El Pleno del Congreso votará este martes la toma en consideración de una proposición de ley registrada en 2020 por ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, auspiciada también por Junts, la CUP y el BNG. Una norma que tiene por objeto juzgar crímenes franquistas modificando el Código Penal.

Lo que plantean estos partidos es incorporar al Código Penal «una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».

Los dos partidos que integran el gobierno de coalición acordaron un paquete de enmiendas conjuntas para mejorar la ley y dar cabida a algunas de las reclamaciones de Unidas Podemos, que siempre ha defendido la necesidad de garantizar que los crímenes del franquismo puedan ser juzgados en el Estado español, lo que hasta ahora ha sido imposible por la Ley de Amnistía de 1977.

En este contexto, pactaron una enmienda para recalcar que aquella norma, clave en la llamada Transición, se debe interpretar y aplicar conforme al Derecho internacional en particular, el humanitario, según el cual «los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

Desde Unidas Podemos se aseguró que esa redacción abría la puerta a juzgar por ejemplo a torturadores franquistas, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a reconocer que no tendría en realidad efectos prácticos porque no deroga la ley del 77.

Lo que persiguen los socios del Gobierno es que sea el propio Código Penal el que garantice el juicio y la condena de los actos o omisiones que en el momento de su comisión constituían según el Derecho Internacional, delitos de genocidio y lesa humanidad.

La fórmula para abrir la puerta a juzgar los crímenes franquistas que acordaron los integrantes del Gobierno de coalición soliviantó a ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, acusó al Gobierno de haber intentado «vender humo» con esas modificaciones y dejó claro que las víctimas no encontraran respuestas a sus demandas en la Justicia española mientras no se toque la Ley de Amnistía.

Tras la polémica, el PSOE optó por ‘congelar’, la tramitación de la ley, que sigue hibernando en el Congreso desde entonces, a la espera de recabar apoyos para poder llegar con un acuerdo avanzando a la ponencia donde se debatirán las enmiendas.