Establecida a partir de 1978, la Transición "democrática" no respondió a las esperanzas de verdad y justicia de los españoles. Los sucesivos gobiernos han transformado la Memoria en “dememoria”, allanando el camino para la institucionalización de la impunidad.

La lucha por la justicia sigue siendo tarea de los familiares y amigos de las víctimas que forman una red de resistencia a través de numerosas asociaciones. Seguirán denunciando y exigiendo políticas públicas para honrar a quienes han luchado por la libertad y contra el manto de silencio que la sociedad trata de imponer. 

El Gobierno ha ratificado la ley de amnistía que equipara a los sicarios de Franco con víctimas de la dictadura. El PSOE y Unidas Podemos han acordado, mediante una enmienda al proyecto de ley, ratificar la Ley de Amnistía de 1977, que impide el enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura franquista.

Promesas de una secretaria de Estado para mantener la impunidad de los torturadores del franquismo

Estamos lejos de las promesas de Fernando Martínez, el Secretario de Estado para la Memoria que, el 9 de febrero de 2019 en Père Lachaise, respondiendo a una invitación de la asociación 24 de agosto de 1944 y el Ayuntamiento de París, nos anunció que en Cuestión de memoria histórica íbamos a ver lo que íbamos a ver. 

Está claro que los socialistas, en el poder desde hace 4 años, no pueden obtener el número de votos necesarios para aprobar la ley de memoria democrática tal y como se propone actualmente.

Fernando Martínez en Père Lachaise en París

No cuentan con el apoyo de los parlamentarios ni del movimiento memorialista y admiten que no se pudo fijar un calendario para la convocatoria de una conferencia de gobierno. El PSOE, el Partido Socialista, ha optado por congelar la tramitación de la Ley de Memoria hasta que gane apoyos para conseguir su aprobación. 

El Gobierno ha admitido que el proyecto de ley "no pretende derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977, sino todo lo contrario, pues lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que 'debe interpretarse de conformidad con los tratados internacionales'. 

Los dos partidos que integran la coalición de Gobierno han acordado un conjunto de enmiendas comunes encaminadas a mejorar la ley y satisfacer algunas de las demandas de Unidas Podemos, que siempre ha defendido la necesidad de garantizar que los delitos del franquismo puedan ser juzgados en España , que hasta ahora era imposible debido a la ley de amnistía de 1977. 

En este contexto, el PSOE y Unidas Podemos han acordado una enmienda destinada a subrayar que esta ley, clave para la Transición, debe interpretarse y aplicarse de conformidad con el derecho internacional, en particular el derecho humanitario, según el cual “los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la tortura se consideran imprescriptibles y no amnistiables”. 

El partido Unidas Podemos aseguró que esta formulación abría la puerta al juicio a los verdugos de Franco, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a reconocer que en realidad no tendría ningún efecto práctico, porque no deroga la ley de amnistía de 1977 sino que, por el contrario, ratifica su vigencia. 

Todo esto enfureció a ERC (Esquerra Republicana de Cataluña), cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, acusó al Gobierno de intentar "vender humo" con estos cambios en la ley y dejó claro que las víctimas no encontrarán respuestas a sus reivindicaciones en la justicia española hasta que se modifique la ley de amnistía. 

La principal reivindicación de ERC en este ámbito es la ilegalización del franquismo. 

“Estamos pidiendo algo tan simple como que un régimen democrático como este sea capaz y lo suficientemente valiente como para declarar un régimen golpista no solo nulo e ilegítimo, sino también ilegal”, ha insistido Gabriel Rufián, diputado de ERC en las últimas semanas. 

Las asociaciones de memoria y los republicanos en Cataluña también se mostraron muy enfadados tras conocer que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, había abierto contactos con el partido de centroderecha Ciudadanos para intentar conseguir su apoyo. que no tendrán, según este partido, si se mantiene la enmienda conjunta que pretende "reinterpretar" la ley de amnistía. Es más, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ya ha situado a su partido en el campo del "no", donde ya están el Partido Popular y Vox.

Una nueva ley. Para qué ?

Esta nueva ley venía a sustituir a la ley de memoria histórica aprobada por el gobierno socialista de José Luis Zapatero en 2004. Una ley que ha sido cuestionada a lo largo de los últimos años por las asociaciones de víctimas del franquismo, porque su exposición de motivos y sus artículos ponían a víctimas y verdugos en pie de igualdad, fiel reflejo de los relatos de la guerra como guerra “fratricida” que ponía en pie de igualdad a franquistas y antifranquistas, las “dos Españas”. 

