El dilema de la política española

Entre la agenda legislativa y la judicial

El año que comienza arrastra tras de sí toda una serie de asuntos que afectan en primer plano al conjunto del sistema legislativo y judicial del régimen monárquico. El Gobierno de coalición se mueve cada vez más en una situación de difícil equilibrio político. Se trata -como ya sabemos – de un gobierno que solo logra tener mayoría en Cortes para aprobar sus propuestas cuando obtiene el apoyo de partidos con los que no comparte buena parte de sus políticas, Como es el caso de ERC o Bildu, u otros partidos que suman menor número de diputados y senadores, pero que en su conjunto se hacen indispensables para mantener en pie un proyecto político, como es el de Pedro Sánchez, repleto de contradicciones.

El proyecto de una coalición de partidos, que de vez en cuando dicen ser republicanos, pero que en realidad se han convertido, como gobierno, en auténtico sustentador del régimen monárquico, es en sí mismo una gran contradicción. Formado por unos partidos constituidos originariamente como partidos de trabajadores, socialistas o comunistas, por tanto, partidarios de la emancipación social, pero que, por contra, cumplen a rajatabla con los mandatos de banqueros y especuladores, contribuyendo de forma decidida a que estos acumulen más y más riqueza social, apropiándose del fruto del trabajo colectivo, destruyendo producción social, para lo que se empeñan en ejecutar despidos y desahucios e imponer la precariedad. Un Gobierno de coalición que no duda en lanzarse a la represión policial y judicial cuando los trabajadores y los pueblos se movilizan. Lo que hace al caso en su origen al profundo dilema que recorre toda la política española, donde la izquierda tradicional gobierna para los de siempre, cuando obtiene sus apoyos políticos y electorales de la gran mayoría social. Como producto y resultado de esta gran contradicción política, el mismo gobierno que ha sido capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado que le dictaban desde Bruselas, no es capaz de hacer pasar proyectos como el de la Ley de Vivienda, su Ley de Memoria, o la Ley Trans …, al no conseguir en Cortes los apoyos imprescindibles.

Un buen número de comentaristas de la actualidad política se esfuerzan en señalar las diferencias entre los partidos que forman el Gobierno, obviando en lo esencial las contradicciones entre el Gobierno y las bases sociales en las que se apoya, tanto en el terreno político como electoral. Jubilados y Pensionistas, que se oponen a la privatización de las pensiones y al Pacto de Toledo, exigen la dimisión del ministro Escrivá; los trabajadores del metal de Cádiz la dimisión del ministro de Interior por la represión contra su justa movilización; pero estos ministros cuentan con el respaldo del conjunto del Consejo de Ministros que, como órgano colegiado, puede decidir o no la aplicación de un plan.

La política cobarde del gobierno de coalición en su conjunto, tanto en lo social como en la Memoria Histórica, y en el terreno de la vivienda o de los derechos de la mujer…, cuando aún mantiene vigente la ley mordaza (que cuenta con el posicionamiento de los sindicatos policiales que son agitados por la extrema derecha), es aprovechada por los partidos que ya gozan de mayoría en Andalucía y Madrid, PP y VOX, para lanzarse a adelantos electorales, tal y como ahora sucede en Castilla y León.

Cierto es que existen diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos. Diferencias que también se extienden a los ministros independientes, que no son de ningún partido, pero que funcionan como ministros del régimen. Diferencias acerca de toda una serie de proyectos que, de una u otra manera, acaban convirtiéndose en proyectos políticos contrarios a las demandas sociales y a sus propios programas electorales que les comprometen. Como el que acaba de llegar a Cortes en forma de Pacto Social, por el que se intenta no derogar la contrarreforma laboral del PP; acuerdo avalado tanto por la patronal CEOE, como por los dirigentes sindicales de CCOO y UGT. Pacto que al llegar a Cortes cuenta de entrada con la oposición de los principales partidos nacionalistas catalanes y vascos, que se reclaman defensores de los derechos sociales conculcados, frente a una “reformita”, como la de la ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, que no satisface a los trabajadores en sus reivindicaciones.

