Es prácticamente imposible leer un día a la prensa y no encontrarte con ninguna noticia relacionada con una causa de corrupción. Desde la reanudación democrática, pero especialmente durante las últimas décadas, se han sucedido las causas judiciales que investigaban presuntas prácticas irregulares. Casos como Gürtel o los EROS de Andalucía se han instalado en el conocimiento popular, así como en el País Valenciano lo hizo la rama gurteliana en el territorio, al menos la pieza que vinculaba al entonces presidente de la Generalitat Valenciana , Francisco Camps , con la supuesta recepción de varias prendas, tales como trajes.
Con una larga lista de procedimientos en los juzgados de cualquier territorio del Estado español y que han afectado a buena parte de las formaciones políticas que han tenido responsabilidades institucionales, la corrupción española se ha atribuido popularmente a rasgos culturales e, incluso, de carácter biológico. Unos mitos sobre las causas de estas prácticas en el conjunto del territorio estatal que el magistrado Joaquim Bosch desmonta en el libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España (Ariel, 2022). El portavoz valenciano de Jueces y Juezas para la Democracia , el colectivo progresista de la magistratura, señala factores como un sistema electoral que no castiga estos comportamientos, la opacidad de la administración o la falta de controles institucionales, pero apunta un detonante fundamental: la herencia de la corrupción generalizada del franquismo.
«La dictadura de Franco es una clave histórica importante para entender la corrupción en España. La nueva democracia no logró romper con las prácticas fraudulentas del régimen anterior, debido a algunas particularidades y limitaciones que afectaron al período de la transición», razona el togado al ensayo, para complementar su exposición: «Las insuficiencias en el desarrollo propias del franquismo se mezclaron con otros inherentes al sistema democrático que se puso en marcha. En las décadas siguientes, los gobernantes democráticos podrían haber cerrado las rendijas por las que todavía entraban las prácticas ilegales, sin embargo determinadas inercias políticas lo impidieron. La evolución de estas dinámicas acabaron generando las características presentes de esa corrupción en la española».
La importancia del franquismo en la sucesión de actitudes corruptas en las autoridades españolas durante el retorno democrático, según el magistrado, viene dada por la larguísima duración de un régimen en el que la corrupción se convirtió en práctica generalizada. «La moralidad económica y administrativa durante la dictadura se mantuvo a un nivel deplorable, digno del peor siglo XVIII», indica haciendo suyas las palabras del prestigioso historiador Ángel Viñas , para retratar la dimensión de las irregularidades de la dictadura: «Numerosos funcionarios y autoridades colaboraban en la realización de un fraude sistémico y evitaban perseguir las llevadas a cabo por otras personas. Cobraban sus colaboraciones y exigían pagos por tramitar simples peticiones ordinarias. Los abusos fraudulentos de poder eran generales en las adjudicaciones de obras públicas, las concesiones administrativas y la vigilancia de las aduanas». «El cohecho de cargos públicos fue el principal mecanismo por el que los empresarios pudieran sortear las dificultades estructurales con las que chocaban si querían mantener sus actividades de producción y distribución», refuerza.
La corrupción en el franquismo abarcó a cualquier estamento privilegiado del régimen criminal: «Los investigadores han acreditado que la corrupción enriqueció a Franco , a sus familiares cercanos, ya cargos políticos relevantes». En aquellos tiempos, también obtuvieron «sucosas ganancias los empresarios que sufragaron la rebelión militar , aquellos que apuntalaron el nuevo sistema político y aquellos que supieron acercarse al calor confortable del poder». «Los tentáculos verticales del clientelismo franquista tejió clanes privilegiados que gestionaron lucrativamente los engranajes del régimen. Esto ocurrió en todos los niveles, en el campo y en la ciudad, en la administración pública y en los sectores sociales más diversos», disecciona.
La adopción de estas prácticas como rasgo característico del funcionamiento real de la autocracia franquista no era muy raro dado que, como recuerda el magistrado valenciano, «la escuela formativa del generalísimo había sido la corrupción en el norte de África, al igual que la de tantos militares africanistas que formaron la base primigenia para implantar la dictadura». Uno de los ejemplos paradigmáticos del nivel de corrupción del franquismo, aparte de los negocios corruptos de Franco con el café, el sobresueldo que recibió de la estadounidense Compañía Telefónica Nacional de España o las apropiaciones de inmuebles, fue cuando Reino Unido sobornó a varios ministros y jerarcas militares del régimen antidemocrático con el objetivo de que el Estado español no entrase en la Segunda Guerra Mundial del brazo de la Alemania nazi de Adolf Hitler . La operación tuvo un coste para las arcas inglesas de 6,5 millones de libras, que serían equivalentes en la actualidad a 300 millones de euros.