Entre las críticas, una de ellas, fundamental, es que los límites de esta ley están ligados a la no derogación de la ley de amnistía que equipara a los sicarios franquistas con las víctimas del franquismo durante la guerra civil y los años de dictadura. Una petición que ni Unidas Podemos ni el PSOE han recogido. Así, las modificaciones propuestas por los miembros del gobierno no sólo no responden a esta solicitud, sino que reafirman su deseo de mantener la ley de 1977. 

A pesar de las demandas incorporadas, esta ley sigue manteniendo la impunidad de los torturadores y asesinos de Franco. Solo habla de la eliminación de símbolos y títulos y la cancelación simbólica de ciertas oraciones. Pero en ningún momento se trata de juzgar a los sicarios de Franco, como el exministro Rodolfo Martín Villa (1), hoy todavía en libertad, y retratado en muchos medios como uno de los "padres" de la democracia. Pero hacerlo requeriría derogar la ley de amnistía de 1977, que aún prohíbe enjuiciar a los represores de Franco.

Rodolfo Martín Villa

El gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha aprobado un proyecto de ley de memoria democrática, que si bien recoge algunas de las reivindicaciones de las organizaciones de memoria histórica, mantiene el espíritu del olvido y la impunidad de la Transición. La exhumación de fosas, la retirada de los símbolos y nomenclatura franquistas de las calles o la reparación de las víctimas se consiguieron sobre la base de una permanente lucha social y judicial de la sociedad civil. La ley recientemente aprobada se presentó como más ambiciosa. Ella se hace eco de algunas de las demandas de las asociaciones de memoria, pero las asociaciones de memoria siguen llamándola "tibia, timorata y tímida".

¿Cuáles son las demandas incluidas en la ley gracias a la movilización de las asociaciones?

En el proyecto de ley se recogen algunas de las demandas históricas de las asociaciones de víctimas del franquismo. Una de ellas sería que el Estado se hiciera cargo, también económicamente, de la búsqueda y exhumación de fosas comunes. Para ello, se compromete a elaborar un mapa estatal de fosas comunes, crear un censo oficial de víctimas y un banco de ADN.

Sin embargo, no especifica cuánto dinero se gastará para este fin, ni cómo se distribuirán estos fondos. Esta medida fue fuertemente criticada por las asociaciones. La ley sigue dejándoles a ellos, así como a los particulares, la presentación de planes concretos de entierro. Como ha denunciado Emilio Silva, uno de los líderes del movimiento por la memoria histórica en España, esto significa que las asociaciones tendrán que competir por el acceso a los fondos, una pugna por quién exhumará primero a sus seres queridos. 

Precisamente para evitarlo las asociaciones han pedido lo contrario. El estado, a través de sus delegaciones y subdelegaciones gubernamentales en todo el país, debería ser el responsable directo de localizar y exhumar a los miles de republicanos asesinados. 

El proyecto de ley también habla de la creación de una fiscalía de memoria democrática y derechos humanos en la Corte Suprema para investigar los hechos de la guerra civil y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Transición, que "constituyen violaciones a los derechos humanos y Ley humanitaria internacional". Este se encargaría de implantar un sistema progresivo de sanciones por infracciones de la ley, que iría desde los 200 euros para las infracciones más leves hasta los 150.000 euros para las más graves. Los brutales crímenes del franquismo serían castigados, si el Tribunal Constitucional no lo impide apelando a la inmunidad de la ley de amnistía de 1977, con simples sanciones económicas. 

El proyecto también declara nulas las condenas y sanciones pronunciadas durante la guerra civil y la dictadura por los órganos represores de Franco por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o religiosos o por motivos de orientación e identidad sexual. Pero es una herramienta de reparación simbólica que no implica ningún tipo de compensación. 

En cuanto a los principales símbolos fascistas actuales como el Valle de los Caídos y la Fundación Francisco Franco, el primero se convertirá en un cementerio civil que solo podrá albergar los cuerpos de los fallecidos durante la Guerra Civil.

Valle de los Caídos

En cuanto a esta fundación, el objetivo es ilegalizarla introduciendo una modificación de la ley de asociaciones para actuar contra aquellas que tengan por objeto enaltecer el franquismo o incitar directa o indirectamente al odio o la violencia contra las víctimas de la guerra civil o la dictadura. 

También se habla de revocar títulos como el de Ducado de Franco, o condenas y medallas policiales como las de Billy El Niño, otorgadas durante la dictadura, así como la creación de un inventario de bienes saqueados durante la guerra sociedad civil y dictadura , sin posibilidad de restitución, ni de reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajo forzoso.   

