Mutaciones capitalistas y socialdemócratas en España
Albino Prada

Que no se trata de un programa socialista quizás quede claro al comprobar en este texto Marx sigue desaparecido de la historia. Que la palabra capitalismo apenas se usa tres veces en un texto de trescientas páginas, oligopolio nunca y monopolio una vez. Quizás porque el mero hecho de no nombrar el sistema socioeconómico en el que uno vive es ya suficiente para dejar claro que no piensa cambiarlo. Si acaso adaptarlo, reformarlo, corregirlo,… pero no superarlo por otro mejor. Algo que no se diseña ni se le espera. No obstante creo que aun así no estaría de más caracterizar el sistema para, algo es algo, reformarlo.

Pues eso: los oligopolios y los monopolios son invisibles en España. Y solo en una ocasión se refiere el documento a la necesidad de mejorar la competencia en el mercado eléctrico (1409), nunca se habla con esa intención del mercado financiero, o de los combustibles líquidos, del mundo digital, o de múltiples servicios locales capturados en concesiones. El Estado socialdemócrata pierde así una magnífica ocasión para empujar la competencia allá donde de facto dominan muy pocos agentes empresariales gigantescos.

Aclarado esto, ¿cuál es el capitalismo que el PSOE quiere gobernar en este siglo XXI?. Según la ponencia, “el capital se está llevando la mayor parte de las rentas… El problema ya no está solamente en la redistribución sino en la pre distribución, en cómo se organiza la sociedad en sus tiempos, actividades y trabajo” (4 y 104). Lo que implicaría ir más allá de la igualdad de oportunidades de un Estado de Bienestar reforzado (y no en anemia presupuestaria como ahora está sucediendo) hacia un reparto del trabajo que no sea catastrófico para la mayoría: con desempleo, temporalidad, jornadas excesivas, creciente vida laboral, devaluación salarial, etc.

¿Civilizar el capitalismo? = socialdemocracia

Sin embargo cuando uno bucea en el texto a la búsqueda de propuestas de organización social alternativa del tiempo de trabajo se encuentra que desde las cuarenta horas asumidas en 1982, y a pesar de los ingentes incrementos de la productividad de los últimos cuarenta años en España, no se ha avanzado en la reducción de la jornada laboral semanal. El texto se limita

a asumir que “es importante analizar la posibilidad de avanzar en la reducción de la jornada laboral” (205 y 626). Pero limitarse a analizar la posibilidad no parece gran cosa, mientras la realidad avanza en sentido contrario: el “capitalismo desregulador y salvaje impide los proyectos de vida y fomenta el precariado, generando en muchos casos una esclavitud digital en la que pierdes el control de tu jornada laboral” (235).

En lo relativo al tiempo de trabajo a lo largo de la vida laboral en vez de plantearse el no diferir la edad de jubilación (en beneficio de contratos de relevo para los más jóvenes) se asume “para los trabajadores de mayor edad, que se prolonguen sus carreras profesionales evitando una salida prematura del mercado de trabajo” (635), algo que se parece mucho justo a lo contrario. Quizás por eso en el texto el lector no encontrará ni rastro del concepto básico de “edad de jubilación”. Lo que no impide plantear esta cuadratura del círculo: “impulsar el rejuvenecimiento de plantillas y la transmisión del conocimiento en las empresas mediante el fomento del contrato de relevo” (224).

Sucede que este tipo de concreciones son claves si se quiere evitar que el concepto de socialdemocracia se diluya en un cierto liberalismo de izquierdas, pues la socialdemocracia supone, en palabras del documento, sobre todo avanzar en “reformas que mejoraran las condiciones de vida y laborales de los trabajadores y una adhesión radical a la democracia representativa” (6), núcleo central al que ahora se añade el ecologismo y el feminismo.

Pero cuando de la jornada laboral semanal nos limitamos a analizar la posibilidad de reducirla y de la vida laboral ni nos planteamos reducirla, aquella predistribución capitalista que se criticaba me temo que seguirá ganando por goleada. Con lo que las condiciones laborales (semanal y a lo largo de la vida) de los trabajadores no parece que vayan a mejorar y, siendo así, poca socialdemocracia nos queda entre las manos por mucho que declaremos la voluntad de alejarnos del centrismo neoliberal en el que se diluyeron otros socialdemócratas para “minimizar la intervención del Estado, relajar la progresividad fiscal, privatizar todo lo posible la gestión de lo público” (10).

