La sociedad civil española ha mostrado su más contundente indignación tras el acuerdo de mínimos, o “migajas”, firmado este lunes entre el Gobierno de Pedro Sánchez con la cúpula de la Iglesia católica española por el que se recupera para el Estado apenas el 2,8% de los bienes inmatricucados por la Iglesia de los 35.000 en total registrados a su nombre desde finales de la década de los noventa. La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, Recuperando, ha asegurado que el ejecutivo de Sánchez ha aceptado “las migajas” que le ha ofrecido la cúpula católica española y califica de “escándalo” el acuerdo rubricado por el gobierno más progresista de la historia de la democracia con la Conferencia Episcopal Española (CEE).
El representante de la Coordinadora Recuperando (que agrupa a una treintena de asociaciones patrimonialistas de todo el país), Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, ha sido tajante con el pacto anunciado este lunes conjuntamente por Iglesia y Ejecutivo central: “Sólo la Iglesia católica pudo inscribir miles de bienes de toda índole, sin aportar más prueba que la palabra del obispo, gracias a unas normas franquistas e inconstitucionales desde 1978. Así pues, todas las inmatriculaciones posteriores a esa fecha son nulas y no negociables. Miles de esos bienes tienen la naturaleza de dominio público, entre otras razones, porque no son enajenables. ¿Pueden venderse la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Jaca o la Giralda de Sevilla? No. Así pues, estas inmatriculaciones también son nulas y, por tanto, no negociables. Si la nulidad y el dominio público no son negociables, ¿por qué el Gobierno ha negociado con la Conferencia Episcopal sobre ello? Para intentar zanjar el asunto. Si grave es esta confesión de la Iglesia, más aún es que el Gobierno convalide la apropiación del resto de bienes”, explica Rodríguez a través de la red social Twitter.
Este pacto, impulsado ahora por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, deja al margen del acuerdo la inmatriculación de los grandes monumentos religiosos e incluso da por buena la inmatriculación de la Mezquita Catedral de Córdoba, catalogada Patrimonio de la Humanidad desde 1984 por la Unesco, pese a que su predecesora en el cargo, la también socialista Carmen Calvo, luchó por cerrar un acuerdo de cogestión del monumento histórico que evitara el proceso judicial. Este mismo lunes, en el programa radiofónico de la Cadena Ser donde participa como tertuliana, la ex vicepresidenta primera con Sánchez, cordobesa de nacimiento, recordó que ella dejó “una propuesta” para el gran monumento cordobés que iba encaminada a la cogestión de este recinto monumental de la capital cordobosa. “La mezquita de Córdoba es un lugar radicalmente diferente de todos los demás. Allí se solapa una de las grandes mezquitas del mundo con una catedral católica. Yo hice una propuesta particular para ella. El Estado, defendiendo intereses generales de un monumento tan espectacular como ese lo dejábamos en un espacio público, sin pleitear una titularidad en la que, tanto el Estado tiene títulos para pleitear y la Iglesia tiene títulos para pleitear, por lo que eso acabaría en los tribunales”, señalaba Calvo este lunes tras conocer el acuerdo de mínimos firmado por Sánchez con la Iglesia. “No voy a desvelar lo que dije, pero lo dejé puesto en marcha. Esto lo conoce Bolaños y los dos trabajamos juntos. Estamos hablando de un monumento que no tiene parangón”, añadió la ex vicepresidenta primera.
Indignación ciudadana con el ejecutivo de Sánchez por el
acuerdo de “migajas” firmado con la Iglesia, “un escándalo que no
podemos permitir”
El representante de la Coordinadora Recuperando asegura que son unos 35.000 los bienes inmatriculados por la Iglesia desde que el Gobierno de José María Aznar impulsó este proceso de privatización de los templos de culto, aunque la Iglesia disponía de este “privilegio” desde 1946, recuerda el profesor de Derecho Civil. Por ello, la cifra de bienes de la Iglesia se elevaría a unos 100.000 en el último siglo, según las estimaciones de Rodríguez, aunque sólo disponen de datos en Navarra, Cataluña, País Vasco y algunas ciudades como Córdoba.
Desde Recuperando, se recuerda que tanto PSOE como Unidas Podemos prometieron en sus programas electorales, acuerdo de coalición y debate de investidura “adoptar las medidas legislativas” para revertir lo que califica como “escándalo”. Y se pregunta ahora: “¿Por qué han preferido negociar lo que no es negociable? ¿Por qué no publican el listado completo como en otras comunidades autónomas?”.
Rodríguez recuerda una frase que se le asigna al fallecido líder de Izquierda Unida Julio Anguita: “Usted no es mi obispo, pero yo sí soy su alcalde” para recriminar al Ejecutivo de Sánchez que el acuerdo de este lunes se haya rubricado en la sede de la Conferencia Episcopal, “reconociendo el Gobierno a la Iglesia el poder de decidir lo que le pertenece y lo que no”.
El representante de Recuperando, asegura que sólo en España la Iglesia ha podido inscribir miles de bienes públicos sin demostrar su propiedad, gracias a un privilegio franquista, “y después devolver unas migajas para apropiarse del resto con el consentimiento del Gobierno. Un escándalo que no podemos permitir”, concluye.
Fuente → diario16.com
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