El Gobierno abordará la reforma de la Ley de Secretos Oficiales franquista en 2022

Defensa maniobró para bloquear en la Mesa del Congreso la propuesta del PNV y Sánchez la borró del calendario legislativo 2021

El Gobierno abordará la reforma de la Ley de Secretos Oficiales franquista en 2022 / Adrián Lardiez

Tras más de cinco años desde que la primera propuesta llegara al Congreso, el Gobierno de Pedro Sánchez abordará la reforma de la Ley de Secretos Oficiales vigente, que data del franquismo. El Ejecutivo ha incorporado al Plan Anual Normativo 2022 la articulación de una ley de Información Clasificada después de bloquearla sine die en la Mesa del Congreso pese a que cuenta con el visto bueno de la Cámara. En junio de 2020 el Congreso admitió a trámite la iniciativa presentada por el PNV, paralizada desde 2016 por PSOE y PP. Desde entonces, la Mesa amplía sistemáticamente los plazos para presentar enmiendas, condenándola al limbo. El Ejecutivo la incluyó en su calendario de 2021, pero tal y como explicaron fuentes de Moncloa consultadas por ElPlural.com, se aparcó porque había “otras prioridades”, a saber, la recuperación y consolidación económica.

Fuentes parlamentarias del Grupo Nacionalista Vasco denunciaron que la ley “desapareció” del calendario legislativo del año pasado y acusaron falta de “voluntad”. La propuesta del PNV fue aprobada en el pleno en junio del 2020 con 197 votos a favor, entre los que se encontraba la bancada socialista y la morada. Sin embargo, el PSOE frenó en seco. La Mesa amplía los plazos de enmiendas sistemáticamente y la ley permanece bloqueada. Según ha podido confirmar este periódico, los socialistas, por orden de Defensa, son los artífices de este filibusterismo.

El PSOE, por orden de Defensa, mantiene la ley bloqueada mientras un grupo de trabajo desarrolla su propio articulado

Las maniobras de Defensa

Desde Unidas Podemos admitieron que la prórroga “tiene que ver con la voluntad del Ministerio de Defensa”. De hecho, la postura de los morados es clara: “Pensamos que esta ley del año 68, de la dictadura franquista, tiene que ser evidentemente modificada para ponerla en línea con los países más avanzados y que los españoles puedan conocer los detalles de lo que ha ocurrido en España en nuestro pasado ya no tan reciente. Por ejemplo, cuál fue el papel de cada uno en el golpe de Estado del 23F. Si el relato de que el rey salvó la democracia es cierto, ¿qué miedo hay a que se conozcan los documentos de aquella época?”. El PSOE justificó que “no es una ley fácil” y, en paralelo, armó un grupo de trabajo comandado por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo que integra al Ministerio de Defensa, al de Exteriores y a Interior para desarrollar su propio articulado.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, heredó el grupo de trabajo de Calvo, pero al estar centrado en otros asuntos tales como “la recuperación económica” o las negociaciones con el PP para renovar los órganos constitucionales (queda el CGPJ) no se han producido avances.

Podría decaer

Con todo, la nueva norma de Información Clasificada podría no ver la luz tampoco este 2022. Todas las leyes que no han completado su camino hacia el BOE en la legislatura en que fueron votadas decaen con la disolución de las Cortes Generales. El Gobierno la ya borró del calendario legislativo 2021 y podría hacer lo propio en el presente curso; por lo que el articulado decaería y el PNV tendría que volver a registrarla y cumplir todos y cada uno de los pasos nuevamente.

El Gobierno borró la ley del calendario del 2021 y podría hacer lo propio en 2022, por lo que el PNV tendría que registrarla nuevamente y reiniciar todos los trámites

PP y Ciudadanos, abiertos a la reforma

Fuentes parlamentarias del Partido Popular han asegurado a ElPlural.com que están preparados para afrontar el debate y que “se tramite en cuanto se pueda”. “Tenemos nuestras propuestas y estamos decididos a presentarlas en cuanto se pueda”, agregan.

Ciudadanos, en la misma tónica, lamenta que el Gobierno continúe aplazando su tramitación, aunque no consideran que abordar esta ley sea urgente dada la actual situación epidemiológica. Los naranjas propondrán situar en 20 años el límite para desclasificar documentos e incluir “mayores cambios en los plazos transitorios de desclasificación de estas materias en el momento en que entre en vigor esta ley, haciéndolos más extensos, con el fin de proteger la seguridad del Estado y los intereses de la sociedad”.

Una ley franquista

La reforma de la ley de Secretos Oficiales es una de las asignaturas pendientes de la democracia española. La vigente data de abril de 1968 y fue firmada por Francisco Franco y Luis Carrero Blanco. Tal es la anacronía que otorga a un organismo que ya no existe como es la Junta de Jefes de Estado Mayor la potestad de clasificar documentos.

La norma únicamente prevé dos categorías, a saber, secreto y reservado, y no contempla otras habituales como confidencial o de difusión limitada. Tampoco la de muy secreto.

Uno de los aspectos más lesivos es que los documentos únicamente podrían ser desclasificados por el órgano que los clasificó. En este sentido, la propuesta del PNV pretende que el límite para desclasificar archivos pase de 25 a 10 años mientras que la idea del Gobierno es que no existan plazos sino que estén sujetos al grado de protección y el nivel de secreto. En otras palabras, habrá archivos que por su sensibilidad no verían la luz.


Fuente → elplural.com

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