Sin una escuela igualitaria y laica el futuro no será el que deseamos / Macrino Fernández Riera

A finales del siglo XIX la gran mayoría de quienes habitaban España no sabían ni leer ni escribir. Y eso era así a pesar que la Ley de Instrucción Pública había establecido que la enseñanza era obligatoria desde los seis hasta los nueve años. Tres décadas después de que fuera aprobada, los datos del Censo de 1887 reflejan que alrededor de las dos terceras partes de la población son analfabetas, también que existen grandes diferencias entre hombres (59%) y mujeres (77%). Unos porcentajes que evidencian el retraso con respecto a Inglaterra, Francia, Bélgica o Irlanda y mucho más en comparación con Alemania, Suiza o los países nórdicos. De ahí que la educación fuera uno de los elementos sobre los que se construyeron las diferentes propuestas que pretendían poner fin al atraso, económico y social, que padecía España. Ahí están los escritos de Joaquín Costa («El problema de la regeneración de España es pedagógico tanto o más que económico y financiero») o de Macías Picavea (« ¿cómo no creer en la pobreza de España, resultado fatal de su ya demostrada incultura, torpeza o ignorancia?»). También los de Rosario de Acuña, quien no solo habla de la ineludible necesidad de mejorar la educación, sino que también señala los ejes sobre los cuales deberían girar las propuestas para su mejora: la liberación del yugo clerical y la igualdad educativa para niñas y niños. Ella apuesta por una escuela igualitaria y laica.

El Concordato de 1851 había dejado en manos de la jerarquía católica el control de la educación en España, «que será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica», incluso en las escuelas públicas. Seis años después, la antedicha Ley de Instrucción Pública, la Ley Moyano, incorpora fielmente a su articulado el contenido del acuerdo y, además, establece el procedimiento a seguir para garantizar su cumplimiento: «Cuando un prelado diocesano advierta que en los libros de texto, o en las explicaciones de los profesores, se emiten doctrinas perjudiciales a la buena educación religiosa de la juventud, dará cuenta al Gobierno, quien instruirá el oportuno expediente...».

La Constitución de 1876 mantiene la confesionalidad del Estado, pero deja abierta la puerta a la libertad de pensamiento («nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas») y al ejercicio, en privado eso sí, del culto de otras religiones. En ese espacio de tolerancia se instala la Institución Libre de Enseñanza, que en 1878 pone en marcha un centro de Enseñanza Primaria y Secundaria regido por el principio de neutralidad ideológica, ajeno a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político; proclamando el solo principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia. También lo hacen las escuelas laicas o neutras que, no sin grandes reticencias, van surgiendo a partir de entonces.