El agotamiento de las políticas monárquicas y el derecho a decidir

El agotamiento de las políticas monárquicas y el derecho a decidir

Iniciativas de reorganización

Los síntomas de agotamiento de la izquierda oficial, que gobierna desde hace dos años para los de siempre, en clave de impunidad del régimen monárquico, parecen evidentes: la greña entre ministros por múltiples motivos no es el único ni más importante de los acontecimientos. Tampoco lo es en sí, que los partidos y grupos parlamentarios -que han sostenido el gobierno monárquico desde la moción de censura a Rajoy- están obligando a Sánchez y sus ministros a aparcar toda una serie de propuestas de ley para las que no ha conseguido la mayoría necesaria. Leyes que vulneran derechos sociales y democráticos, como es el caso de la Ley de Vivienda o la nueva Ley de Memoria, que recrea la impunidad, la “reformita” de Yolanda, (pendiente de aprobación y que supone la no derogación de la contrarreforma social impuesta), como también las medidas sanitarias regresivas, que abundan en la privatización de la sanidad pública y del actual sistema público de pensiones.

Más allá de las diferencias existentes en el seno el Gobierno, y entre éste y los partidos que le han dado la mayoría en Cortes (y son aún más amplias), que bloquean toda una serie de políticas monárquicas y reaccionarias pactadas con la Unión Europea, está el hecho del divorcio que se fragua cada día entre las políticas del Gobierno y las bases sociales que votaron hace dos años por los candidatos de la izquierda oficial. Los trabajadores y pueblos dieron un mandato de cambio político y avance social que está siendo incumplido. Y después de dos años comprueban que su mandato está siendo burlado con todo tipo de jugarretas. A ello se refería el Presidente de la Generalidad ayer mismo subrayando que el pueblo catalán no renuncia a su derecho de convocar el referéndum para poder decidir, que se pretende negociar con el Gobierno de Sánchez.

La crisis de las macrogranjas, acerca de la ganadería y agricultura industrial que se promueve en nuestra geografía, pone de relieve hasta qué punto el beneficio capitalista se pone por encima de todo, de las personas y de la misma naturaleza, que es destruida. El ejemplo del colapso del Mar Menor debería servir como ejemplo de lo que no hay que permitir por quienes gobiernan.

Desde el fondo del Estado cloaca, incapaz de ocultar la corrupción y silenciar la represión contra los movimientos sociales, asistimos a un nuevo capítulo de la crisis de régimen. En estos días se celebra un juicio en la Audiencia Nacional por tres piezas del llamado caso Tándem, que hace referencia inicial a conflictos mafiosos entre miembros de la familia Obiang en el poder en Guinea. En el interrogatorio del ex comisario de policía y ex agente del CNI, J. Manuel Villarejo, éste acusó directamente al Centro Nacional de Inteligencia y a su Director, Sanz Roldán, de haber “calculado mal las consecuencias” de una pretendida operación yihadista con la que se quería “dar un pequeño susto a Cataluña”. Se refiere Villarejo a que el 17 de agosto se perpetró un atentado criminal en las mismas Ramblas de Barcelona, consistente en el atropello masivo por zona peatonal, atentado reivindicado por el “Estado Islámico”, que causó catorce muertos y más de un centenar de heridos.

Partidos catalanes como ERC solicitaron en su día la convocatoria de una Diputación Permanente (por estar las Cortes de vacaciones) para constituir una Comisión de investigación sobre dicho atentado, iniciativa que resultó bloqueada tanto por los partidos franquistas como por el PSOE. Ahora, ante las declaraciones de Villarejo, partidos como Bildu, BNG, CUP, MES Mallorca y Junts, y la misma ERC, han solicitado que se cree inmediatamente otra Comisión de investigación, considerando que las declaraciones judiciales de Villarejo “son una acusación grave de colaboración del CNI con células terroristas yihadistas y la utilización del terrorismo de Estado contra la población civil por parte de los servicios de inteligencia y los cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado”. Y que, en relación con esa grave y clara acusación de terrorismo de Estado, comparezca en el Congreso el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de interior, Grande Marlaska, y el ex director del CNI, Félix Sanz Roldán, para que expliquen qué tuvieron que ver los servicios secretos del régimen con los atentados del 17-A en las Ramblas de Barcelona. Sospechas de terrorismo de Estado que ya se han conocido en otros muchos atentados contra la población civil.

