El tribunal confiscó patrimonio de republicanos exiliados, encarcelados o fusilados; acabando en manos de afectos al régimen.

El régimen franquista crea un tribunal para confiscar los bienes de los republicanos / Marc Pons

Tal día como hoy del año 1939, hace 83 años, en el contexto de la ocupación franquista de Catalunya, el régimen franquista creaba el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que tendría como función principal la investigación y confiscación del patrimonio por "la responsabilidad política de las personas (...), que, desde el primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave".

En Catalunya, la sede de este sórdido tribunal fue emplazada en Barcelona, en el chaflán de la calle Córcega y los Jardins Petits de Gràcia; y fue dirigido por el coronel Jorge A. Villamide Salinero. Aquel Tribunal se coordinó con la Auditoría de Guerra y, solo en Barcelona, abrió diez oficinas para "facilitar al público la presentación de denuncias". Según la investigación historiográfica el coronel José Ungría Jiménez reclutó conserjes y taxistas como delatores. "Las denuncias deberán contener (...) nombre, apellidos, edad, estado, profesión u oficio del denunciado (...) relación de sus bienes y puntos donde radiquen; valor que se les atribuya: hechos que se imputen al inculpado".

Durante sus primeros meses de existencia, aquel Tribunal confiscó miles de patrimonios "metálico, valores muebles e inmuebles de (...) responsables políticos" propiedad de personas de ideología catalanista y republicana represaliadas, encarceladas, exiliadas, fusiladas o muertas durante el conflicto. El régimen franquista subastó los bienes inmuebles y la inmensa mayoría acabaron en manos de personas "afectas al régimen" (del país o forasteras), que las adquirieron a un precio irrisorio o, simplemente, quedaron integradas en el patrimonio del Estado y fueron cedidas en usufructo a instituciones del régimen franquista o a los elementos que representaban aquellas instituciones.