Memoria no es Historia 

La protección de los derechos civiles de la ciudadanía es una parte importante e imprescindible de los valores democráticos de un Estado de Derecho, y es que los humanos y las libertades individuales son sagrados porque permiten un trato no discriminatorio, la clave de lo que acaba siendo una verdadera igualdad. La memoria es, al fin y al cabo, un derecho civil. Las víctimas de cualquier tipo de violencia no pueden olvidar, no quieren olvidar y no deben olvidar.

En un Estado de Derecho, la política debe garantizar a la ciudadanía la construcción de una Memoria pública a los servicios de sus intereses. A su vez, es necesario que esta misma ciudadanía se comprometa en los debates sobre lo que hay que recordar y conmemorar: todo el mundo que así lo quiera debe poder participar en la construcción de la imagen del pasado, estableciendo un debate que plantee, por ejemplo, cómo se han producido los hechos de un conflicto violento y qué derechos humanos se han vulnerado, a fin de construir con todo este bagaje un relato que deberá ser consensuado y aceptado por una mayoría de la ciudadanía.

Las víctimas de un conflicto violento deben poder manifestar su realidad y averiguar las responsabilidades jurídicas que puedan derivarse de las atrocidades cometidas por el Estado, los estamentos, las instituciones y los particulares que hayan participado. A las responsabilidades locales y estatales se tendrán que añadir, necesariamente, las responsabilidades atribuibles a la comunidad internacional, que puede convertirse en culpable sea por acción o por omisión. Estas víctimas, además, tendrán que obtener el reconocimiento y la justicia que se merecen: sólo así será posible la reparación moral a la que tiene un derecho innegable toda víctima. Ese reconocimiento, esa justicia y esa reparación también deben ser internacionales.

Para hacer justicia a los muertos, a los desaparecidos, a los encarcelados, a los desterrado, a los violentados ya los humillados, que han sufrido limitaciones en su libertad y dignidad, que han luchado de forma diversa en conflictos bélicos, en luchas antifascistas o contra las tiranías y los explotadores, es necesario trabajar para poder destaparlo todo, sin que quede ningún vacío o sombra de duda. Así, es el propio Estado quien debe permitir y facilitar el debate, gestionando los conflictos entre las partes que esta sinceridad en el diálogo genera. La autoridad sobre la Memoria la tiene el Estado, que debe poner al alcance de la ciudadanía todos los instrumentos que sean necesarios, incluidas nuevas leyes, para asegurarse un debate verdaderamente honesto, sincero y útil.

Y es que, al final, los conflictos no pueden abolirse ni ahorrarse. La Memoria debe ser la imagen del pasado construida públicamente, sin silenciar ni pacificar nada: sólo así será una Memoria Democrática. Negar el pasado no cierra las heridas y, además, crea tensiones sociales que estallan tarde o temprano. Perdonar y olvidar es sólo una opción para los criminales y opresores.

Por otra parte, el trabajo del historiador es realizar una lectura crítica y permanente del pasado. No es un opinador, sino que está subordinado a los conocimientos más estrictos y fiables de los hechos históricos, investigando y contrastando las fuentes directas y rigurosas del pasado y del presente, así como los silencios y mentiras. La verdad siempre es relativa, pero es necesario aproximarse a ella. El historiador debe poner la información obtenida a disposición de todos, sin simplificaciones, ayudando a construir este nuevo relato. Las atrocidades de la humanidad no pueden desaparecer en el trasfondo de la historia. Historia y Memoria no son antagónicas: ambas comparten la tarea de gestionar el pasado. Y quien las controla, controla el conocimiento, el poder cultural; quien controla el pasado puede dirigir el presente, ya la inversa.

La reivindicación de una Memoria Democrática es un fenómeno surgido desde un proceso social, siendo a la vez expresión y consecuencia del deseo de conocer un período traumático como la Guerra de España, mal llamada civil, y también el franquismo y sus consecuencias. Pero recordar no puede ser un punto final: debe ser el comienzo de un proceso de nueva convivencia democrática y de la reconciliación en una sociedad dividida en vencidos y vencedores.

Sólo una sociedad que recuerda conjuntamente puede respetar la dignidad de la diferencia. 

Artículo original en catalán: realitat.cat