De la elevación a ley de dicho pacto social dependen ahora la llegada de los préstamos acordados con la Unión Europea en concepto de inversiones para la reconstrucción económica. Sin pacto social contra los derechos de los trabajadores, los señores de Bruselas no están dispuestos a financiar la supuesta reconstrucción económica.

La trampa del IPC real y del oficial se sitúa ahora como obstáculo gubernamental tanto para la subida de las pensiones, como para la negociación de las subidas salariales en los convenios colectivos, mientras que se acelera la privatización de la sanidad, cuando aprieta la sexta ola de la pandemia. Y ello cuando, además, toca subir el SMI, que es sin duda alguna uno de los más bajos de toda Europa. En el momento que se da a conocer que, en los últimos diez años, tanto los salarios como las pensiones han perdido el 10% de su capacidad de compra, mientras que los beneficios del gran capital se multiplican, aún bajo el efecto de la crisis acelerada por el coronavirus.

Política contradictoria del gobierno, que aparece atenazada por la gran corrupción que afecta a las más altas magistraturas, y a los propios partidos y sindicatos partícipes del sistema. La agenda judicial corre sin parar con miles de casos acumulados desde 202. El PP es el partido que más casos acumula de corrupción política e institucional: el conocido como tercer juicio del caso Gürtel puede conducirle a una nueva sentencia que establece que lo de Génova no es una sede social, sino la Cueva de Alibabá. Ex dirigentes de primera línea del PP, como Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre, Zaplana, Fabra, y de forma indirecta el mismo Rajoy, se encuentran en capilla judicial, si de una vez los jueces leen atentamente en los cuadernos de anotaciones las cuantías entregadas por el ex tesorero Luis Bárcenas, y despejan la incógnita de quien será un tal M. Rajoy, que aparece profusamente en ellas. El PSOE, por su parte, también arrastra asuntos que afectan a parte de sus dirigentes y altos cargos, como es el caso de los ERE de Andalucía, estando pendientes de sentencias definitivas del Supremo los ex presidentes andaluces, Chaves y Griñán.

El juicio contra el ex comisario Villarejo, que afecta a la flor y nata de la casta política y a la clase empresarial, se prolongará durante bastantes meses de 2022, implicando a cientos de altos cargos, y en particular a la Corona y a todas sus corruptelas, vinculado al caso de los casos que están sobre la mesa de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y dependiente de los informes que lleguen de Suiza y de Gran Bretaña sobre las operaciones ilegales del emérito. En medio de tanto embrollo las interpretaciones del texto constitucional chocan con la realidad, con quienes gobiernan, con quienes hacen las leyes: incapacidad del Gobierno, de las leyes e instituciones para resolver los problemas fundamentales del trabajo y la vida de la población.

La búsqueda activa de soluciones a los problemas sociales y democráticos se constituye, por ello, en la principal palanca de movilización de la mayoría social por sus reivindicaciones y aspiraciones; necesitando que las mismas no se defiendan de forma dispersa, haciendo lo posible para que se reagrupen y unifiquen en un programa político de las principales demandas que exigen convertir en leyes, en programa de acción. No se trata de interpretar de una u otra forma un cuadro legal que se ha construido contra los derechos sociales, sino de dar voz a la mayoría y favorecer un movimiento de reorganización cuyo eje no es otro que el de la soberanía popular.

Una democracia vacía, sin pueblo, sin la participación del mismo en los asuntos fundamentales, que es todo lo que da de sí el sistema político del régimen del 78, no puede resolver de forma positiva ninguno de los graves problemas presentes. Por ello, hay que poder decidir, primero exigiendo el derecho a decidir, y más tarde pudiendo ejercer ese mismo derecho en forma de consulta popular organizada desde las calles y plazas. 2022 será el año de la consulta popular Monarquía o República.