Finalmente, en materia educativa y simbólica, el objetivo es ampliar los contenidos educativos de la memoria democrática, incluyendo: “El papel activo y singular de las mujeres españolas como protagonistas de una larga lucha por la democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad, así como la represión y el sufrimiento específicos infligidos por ser mujeres”. También insiste en uno de los objetivos no alcanzados de la ley anterior, a saber, la supresión de todos los puestos de trabajo.

La reforma queda redactada como sigue: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, deben interpretarse y aplicarse de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la tortura se consideran imprescriptibles y no amnistiables”.

Asociaciones de víctimas y memoria histórica siguen apuntando con el dedo a reivindicaciones olvidadas

La ley fue acogida con crítica no sólo por la derecha heredera del franquismo, como era de esperar, sino también por buena parte de la izquierda parlamentaria. Para Gabriel Rufián, de ERC (Esquerra Republicana Catalana): "Falta la necesaria derogación de la ley de amnistía que equipara a los asesinos de Franco con víctimas republicanas". Incluso Unidas Podemos, en un tema nuevo de malabares ya que la organización es parte del gobierno que la impulsa, se pronunció a favor de “mejorar” la ley a través de enmiendas. 

Pero las críticas más virulentas provinieron sin duda de las asociaciones de víctimas del franquismo y de la memoria histórica. Denunciaron en un comunicado de prensa conjunto que: “No estamos dispuestos a aceptar renuncias. Ni las víctimas del franquismo que aún viven, ni sus familias, ni la sociedad y la democracia en su conjunto se lo pueden permitir. No podemos esperar catorce años más por una nueva ley que satisfaga los derechos inalienables de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Como colectivos de víctimas, como sociedad democrática, no podemos renunciar al derecho al ejercicio de la justicia penal de los torturadores y los delincuentes franquistas que siguen vivos, y es un grave error que, si esta ley sigue cerrando el acceso a la justicia de las víctimas , podría terminar, al final, por respaldar definitivamente la impunidad del franquismo".

Luchar para acabar de verdad con la impunidad del franquismo

A pesar de las demandas incorporadas, esta ley sigue manteniendo la impunidad de los torturadores y asesinos de Franco. Sólo habla de la supresión de símbolos y títulos y de la cancelación simbólica de ciertas oraciones. Pero en ningún momento se trata de juzgar a los sicarios de Franco, como el ministro Martín Villa [] , que sigue hoy en libertad, y vendido en muchos medios como uno de los "padres" de la democracia. Hacerlo requeriría derogar la ley de amnistía de 1977, que aún prohíbe enjuiciar a los represores de Franco.  

La reparación de las víctimas pasa también por el inventario y la restitución de todos los bienes saqueados por el franquismo a las familias de los represaliados. Muchos empresarios y sus descendientes, duques y políticos tendrán que deshacerse de gran parte de su riqueza acumulada por este saqueo sistemático perpetrado especialmente en los primeros años de la dictadura.   

En cuanto a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, o la persecución penal de la apología del franquismo, aunque superficialmente pueda parecer un "golpe" a la extrema derecha, en realidad endurece las herramientas políticas represivas del Estado y abre la posibilidad de restringir severamente la libertad de expresión. Como ocurre con todas las medidas que refuerzan el aparato punitivo del Estado capitalista. Además, el franquismo y sus herederos no dependen fundamentalmente de estas asociaciones, sino del poder judicial, las fuerzas policiales, el ejército y buena parte de la casta política. 

Los trabajadores constituían la mayoría del medio millón de personas asesinadas por el franquismo y los cientos de miles más que tuvieron que exiliarse o pudrirse en las cárceles y campos de concentración franquistas. Para ellos no hay placas, ni homenajes, ni grandes hazañas, sólo silencio y olvido por parte del régimen surgido del “pacto del olvido” de 1978.   

El gobierno “progresista” no ha juzgado ni tiene intención de juzgar a los asesinos y torturadores. Sólo busca actualizar el falso “consenso de la Transición”, para apaciguar todas las voces que podrían salirse del marco constitucional. Sabemos que desde la instalación del régimen de 1978, fruto de esta Transición con la complicidad de los principales líderes de la oposición de la izquierda antifranquista, es imposible hacer justicia a las víctimas del fascismo. 

Por eso la gran mayoría de las asociaciones de la memoria en Francia y España se niegan a colaborar con el gobierno socialista. Seguirán reivindicando la memoria de quienes dieron su vida y fueron reprimidos por haber luchado contra la dictadura y el régimen que la siguió. La lucha continúa para obtener justicia y reparación y contra el régimen heredero de Franco, esta monarquía elegida por la gracia del Dictador.

Daniel Pinós