El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio del Interior a entregar a lamarea.com datos referentes a las sanciones por abuso de poder o desproporción en el uso de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma, el CTBG ha estimado la reclamación interpuesta por este medio después de que el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska no diese respuesta a la Petición de Transparencia realizada el 6 de julio de 2021.

En ella, se solicitaba conocer el número de agentes sancionados desde el 1 de enero de 2011 por abuso de poder o desproporción en el uso de la fuerza, además de un desglose de las sanciones impuestas en cada caso. Tras no recibir respuesta por parte del Ministerio del Interior en el plazo que establece la ley, lamarea.com recurrió al Consejo.

Antes de resolver la reclamación, el propio CTBG solicitó alegaciones a Interior para conocer los motivos por los cuales no había respondido a la petición, algo a lo que el ministerio tampoco respondió: «Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante», se queja el Consejo.

En la petición inicial se pedía que el número de agentes estuviese desglosado por cuerpo: Policía Local, Policía Nacional, Policías autonómicas y Guardia Civil. Esto ha sido estimado de manera parcial y solo se pide a Interior que facilite los datos sobre Policía Nacional y la Guardia Civil y que «remita a las Consejerías competentes por razón de la materia de las Comunidades Autónomas que cuentan con cuerpos de policía la solicitud de información». Todo ello debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles.

No obstante, «en la parte de la solicitud referida al número de agentes sancionados correspondientes a la Policía Local no es factible llegar a la misma conclusión, habida cuenta del complejo marco normativo de regulación de los Cuerpos de Policía Local, en el que intervienen los legisladores estatal y autonómicos y los propios Ayuntamientos a través del ejercicio de su potestad normativa».