Transición y Teoría del olvido histórico

La reforma política no fue consensuada, fue impuesta. Estas mismas limitaciones que dieron forma a la transición seguían vivas y lastraron la Ley de la Memoria Histórica.

El relato mítico da la transición nos habló y nos habla de un consenso entre la izquierda y la derecha. Esta idea de un consenso realizado sin amenazas y chantajes se instaló como materia prima de una rutina mental, repartida en libros, reportajes, películas, series de televisión y novelas. La realidad fue otra: las posibilidades estaban recortadas de antemano.

La esencia de la transición consistió en tutelar la recientemente nacida sociedad democrática y en trazar una línea que separaba la única posibilidad seleccionada de las demás, que fueron presentadas ante la opinión pública como una manera de buscar problemas.

A la izquierda no les quedó más remedio que asumir un camino previamente diseñado por los reformistas del Régimen de Franco. Las élites políticas procedentes del franquismo ostentaban el poder político del estado y desde luego todo el poder de la fuerza militar.

Pero la transición no fue solamente un diseño político. Llevaba aparejada la necesidad de eliminar el conocimiento de los aspectos más oscuros de la dictadura. Esa tergiversación del pasado ya venía ensayada de atrás. Los historiadores del Régimen de la década de los 60 con Ricardo de la Cierva trabajando a las órdenes de Manuel Fraga inventaron -acuciados por los resultados de la investigación extranjera independiente- la teoría das responsabilidades simétricas, basada en la tesis de la culpabilidad colectiva de una sociedad incapaz de gobernarse a si misma, base histórica, a su vez, para la teoría de la reconciliación que iguala la responsabilidad de víctimas y verdugos. Algo así -decía Habermas en tono irónico- como si la responsabilidad del Holocausto se repartiese entre Hitler y los judíos.

El relato da la equidistancia, del todos fuimos culpables, la tesis da la simetría de culpabilidades, permitió a los franquistas reformistas trasladar su capacidad para mantenerse en el poder desde el régimen dictatorial al nuevo régimen democrático.

La ley de amnistía de 1977 no es, como se repitió muchas veces, expresión de madurez democrática, sino del enorme desequilibrio entre el poder de las fuerzas de izquierdas y derechas. La izquierda del momento no tenía otra alternativa que aceptar el chantaje. Eso si, se les ofreció una salida honrosa; les hicieron creer que el transito pacifico a la democracia era cuestión que dependía de la prudencia de la izquierda.

Lo cierto es que el PSOE y el Partido Comunista supieron trasladar a sus votantes la idea de que el ejército se convirtió en una especie de peligroso animal que no había que despertar.

La reforma política no fue consensuada, fue impuesta. Estas mismas limitaciones que dieron forma a la transición seguían vivas y lastraron la Ley de la Memoria Histórica. Iniciativas como las comisiones de la verdad, categorías y principios jurídicos como la justicia transicional y la jurisdicción universal no pudieron tener lugar. El PSOE con su ley de la Memoria practicó un falso compromiso con la memoria histórica.

El intento del gobierno socialista de no ofender a los herederos ideológicos de los vencedores equivalía finalmente a aceptar la versión de la historia tardo franquista de la simetría de responsabilidades.