Pues para que no empeoren las condiciones de vida y laborales de los trabajadores españoles es necesaria una ruptura con el centrismo neoliberal que abrazó parte de la socialdemocracia en las décadas pasadas: “la nueva socialdemocracia debería defender una nueva versión de la globalización…que combinen la apertura internacional con la defensa de los trabajadores, las compensaciones a los grupos que puedan salir perjudicados” (36-37). Porque, además, el documento anota que la corrosión neoliberal se acelera con la transición digital “se ha reforzado la tendencia a la informalización, la precariedad y la deslocalización del trabajo” (243).

Llegados a este punto, ¿cómo se concreta aquella defensa?, ¿lo concretamos, al menos, con mejoras en las rentas salariales?. Por ejemplo cuando se sostiene querer “solventar los problemas estructurales derivados de la creciente precariedad laboral” (192). Sin embargo sobre trabajo a tiempo parcial, nada se dice de cómo evitar la no deseada, o la devaluación de su salario medio para asegurar “su compatibilidad con una vida personal y laboral dignas” (213). Aún más desconcertante es llegar a afirmar “recuperar el peso de los salarios de los trabajadores” (202) sin concretar si es en relación al PIB y, en su caso, a que fecha se refiere tal recuperación. Un brindis al sol.

¿Y en lo relativo al salario social diferido como servicios públicos universales y gratuitos de un Estado reforzado en su progresividad y des mercantilización, qué concretamos? Sobre el papel parece asumirse el retorno a la provisión pública de servicios privatizados así como la nueva cobertura de la dependencia o incluso vivienda (610 y 780). Pero las inconcreciones del programa de reforma fiscal (246 y ss.) son más que preocupantes aun cuando se redacten como buenos deseos progresivos (259).

Socialdemocracia y socialismo

Más allá de cumplir en serio con la promesa socialdemócrata (que no parece el caso por lo que llevamos visto), ¿cómo debería ser un proyecto socialista, cuál sería su seña de identidad?. Para Ernest Mandel (1987) por socialismo debe entenderse un sistema social en el que no hay mercancías, ni clases sociales y en el que el acceso a los medios de consumo depende de la aportación del trabajo de cada uno a la sociedad. Algo que perfectamente puede abrirse camino democrático en una Constitución como la española en la que podemos leer en su artículo 128: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general”. Pues esa subordinación podría suponer la socialización de la propiedad de los medios de producción (abolición de clases sociales) y una distribución de la riqueza al margen del mercado y los precios (como ya sucede con buena parte de la sanidad y la educación actuales).

Una tal senda desprivatizadora y desmercantilizadora no se aviene bien con este postulado de la nueva socialdemocracia: “mantenemos nuestro compromiso con la economía social de mercado” (103). Un buen ejemplo de ese compromiso (de los sesgos anti socialistas que supone) lo tenemos en lo relativo a la “la transición ecológica y la transición digital que se han de gobernar con sentido del bien común desde la nueva socialdemocracia” (16). Porque, ¿qué dice al respecto esta autodenominada izquierda socialdemócrata (55) y que debiera decir un proyecto socialista?

En lo digital se postula digitalizar la economía y el tejido productivo (141-142) sin establecer salvaguardas de empleo y atención personal en los servicios. Y en el big data, la IA o los algoritmos (143-149) no se contempla una soberanía digital europea que garantice su control colectivo y público, sino apenas salvaguardas para determinados usos depredadores por parte de la iniciativa privada. Algo que es especialmente crítico determinarlo y garantizarlo, en vez de declarar despreocupadamente que “la economía de datos ofrece una oportunidad para modernizar el conjunto de la Administración pública” (162).

En la transición ecológica y energética (151-159) se declara una preocupación sobre los efectos distributivos, pero nunca se nombra la necesaria reducción de los consumos (singularmente los electro intensivos) ni el impulso de agentes de producción y comercialización de energía públicos (locales por ejemplo) o colectivos (cooperativas, comunidades). Todo parece quedar en manos de (muy pocas) grandes empresas capitalistas.

