La Guardia Civil y la Policía Nacional sufrieron de manera destacada la violencia de ETA y el aislamiento social. Efectivamente eso es así, pero ¿dónde queda todo lo demás que también ocurrió y que implica a las FCSE?
Una memoria incompleta
Andrés Krakenberger
Una memoria incompleta
La Guardia Civil y la Policía Nacional sufrieron de manera destacada la violencia de ETA y el aislamiento social. Efectivamente eso es así, pero ¿dónde queda todo lo demás que también ocurrió y que implica a las FCSE?
Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de No Repetición son los
cuatro principios con mayúsculas aparejados a los procesos de Memoria
que impulsa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para las
víctimas de graves conculcaciones de derechos humanos.
En este
marco de búsqueda de la verdad es donde la Viceconsejería de Derechos
Humanos, Memoria y Cooperación ha situado el recientemente publicado
Informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus familiares, a consecuencia
del terrorismo de ETA (1960-2011).
Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad han sido uno de los colectivos más afectados por la violencia
de ETA con los graves e infinitos sufrimientos y dolorosas implicaciones
que han supuesto para sus víctimas directas y familiares. Todo ello ha
sido desgranado en el informe, a través de los datos cuantitativos y
cualitativos que se aportan en el mismo.
Sin embargo, esta no es
toda la verdad si, tal y como reza ese estudio, se pretende «conocer
dicha realidad y que la sociedad vasca tenga elementos para una
reflexión en clave de memoria colectiva».
Tras su lectura, el
estudio te conduce hacia la idea de que la Guardia Civil y la Policía
Nacional han actuado en todo momento con una diligencia y desempeño
ejemplares; dice textualmente, que «las fuerzas de seguridad han sido la
punta de lanza de la lucha por preservar el régimen de derechos
fundamentales, así como las instituciones que nos representan».
Dado
que el informe comienza en 1960, ¿cómo casa esta reflexión con el
proceder de las fuerzas de seguridad del régimen franquista?
Como
sabemos, la Policía franquista estuvo al servicio del régimen y actuó
de forma impune a la hora de defender la dictadura, siendo responsable
de graves crímenes y conculcaciones de derechos humanos. En otras
palabras, fue el brazo ejecutor de la represión franquista.
Las
evidencias de organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa
(CPT), así como de asociaciones como Amnistía Internacional sobre la
persistencia de las violaciones de derechos humanos en el contexto de la
legislación antiterrorista son múltiples y coincidentes con el informe
del Gobierno Vasco encargado al IVAC-KREI (2017) que registró más de
4.000 casos de tortura entre 1960 y 2014.
No obstante, el
informe no hace distinción alguna entre los periodos históricos por los
que atraviesa ni contextualiza sus contenidos. Esto desnuda la verdad,
la torna incompleta e incomprensible.
Johan Galtung, experto en
la resolución de conflictos, afirma que la violencia no puede separarse
de su contexto espacio-tiempo y hace énfasis en la necesidad de un
profundo análisis del conflicto con el fin de entender su
multidimensionalidad para evitar posibles diagnósticos erróneos.
También
desde Argituz hemos venido documentando las vulneraciones del derecho a
la vida y a la integridad física y psíquica de quienes integran las
fuerzas de seguridad, en los distintos Informes de trabajos locales
“Hacia una Memoria compartida”.
No hay duda de que muchísimos
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la dictadura,
transición y de la etapa democrática han sido y son víctimas de la
violencia de ETA, (357 víctimas mortales y 711 heridas, recoge este
estudio entre 1960 y 2011).
Sin embargo, tampoco hay duda de que
muchos de esos agentes son o han sido victimarios, y así ha quedado
demostrado desde el momento en que se vio la necesidad de elaborar una
ley al respecto, que culminó con la aprobación en el Parlamento Vasco,
en 2016, de la Ley 12/2016, de 28 de julio, más comúnmente conocida como
la ley de «abusos» policiales 1978-1999, hacia unas víctimas que
también han sido olvidadas y marginadas y, con las que aún, las
instituciones están en deuda.
Al amparo de esa Ley, hoy por hoy
está en marcha una Comisión de Valoración impulsada por la
Viceconsejería, siguiendo el mandato del Parlamento Vasco, que analiza
y, en su caso, reconoce los casos objeto de esa norma.
Ese es el
fin de esa comisión, estudiar las solicitudes de reconocimiento de
quienes fueron víctimas de actuaciones policiales ilegítimas, con la
intención de resarcir oficialmente el daño causado por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ambas iniciativas, el Informe y
la Comisión, abordan una misma materia desde distintas perspectivas,
pero con la diferencia de que en el primer caso ya se ha llegado a la
conclusión final: La Guardia Civil y la Policía Nacional sufrieron de
manera destacada la violencia de ETA y el aislamiento social.
Efectivamente eso es así, pero ¿dónde queda todo lo demás que también
ocurrió y que implica a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del
Estado?
No hay matices, no hay contexto, todo lo demás no está.
Se utiliza una única mirada que avanza directa sin detenerse en los
nudos, en las contradicciones con las que toda realidad está construida,
para llegar a dar una versión simplificada del pasado de violencia, en
la medida que no incluye ni explica todo lo acontecido.
Así es
cómo ese estrecho angular se inmiscuye en la órbita de la comisión,
porque de alguna manera, en ese nexo temático entre el informe y la
comisión se desliza un «veredicto general» que apunta a la inocencia de
los cuerpos policiales. Entonces, a la luz de este informe que no
cuestiona en ningún momento la actuación policial, ¿dónde queda la
mirada províctima? Como dirían los ingleses, esto no es un fair play.
Para
terminar, volviendo a la «memoria colectiva» a la que nos hemos
referido al principio de este artículo, apuntar que en Argituz
entendemos que para alcanzar una reflexión o un relato colectivo es
necesario edificar antes una memoria compartida, incluyente e
integradora.
Cierto es que la memoria colectiva es un trabajo
delicado, porque negociar como sociedad una memoria inclusiva y
compartida nos lleva a una comparación casi inevitable entre lo propio y
lo ajeno.
Por este motivo es importante analizar el sufrimiento
padecido por toda la sociedad en su conjunto y por las víctimas en
especial, sin excluir nada ni a nadie.
Esto supone abrir el foco
más allá de los sufrimientos vividos como propios y acercarse a
aquellos que pueden sentirse más lejanos; y eso nos cuesta.
Fuente → naiz.eus
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