El control de la Mesa del Congreso ha impedido, hasta quince veces en los últimos meses, que se pudiera crear comisión de investigación sobre la corrupción de la Casa Real, y acerca de la financiación oculta de la misma por diferentes ministerios … La solicitud de investigación sobre los atentados de las Ramblas puede que sea también boicoteada por quienes controlan la mesa de la Cámara, acumulándose de esta manera cuestiones de vital importancia que no encuentran solución democrática en el sistema político de impunidad heredado de la dictadura.

Las iniciativas que expresan las demandas obreras y populares dirigidas al Gobierno y a las Cortes sufren también constantes bloqueos antidemocráticos. Tal es el caso del movimiento anti desahucios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quienes consideran que la Ley de Vivienda del Gobierno es “inaceptable”. Rechazo que no solo hace referencia al PSOE y a su política, sino también a U-Podemos. El portavoz de la PAH manifestaba recientemente al respecto que “ha habido una quiebra en la confianza entre la PAH y Unidas Podemos”. A los colectivos reagrupados por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda, más de 90 organizaciones y sindicatos, les “parece vergonzoso e inaceptable” el proyecto del Gobierno, una “burla” determinada por la “influencia de la banca y de los fondos buitre… un gobierno progresista que acaba convirtiendo el sistema en un aliado de la especulación”. Algo muy similar es sucede con la nueva Ley de Memoria, que prolonga la indefensión de las víctimas del franquismo. Una nueva sentencia del Tribunal Supremo impide la investigación, la justicia y la reparación del caso de la “fosa de los maestros” de la provincia de Soria.

Ante los ataques reiterados al sistema sanitario público por los diferentes gobiernos, numerosos colectivos impulsan una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la recuperación del sistema Nacional de Salud, a fin de que la atención sanitaria sea para todas las personas y se deroguen las leyes privatizadoras, estableciendo un sistema público de farmacia y productos sanitarios, se recupere y refuerce la atención primaria, extendiendo la atención sanitaria a los centros públicos de mayores.

Las principales demandas de los trabajadores y pueblos, de la juventud y la mujer, deben posibilitar un programa de acción que reagrupe las reivindicaciones y los movimientos mayoritarios por una salida política democrática y social. Por unas Cortes que hagan ley la voluntad popular. Se cumplen 94 años del establecimiento en España de la jornada de 8 horas como logro político de una larga lucha, de una huelga general indefinida que duró 44 días. Logro social, como otros, en peligro.

Una moción popular dirigida al Gobierno y a las Cortes recaba apoyos reclamando el derecho a decidir mediante referéndum entre Monarquía o República, moción que viene a “demandar el derecho soberano del pueblo (de los pueblos) a decidir directamente sobre dicha cuestión, que no solo afecta directamente a la Jefatura del Estado, sino y por extensión a todo el sistema político y judicial, y que debe resolverse “democráticamente”.

En reciente comunicación de los organizadores de la consulta popular estatal Monarquía o República, que se propone realizar en todos los territorios del Estado español el próximo 14 de mayo 2022, se insiste en que “en las sociedades democráticas los pueblos deciden sobre todas las cuestiones que les conciernen, entre ellas sobre una de las más importantes: la forma de Estado. Por eso numerosas organizaciones y colectivos constituimos una Plataforma unitaria amplia y plural para impulsar una Consulta Popular Estatal Monarquía o República y que la ciudadanía pueda pronunciarse por una de estas dos opciones.

Si quieres participar en los actos y convocatorias que van a preparar dicha Consulta no dudes en ponerte en contacto con los compañeros de la Ronda de la Dignidad de la Puerta del Sol.