Tanto en este caso (a causa del uso intensivo del avión) como en la sustitución de empleo humano por digitalización, el sector turístico (164) es un ejemplo paradigmático en España de las contradicciones en que pueden caer ambas transiciones si no se pasa de las buenas intenciones de la nueva socialdemocracia a criterios socialistas claros. Algo semejante sucede cuando se declara querer transferir “mercancías hacia los modelos de transporte menos contaminantes” (167) sin concretar el trasvase del actual sistema de transporte privado por carretera a uno colectivo por ferrocarril (1475).

Cierto es que aunque no detectamos ninguna de las concreciones que hemos revisado en la dirección pública y colectiva que sería aconsejable, el documento aún conserva un vestigio de esta posibilidad cuando asume la necesidad de “disponer de un sector público con la capacidad de incidir adecuadamente sobre la economía” (183). Y es por desgracia un vestigio porque si uno rastrea “sector público” en el documento más allá de que sea “emprendedor” (361) nada se refiere de forma concreta en relación a un sector público empresarial. El concepto de “empresa pública” solo se menciona una enigmática vez (366) en el texto sin concretar su situación actual y sus perspectivas de futuro en la estructura productiva del país.

Más enigmático aún es un bloque titulado nada menos que “UNA VISIÓN SOCIALISTA DE LA EMPRESA Y EL EMPRENDIMIENTO” (288, mayúsculas en el original) donde uno puede encontrar ciertamente el objetivo de la cogestión (323 y 324), pero sin concreción alguna, quedando todo en una vaporosa responsabilidad social corporativa (363). Lo mismo sucede con otro objetivo que se queda en mera enunciación “fomentar la economía social y el trabajo asociado como fórmula de acceso de los trabajadores a la propiedad” (333).

Final

Las viejas socialdemocracias, que habían alcanzado un pacto social en la segunda mitad del siglo XX que mejoró las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, perdieron el rumbo ante una abducción neoliberal en los últimos cuarenta años. La sanidad y educación públicas y universales, los sistemas de pensiones públicos, la contratación estable y con derechos fueron socavados en un proceso de globalización y digitalización fuera de control social en pro de una mercantilización tutelada por el Estado.

Seguros médicos, planes de pensiones, enseñanza o cuidados geriátricos privados y de pago (para uno de cada cinco ciudadanos que podían hacerles frente) fueron legitimando en España la anorexia fiscal de la provisión pública. Y eso sucedió con la complicidad de la vieja socialdemocracia para la que bajar impuestos pasó a ser de izquierdas y acceder a la oferta privada algo prestigioso. La corrosión para cuatro de cada cinco ciudadanos se completó en un mercado laboral donde el contrato asalariado canónico pasó a ser minoritario.

Este caldo de cultivo de desigualdad social, que polarizó la sociedad y acabó con la escalera social de unas clases medias en ascenso, reclama un proyecto político de reforma social que la nueva socialdemocracia (en el documento del PSOE que hemos revisado) querría reconducir.

Pero lo que comprobamos es que las propuestas no pasan de ser piadosas y vagas intenciones. Tanto en el mundo laboral (jornada, contratos, jubilación) de la predistribución, como en la redistribución que se cimentaría en una reforma fiscal interna y a escala de la Unión Europea. También lo comprobamos en una transición energética y digital que nunca se plantea como alternativa a la del capitalismo globalizador y monopolista del siglo XXI que las liderará. Quizás porque se razona para no alejar a una supuesta clase media (abducida por el consumismo y el mercado) que cada día que pasa tiene menos base objetiva, aunque aún conforma el ideologema y la hegemonía de una minoría privilegiada.

La propuesta social de esta nueva socialdemocracia, aunque supone reconocer su abducción capitalista de antaño, no resulta así creíble como alternativa para la necesaria desmercantilización de los servicios públicos en favor de la mayoría social, de la reversión de una devaluación fiscal en favor de una minoría, de la devaluación laboral justificada por la productividad y la competitividad o en favor de abrir competencia en sectores clave (financiero, energético, digital) incluso de la mano de la empresa pública.

Estos serían algunos de los ejes vertebradores de una real alternativa socialista y democrática frente a los defensores a ultranza, estos sí, de una pura y dura sociedad de mercado para la que el Estado simplemente será su humilde servidor.