Prohibieron miles de actos sindicales mientras permitían los que glorificaban el fascismo

Según las estadísticas del Ministerio del Interior, entre 2010 y 2019, las delegaciones del Gobierno prohibieron más de 3.000 manifestaciones patrocinadas por los sindicatos. También se impidieron las manifestaciones «contra medidas políticas y legislativas» o sobre «cuestiones nacionalistas». En las mismas fechas, las autoridades toleraron innumerables manifestaciones de extrema derecha.

En el movimiento católico español, el procedimiento es bien conocido, y lo cumplen con absoluta tranquilidad. Cada vez que deciden salir a la calle para reivindicar los crímenes de la dictadura, los católicos comunican previamente su acto a la delegación del gobierno en Madrid. No importa qué partido esté al frente del ejecutivo: a pesar del historial de sus reuniones, las autoridades dejan que todo siga adelante sin ningún problema. Hoy, la exaltación de la dictadura franquista no encuentra dificultades de ningún tipo en las delegaciones del gobierno.

Sin embargo, algunas organizaciones se enfrentan a una realidad diametralmente opuesta cuando pasan por el proceso de organización de una manifestación. Según los datos contenidos en los distintos informes estadísticos del Ministerio del Interior, en los últimos años las delegaciones del gobierno han prohibido una amplia lista de movilizaciones por cuestiones «laborales» o también «contra medidas políticas y legislativas».

Según la normativa vigente, quien quiera convocar una manifestación debe comunicarlo por escrito a su respectiva Delegación del Gobierno -excepto en Euskadi y Cataluña, donde las competencias de seguridad están transferidas a las regiones- «con un mínimo de diez días de antelación y un máximo de treinta».

Esta comunicación escrita se registrará, además de los datos sobre «el organizador o los organizadores», la «finalidad» de la movilización y «el recorrido previsto, cuando se prevea la circulación por la vía pública», así como las «medidas de seguridad previstas por los organizadores o solicitadas por la autoridad gubernamental».

Asimismo, la ley permite «la prohibición de la reunión o manifestación o, en su caso, la propuesta de cambio de fecha, lugar, duración o recorrido» si se considera que «existen razones fundadas que puedan dar lugar a una alteración del orden público, con peligro para las personas o los bienes». «La resolución debe adoptarse de forma motivada y notificarse en un plazo máximo de setenta y dos horas», explica el Ministerio del Interior en el apartado «servicios al ciudadano» de su web.

Entre 2010 y 2019 -el último año del que se dispone de datos- las delegaciones del Gobierno prohibieron 3.699 manifestaciones convocadas por los sindicatos. Así lo reflejan los distintos informes estadísticos anuales del Ministerio del Interior, que no incluyen datos más precisos sobre los motivos concretos de estas movilizaciones ni las razones exactas para impedirlas.

Muchas manifestaciones se prohíben con el argumento de que «hay mucho tráfico» en esa calle, aunque expliques que tienes que ir por ahí porque está el Ministerio de Trabajo. Las delegaciones del Gobierno han convertido lo que es una simple comunicación en un régimen de autorización previa, que en la práctica dificulta el ejercicio del derecho de manifestación.

Asimismo, en los últimos diez años también se han prohibido 1.202 manifestaciones si su «motivación» era protestar «contra medidas políticas y legislativas».

La misma suerte corrieron otras 291 movilizaciones que, según el Ministerio del Interior, habían sido convocadas para exigir la «liberación de presos de grupos terroristas». Las estadísticas también muestran que se prohibieron 78 manifestaciones con «temas nacionalistas», punto sobre el que no se ofrecen más detalles. Otras 46 manifestaciones prohibidas entre 2010 y 2019 figuran en el apartado «contra la violencia de género». También se han producido otras 24 prohibiciones de actos del Primero de Mayo.

Carlos Escaño, defensor de la libertad de expresión de Amnistía Internacional, explicó que «el objetivo de denunciar una manifestación es que las autoridades puedan facilitar el ejercicio de este derecho». «Sin embargo, en España se ha convertido en una solicitud de autorización secreta», advirtió.

En total, se prohibieron 8.592 manifestaciones durante este periodo. Además de los sindicatos, las organizaciones con más prohibiciones fueron las clasificadas como «asociaciones de ciudadanos» (con 2.556 procedimientos contra ellas) y los «partidos políticos», con un total de 641 actos prohibidos. En este último caso, tampoco aparecen las siglas de las organizaciones concretas que se vieron afectadas.

Exaltación de Franco

En este contexto, los partidos de extrema derecha que reivindican los crímenes de la dictadura no suelen enfrentarse a la prohibición de manifestarse. Así lo ilustra el Movimiento Católico Español, que el 28 de marzo pudo hacer un recorrido por Madrid en el que conmemoró la caída de la capital en manos del franquismo. Los días anteriores, la Delegación del Gobierno subrayó que no había encontrado ninguna razón para impedir la celebración.

Ni los obstáculos a los que se enfrentaron los neonazis que, el pasado mes de febrero, salieron a la calle para celebrar la División Azul, la que sirvió en el Frente Oriental junto a los nazis. La manifestación terminó con proclamas antisemitas. Por no hablar de las manifestaciones organizadas por la extrema derecha cada 18 de julio, fecha del golpe de Estado de Franco en 1936, y cada 20 de noviembre, día de la muerte del dictador. Estas concentraciones ofrecen la oportunidad de reivindicar públicamente los crímenes de la dictadura.

En Santander, por ejemplo, la Delegación del Gobierno no observó ningún obstáculo para impedir el desfile ultra que, el 18 de julio de 2019, paseó por el centro de la ciudad para conmemorar el golpe de Estado contra la democracia. «Los memócratas (sic) están escandalizados», ironizó entonces el Movimiento Católico Español. En septiembre de 2017, la Delegación del Gobierno en Cantabria también había autorizado una manifestación xenófoba del grupo de extrema derecha Alfonso I, que marchó bajo el lema «Por España, por nuestra gente». Prioridad nacional».

Cuando una organización es etiquetada como de extrema izquierda, es muy fácil para la delegación del gobierno prohibir las manifestaciones. Todo indica que con la extrema derecha hay un comportamiento más laxo que con otras organizaciones. Vox o entidades como La Falange u otras, por su propia naturaleza, no piden permiso para organizar manifestaciones.

En España no se regula la posibilidad de exaltar una dictadura criminal como el franquismo. Todo ello forma parte de la continuidad histórica de un régimen de «transición» instaurado en 1978 por partidos de derecha e izquierda y en el marco de una constitución aún vigente que siempre ha impedido la persecución de los delitos cometidos por los fascistas. En España es fácil prohibir una manifestación, pero también ocurre que la interpretación de desorden público es muy amplia. Todo depende de para quién sea.

Daniel Pinós

Traducido por Jorge Joya