En las cacerías concebidas como espacio para conseguir negocios de la administración pública o el papel de la estirpe del dictador como intermediario para facilitar aventuras empresariales en la España franquista, el magistrado aporta otros episodios de cómo proliferó la corrupción durante aquellos años oscuros, por ejemplo con el enriquecimiento de los empresarios afectos. «Los empresarios que habían apoyado o financiado el golpe de Estado no necesitaban formar parte del aparato estatal para obtener beneficios económicos. Tenían suficiente con la captura del Estado. El trato quedó bastante claro desde el principio y se normalizó con las conexiones políticas-empresariales indicadas. Fue una transacción rentable por ambas partes», escribe, para recordar una frase de Franco, pronunciada en 1942, que lo evidenciaba: «Nuestra cruzada es la única lucha en la que los ricos que acudieron a la guerra han salido más ricos».
Con una estructura del libro que rinde homenaje a Joan Fuster , ya que copia los títulos de los «hechos» y «los problemas» que aparece en Nosotros, los valencianos (Edicions 62, 1962), el magistrado remarca que la herencia franquista de la corrupción estuvo motivada por «la inexistencia de ruptura democrática, lo que permitió que muchos cargos de la dictadura siguieran en las instituciones públicas cuando éstas pasaron a ser democráticas». «Era inevitable que gran parte de estos dirigentes llevaran la cultura política del franquismo», subraya. Y consolida frente al desembarco de miembros de los sindicatos verticales y del movimiento franquista que fueron absorbidos por las administraciones públicas: «Resultaba inevitable que siguieran buena parte de los hábitos institucionales, las costumbres sociales y las prácticas anteriores de una administración pública que tampoco experimentó cambios derivados de la llegada de la democracia».
«En ningún momento se pensó durante la transición investigar la corrupción masiva de la dictadura», incorpora el togado, que lamenta cómo la combinación de las prácticas durante el franquismo y la falta de cultura de gestión de los nuevos gobernantes perpetuaron los comportamientos bajo sospecha: «Los cargos que procedían del franquismo carecían de experiencia de gestión democrática [...] Pero tampoco los cuadros de otros partidos contaban con rodaje democrático. Carecían de referencias propias de ética pública en la gestión de las instituciones. Se habían educado igualmente en el contexto de una dictadura y en organizaciones obligadas a operar en la clandestinidad, con estructuras de partido jerarquizadas y con escasa democracia interna».
La continuidad funcionarial y de cargos públicos de la dictadura junto con esta falta de cultura de gestión en las instituciones democráticas se sumó a la escasez de los mecanismos de control insertados en el texto constitucional . También la configuración de un sistema de partidos con serias insuficiencias en el funcionamiento interno, abonados por unas cúpulas que se veían reforzadas con un sistema electoral de candidaturas cerradas y bloqueadas. Todo un conjunto de factores a los que había que agregar la imposibilidad de modificar de la noche a la mañana las prácticas empresariales y un poder judicial que durante los primeros años de reanudación democrática «no se había incorporado mentalmente al mandato de ser un contrapoder, ni tampoco va mostrar demasiada voluntad de serlo a través de una actitud firme contra la corrupción». «La legislación también tardó en aportar instrumentos», puntualiza.
Estas dinámicas, tal y como señala el magistrado, «permitieron la continuidad de las prácticas vinculadas a la corrupción». «La nueva democracia incorporó sobre el papel contrapesos, espacios de vigilancia y controles internos en el poder, pero, en la práctica, eran de extrema debilidad. En este ámbito, el desarrollo institucional de nuestro sistema democrático fue insuficiente», observa, para recordar que el economista Daron Acemoglu , autor del prestigioso ensayo Por qué fracasan los países , afirmó que «la corrupción era la última herencia del franquismo » . «Se arraigó de tal modo en las élites y la población que dejó graves secuelas en el comportamiento de los partidos políticos, la ciudadanía y los empresarios que explican la corrupción de la democracia actual», sostiene sobre el franquismo citando al experto historiador Francisco Comín.
«La corrupción generalizada del franquismo tuvo fuertes repercusiones todavía presentes en nuestra democracia, debido al elevadísimo nivel de degradación que aportaba el régimen anterior y al pacto que supuso la transición para que parte de las élites de la dictadura aseguraran la continuidad de sus espacios de poder», resalta a partir de las palabras de este especialista, para hacer suyas las afirmaciones de los historiadores Borja de Riquer , Gemma Rubí y Lluís Ferran Toledano : «Durante la transición no hubo voluntad política de erradicar la corrupción procedente del franquismo [...] Se trata de una herencia inmoral que tal vez explica por qué en la sociedad española ha arraigado tanto una cultura política indulgente y comprensiva con la corrupción».
Fuente → eltemps.cat
No hay comentarios
Publicar un comentario