Esta semana –mientras el PSOE votaba (en el Pleno del Congreso y junto a PP, Vox y Cs) en contra de tomar en consideración una iniciativa que pretendía facilitar la investigación judicial de los crímenes del franquismo, impidiendo así la toma en consideración de esa iniciativa–, la jueza argentina María Servini –titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 1– abría, en el marco de la Querella Argentina, diligencias probatorias para reforzar la imputación de Rodolfo Martín Villa por crímenes contra la humanidad cometidos en España entre diciembre de 1975 y abril de 1979, cuando Martín Villa fue ministro de Relaciones Sindicales –de diciembre de 1975 a julio de 1976– y de Gobernación/Interior –de julio de 1976 a abril de 1979–, y que sea procesados por dichos crímenes.

La toma en consideración de la iniciativa –impulsada por CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), trabajada en el grupo de Memoria y Derechos Humanos del Congreso y apoyada por Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, JxCat, Más País, CUP, Compromís y BNG– fue rechazada –no pudiendo así continuar su tramitación parlamentaria– precisamente por el voto en contra del PSOE.

La propia CEAQUA ha explicado en un comunicado que jueces y tribunales españoles vienen invocando “reiteradamente” el principio de legalidad para justificar su rechazo a “investigar y enjuiciar” los crímenes del franquismo, y que lo que pretendía la iniciativa es “remover” ese obstáculo, trasponiendo al Código Penal español una previsión normativa “establecida en diferentes tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado español” –como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos–: “el principio de legalidad desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

CEAQUA considera que –incluso con el ordenamiento jurídico español tal y como está actualmente– los jueces y tribunales españoles ya podrían investigar y enjuiciar los crímenes del franquismo, aunque con su iniciativa pretendían dejárselo aún más claro a esos jueces y tribunales. Sin embargo, “el PSOE, una vez más, refuerza y consolida el modelo de impunidad del Estado español que impide la investigación judicial de los crímenes franquistas”, ha lamentado.

Pero, mientras en España el PSOE hacía eso, en Argentina la jueza Servini abría diligencias probatorias para reforzar la imputación de Martín Villa, imputado por 12 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Concretamente, Servini ha requerido a España diversa información sobre la etapa de Martín Villa como ministro, y más concretamente sobre el número de muertos por disparos de arma de fuego por parte de las fuerzas policiales al disolver manifestaciones o huelgas, sobre las medidas gubernamentales que se habrían tomado para combatir o contener las acciones de grupos de ultraderecha y el accionar represivo de las fuerzas policiales, y sobre las instrucciones o directrices que habrían impartido las autoridades de esa etapa, y particularmente Martín Villa, sobre cómo debían disolverse manifestaciones, y más concretamente sobre si se impartió alguna instrucción o directriz sobre restricción del uso de armas de fuego en esa disolución de manifestaciones.

La jueza ha requerido asimismo información sobre las actuaciones administrativas y/o procesos penales incoados durante esa etapa por la actuación de las fuerzas policiales en la disolución de manifestaciones en la vía pública y sobre si existió algún tipo de imputación penal y, en su caso, condena a algún mando o agente de esas fuerzas policiales, así como sobre los procesos abiertos –y resultado de los mismos– a miembros de grupos de ultraderecha por muerte o lesiones graves de manifestantes.

Servini también ha requerido a España información sobre las veces en que Martín Villa habría sido interpelado en el Congreso para responder sobre el accionar de las fuerzas policiales, así como una copia del manual, entregado a las fuerzas policiales al menos hasta noviembre de 1976, en el que se afirmaba que “la represión no alcanza su fin si es blanda; se debe actuar dura y enérgicamente, empleando desde la carga con la defensa hasta el fuego con toda clase de armas”.

Por su parte, CEAQUA ha requerido, demandado y exigido al Gobierno y al poder judicial de España “que, al menos, colaboren con la justicia argentina en la investigación de dichos crímenes”, puesto que el Estado español –como ha puesto de manifiesto “una vez más” en la votación de esta semana en el Congreso– “no está dispuesto a investigarlos”. “El Estado debería cumplimentar las comisiones rogatorias en virtud de un tratado bilateral internacional firmado con Argentina, aunque hasta la fecha no se ha caracterizado por cumplimentar las rogatorias”, han añadido a LÚH! fuentes de la coordinadora estatal.