una turbia fundación, renunció a ello solo cuando se hizo público el escandaloso hecho de que dicha fundación era utilizada por su progenitor para supuestamente blanquear dinero de dudosa procedencia.
La Fiscalía del Tribunal Supremo en su informe refleja, a su vez, los posibles delitos por los que queda exculpado por prescripción y la consabida inviolabilidad, lo que en absoluto exculpa es el desdoro de su conducta durante tantos años al frente de la Jefatura del Estado, ni de la gran parte de su familia, ni de aquellos que, conociendo su licenciosa conducta lo permitieron por acción un omisión, unos para seguir beneficiándose de su cercanía con el monarca y, otros, por temor a las consecuencias sociales y políticas de destaparse la inaceptable conducta de quien aún se le concede el tratamiento de rey emérito.
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