Hace unas semanas salieron a la luz nuevos datos sobre casos de pederastia que afectan a la Iglesia Católica en el Estado español. El diario El País, recogiendo denuncias y testimonios directos de víctimas, comunicaba al Vaticano 251 casos que implican a 31 órdenes religiosas y 31 diócesis.

La Iglesia Católica española solo ha reconocido 220 casos desde el año 2001, algo que dista mucho de representar la auténtica realidad. Solo los que están siendo documentados por El País desde 2018 ascienden a casi 1.000.

En la mayoría de ellos nos encontramos ante pederastas que habían cometido decenas de abusos que habían sido conscientemente encubiertos. A pesar de la evidencia, la respuesta por parte de la Conferencia Episcopal es que “no son muchos casos”, que en “un periodo de 80 años, seguramente no pasan de mil”.

En el mes de octubre, la revelación de 330.000 casos de pederastia perpetrados por de la Iglesia Católica francesa sobrecogió al mundo. Los datos en el país vecino pueden darnos una idea sobre la magnitud real de los que han podido tener lugar en el seno de la Iglesia Católica española, donde esta cuenta con estrechísimos vínculos con el aparato estatal tras 40 años de dictadura nacional-católica, siendo unos de los principales poderes capitalistas del país.

Una situación de impunidad que, tras décadas de “democracia”, ha cambiado poco. A estas alturas sigue sin existir una completa separación entre la Iglesia y el Estado y se mantiene vigente el reaccionario Concordato entre el Estado español y el Vaticano.

Un buen ejemplo es el control de la Iglesia sobre una parte muy importante de la educación, a través de la red privada-concertada. Más de 1.5 millones de niños estudian en las 2.500 escuelas católicas, habiéndose destapado recientemente numerosos casos de pederastia en escuelas gestionadas por ordenes religiosas católicas como los Maristas. También tienen el dominio sobre las principales empresas de asistencia a menores.

¡Que una institución carcomida por los abusos a niñas y niños pueda seguir al frente de colegios y centros de menores resulta absolutamente indecente!

Una lavado de cara ante un escándalo imposible de ocultar

Todos estos datos, publicados ahora por El País, no son ninguna novedad, y han sido difundidos durante años por víctimas y familiares que llevan décadas luchando por obtener reconocimiento y reparación. Una información que desde hace tiempo tienen, tanto el Vaticano como la Conferencia Episcopal Española, pero que ha sido ignorada, cuando no encubierta, por las autoridades eclesiásticas, aquí y en otros países, y por las diferentes autoridades judiciales.

En los últimos años, ante la magnitud de los escándalos y la imposibilidad de seguir encubriéndolos, la Iglesia y el Vaticano se han visto obligados a dar alguna aparente respuesta para intentar darse un lavado de cara. El propio papa Francisco, con la cobertura de los medios de comunicación y el sorprendente aplauso de sectores de la izquierda, anunció el inicio de una supuesta “cruzada” dentro de la Iglesia para acabar con la pederastia.

Pero, ¿en qué ha consistido esta campaña? En exigir que un obispo o superior religioso proceda a abrir una investigación ante cualquier información sobre un posible caso de abuso o de pederastia, sin necesidad de una denuncia formal, e informar inmediatamente a Roma. Es decir, que se ha reconocido que hasta ahora, ante un grave delito como es la pederastia, lo que se hacía era encubrirlo, algo que por cierto es también, en sí mismo, delito.

Y esto se plantea que lo hagan los mismos altos cargos que han estado ocultando miles de casos durante años. Un ejemplo es el de Benedicto XVI, ahora papa emérito, que cuando era arzobispo y cardenal de Munich, tapó el caso de un cura condenado en 1986 a 18 meses de prisión por abusos a menores, llegándolo a trasladar en dos ocasiones a otras parroquias para evitar el escándalo. Esta política de traslados ha facilitado que los abusadores hayan podido volver a actuar en otro lugar pero desde un nuevo anonimato.

El Gobierno PSOE-UP mantiene la impunidad de la Iglesia Católica

En el Estado español esta impunidad, fomentada con la inviolabilidad del secreto eclesiástico, es mayor si cabe. Que los delitos de abusos hacia menores, hasta hace poco, prescribiesen a los 5 años a partir de que las víctimas cumpliesen 18 era un despropósito único en Europa.

Los lazos existentes con el aparato franquista se han mantenido hasta la actualidad, impidiendo que desde el aparato judicial o la fiscalía se iniciaran investigaciones serias al respecto. Los vínculos de numerosos jueces con sectas ultrarreligiosas católicas dan buena muestra de ello.

A pesar de las evidencias, el Gobierno “progresista” PSOE-UP, no ha tomado medida alguna al respecto, ni para investigar a fondo esta lacra, ni para recortar privilegio alguno de la Iglesia Católica, ni para apartarla de esferas tan sensibles como es la educación o el cuidado de los menores de edad.

La propia Ley de Protección de la Infancia, una de las medidas estrellas del Gobierno y de UP, aunque contiene medidas positivas, quedará en papel mojado respecto a los abusos de la Iglesia ya que se mantiene intacto todo su poder y sus lazos con un aparato del Estado “católico, apostólico y romano”.

En vez de luchar para acabar con los privilegios económicos de la Iglesia, con su poder sobre la educación y su impunidad, y por un Estado auténticamente laico libre de injerencias de esta institución reaccionaria y feudal, los dirigentes de UP se dedican a hacer gestos a la cúpula de la jerarquía eclesiástica buscando su aprobación. Así ha ocurrido con la visita de Yolanda Díaz al papa Francisco para ofrecerle sus respetos, encuentro aplaudido por el propio Pablo Iglesias, quién ha calificado al papa de ¡ejemplo de progresismo!

Lo única política de izquierdas aceptable frente a la Iglesia Católica es aquella que rompa con todos sus privilegios, y acabe con el poder que ejerce sobre la educación y la asistencia social, que le permite mantener una poderosa red ideológica con la que hacer negocio de las necesidades sociales y difundir su doctrina machista, racista, LGTBIfóbica.

Solo así se podrían acometer investigaciones transparentes y firmes que pongan en la picota de verdad a todos los culpables, directos o encubridores, y repare realmente a las víctimas.