¿Por qué la Sareb debe ser nuestra?

En contra de lo que dijo el PP cuando la creó en 2012, la Sareb nos va a costar no “un euro”, sino la escalofriante cifra de 35.000 millones. Ahora otro gobierno ante el hecho que los accionistas privados (los bancos tienen el 54,1%, frente al 45,9% del Estado) quieren salir de la empresa en quiebra y que la Comisión Europea obliga a España a considerar deuda pública la de la Sareb, y como tenemos que ser todos quienes paguemos la deuda, nacionalizará la empresa, para tener mayoría de capital y decidir su futuro. Las PAH del País Valencià consideramos imprescindible que sirva para que las viviendas que posee pasen a formar parte del parque público de vivienda.

Exponemos aquí los principales datos que justifican esa necesidad, con especial concreción en el País Valencià, así como otras medidas que contribuyan a hacer frente a la emergencia habitacional y a hacer efectivo el derecho a la vivienda para la ciudadanía valenciana.

En la Comunitat Valenciana hay 18.775 viviendas sociales: 14.044 de la Generalitat (Entitat Valenciana de l’Habitatge i Sòl) y 4.254 de los parques públicos municipales. De ellas 396 han sido incorporadas en 2021, la gran mayoría por la Conselleria de Vivienda (mediante el tanteo y retracto, la compra directa por emergencia habitacional y concursos a particulares) y en algunos casos por Ayuntamientos. Pero, atención, estas 18.775 viviendas suponen solo el 0.6% del total de viviendas de la Comunidad Valenciana, que son según el INE 3.147.062. Una cantidad 3 veces menor que la media española (1,8%) y 15,5 veces menor a la de la media de la Unión Europea (9,3%).

Mientras, la necesidad de vivienda pública sigue en aumento en el Estado y en la Comunitat Valenciana porque, en ésta, y de manera inmediata, hay que hacer frente a la emergencia habitacional derivada de la pérdida de las 192.941 viviendas desde el inicio de la crisis hasta el aumento del 15,8% el tercer trimestre de 2021 (incumpliendo las recomendaciones del Comité DESC de Naciones Unidas respeto los desahucios), las 3.710 ejecuciones hipotecarias en esa misma fecha según el CGPJ, el imparable aumento de los precios alquiler en un 46% en los últimos 5 años y el sinhogarismo (solo en Valencia hay 754 personas).

Y, más allá de para hacer frente a la emergencia habitacional, es necesario para crear las bases para ir ampliando el derecho a la vivienda al conjunto de la ciudadanía (juventud, nuevos hogares, etc.). La demanda potencial en la Comunitat Valenciana se estima en 409.261 hogares en los próximos cuatro años, de ellos 290.782 ya han hecho efectiva la demanda de alguna manera.

Es evidente, por tanto, que hay una distancia abismal entre recursos y necesidades, y que las medidas de adquisición de vivienda -aun reconociendo que son necesarias y que han crecido recientemente - no permiten aumentar el parque público a un ritmo acorde con las necesidades; ni de lejos. Las 10.000 viviendas que la Sareb tiene en la Comunitat Valenciana incrementarían el exiguo parque público en un 53,26%. Con esta medida aumentaría la disponibilidad de viviendas y como la mayoría están habitadas se evitarían los desahucios, permitiendo regularizar la situaciones con alquileres a muchas familias que están ya recibiendo cartas para que se vayan o demandas judiciales instando desahucios por impagos o por fin de contrato.

Por tanto, la incorporación de las viviendas de la Sareb al parque público es necesaria, aunque ni mucho menos suficiente para garantizar el derecho a la vivienda. Como vemos, hacen falta un Plan de Choque con medidas para acercar la oferta de vivienda social y asequible a la demanda:

- Planificación del aumento del parque público a corto, medio y largo plazo, para conseguir el mínimo del 20% de vivienda social en 20 años, lo que implica la ampliación de inversiones del Estado al 2% del presupuesto estatal y la apuesta total de la Generalitat y Ayuntamientos, sin descanso ni autosatisfacción, para su ampliación, empezando por un Plan de Choque ante 924 viviendas vacías rehabilitables.

- Incorporación de urgencia de las viviendas vacías de la banca rescatada mediante fórmulas como la cesión de uso o la expropiación temporal por el valor del rescate impagado, supresión de las ventajas fiscales de Socimis y fondos buitre, destinando estos ingresos a la política pública y social de vivienda; y aumento de la disponibilidad de viviendas por programas de promoción de viviendas vacías de particulares que se podrían destinar a alquiler social.

A la vez son necesarias medidas que eviten la pérdida de más viviendas y prevengan nuevas situaciones de emergencia habitacional. En este sentido hay que tener en cuenta que hay más de 40.000 familias en todo el Estado español que viven en la vivienda que fue suya y que ahora es de la banca por la moratoria de la ley 1/2013 (prorrogada hasta mayo de 2024), otras a las que se les finalizan los 5 años de pago sólo de interés por el Código de Buenas Prácticas y los miles de comunicaciones formales de los fondos buitre asediando para que se vayan ya de casa -a veces con ofrecimiento de dinero bajo mi- ya que no habrá ninguna renovación de contrato de alquiler.

Para solucionar la situación reclamamos:

- Obligación ineludible de ofertar alquiler social de los grandes tenedores a familias vulnerables.

- Medios para rescatar la vivienda de personas particulares que van a perder su única vivienda por no poder acceder a créditos blandos.

- Abordar el problema de la ocupación en relación con la falta de vivienda pública, y no criminalizándola en conjunto, exigiendo alquiler social a la banca y los fondos, así como responsabilidad de las Administraciones.

En resumen: es necesario no perder más viviendas y aumentar las que hay. Para ello, la incorporación de las 10.000 viviendas de la Sareb es un elemento clave.

Enfrentarse a esta realidad y conseguir satisfacer las demandes de vivienda ante el insignificante parque público es una obligación del conjunto de partidos políticos, si defienden el derecho constitucional a la vivienda. Y todos deberán responder ante la ciudadanía.

La nueva Ley de Vivienda deberá resolver con seriedad esta situación, tal como proponemos la PAH ( afectadosporlahipoteca.com) y la Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a al vivienda. [ iniciativaleyvivienda.com ]. Original en catalán