Hacer un recuento de víctimas, agresores y
responsabilidades. Averiguar si hay en la iglesia católica estructuras
que faciliten, oculten y perpetúen las agresiones
Comisión de investigación sobre las agresiones sexuales en la iglesia católica / Mauricio Valiente Ots.
Iniciativa en el Congreso de los Diputados de Unidas Podemos, ERC y BilduComisión de investigación sobre las agresiones sexuales en la iglesia católica Hacer un recuento de víctimas, agresores y responsabilidades. Averiguar si hay en la iglesia católica estructuras que faciliten, oculten y perpetúen las agresiones
Los grupos parlamentarios de Unidas Podemos (UP-ECP-GC),
Republicano (ERC) y de Euskal Herria Bildu han registrado una iniciativa
para que se cree una comisión que investigue las agresiones sexuales a
menores y adolescentes cometidas en la iglesia católica. Se pretende, en
primer lugar, analizar la existencia de estructuras dentro de la iglesia católica que faciliten, perpetúen y oculten
este tipo de agresiones. Por otro lado se valorará el grado de
conocimiento de la existencia de estas prácticas delictivas por parte de
los organismos públicos y, por lo tanto, las responsabilidades que pudieran caber por mirar hacia otro lado en un fenómeno tan grave. No menos importante resultará hacer un recuento, aunque sea aproximado, del número de víctimas y agresores
reconocidos, así como la eficacia de las políticas de prevención,
atención y reparación que en varias ocasiones se han anunciado por la
propia iglesia. Por último, la comisión de investigación se plantea que
sus conclusiones sirvan para planificar políticas públicas de
reparación, prevención y atención a las víctimas, en especial protocolos
de prevención e intervención.
En el análisis de las violaciones a los derechos humanos tiene una gran relevancia la existencia de patrones, la constatación de la regularidad de determinadas denuncias y la similitud de sus contenidos. En sociedades o instituciones donde rige una gran opacidad con tendencia a lavar sus trapos sucios en casa, la reiteración de testimonios debe levantar todas las alarmas. En el caso de la iglesia católica llueve sobre mojado. El literato asturiano Ramón Pérez de Ayala retrató en su novela AMGD, publicada a inicios del siglo pasado, algunas de estas prácticas y cómo el manto de impunidad las hacía eternas. Que algo falla en la iglesia católica nadie lo discute a estas alturas. El Papa Francisco ordenó en 2019 que la iglesia católica dejara de encubrir los casos de pederastia. Lo hizo mediante un decreto en el que señalaba a los obispos como responsables de las agresiones sexuales cuando las encubrieran y exigía a los clérigos la denuncia de los casos.
Como en Francia
Poco tiempo atrás se han publicado los resultados de una investigación hecha por una comisión independiente sobre las agresiones sexuales cometidas dentro de las instituciones católicas en Francia. Los números son escalofriantes: se señala como una estimación mínima a entre 2.900 y 3.200 religiosos pedófilos desde 1950, cantidad que se incrementa cuando se contabiliza a los laicos que trabajaban en entornos controlados por la iglesia. Se calculó que 216.000 menores fueron víctimas de agresiones sexuales por parte de clérigos. La comisión pudo investigar las agresiones sexuales de un colectivo de 115.000 religiosos, curas y autoridades religiosas durante más de dos años, en los que se revisaron los archivos de la iglesia y los judiciales y policiales. Con la misma finalidad se tomó declaración a miles de testigos de las víctimas de estas agresiones sexuales. El informe ha sido un punto de inflexión en la historia de Francia y ha llevado a que el presidente de los obispos manifestara la vergüenza con la que recibió el documento y pidiera perdón públicamente.
España también necesita dar un paso más en la investigación de una situación análoga a la de Francia que puede destapar unas cifras alarmantes de víctimas y victimarios, sobre todo si se tiene en cuenta nuestra trágica historia de Estado confesional y la de la dictadura nacional-católica del franquismo, lo que incrementó el poder, el control social y la impunidad de las estructuras donde pudieron cometerse estos hechos.
No es un asunto de la iglesia católica. Son delitos que obligan a una intervención pública punitiva y preventiva. En junio del año pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como Ley Rhodes, con la máxima de que “la lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos” que “no solo responde a la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento jurídico los compromisos internacionales asumidos por España en la protección integral de las personas menores de edad sino además a la relevancia de una materia que conecta de forma directa con el sano desarrollo de nuestra sociedad”. Si muchas veces decimos que no hay democracia sin antifascismo no está de más recordar también que no habrá justicia sin acabar con la impunidad y controlar las estructuras de poder que facilitan este tipo de violaciones de los derechos humanos.
Acorde con la polarización y el deterioro del debate político y mediático que vivimos, con una derecha desbocada y sin límites en su agresividad, asistiremos a un debate bronco, no cabe duda. Pero es una obligación ética y política plantearlo. Esperemos que el conjunto de las fuerzas políticas democráticas lo apoyen y que esta comisión se convierta en nuestro país en un hito tan relevante como se ha producido en Francia.
En el análisis de las violaciones a los derechos humanos tiene una gran relevancia la existencia de patrones, la constatación de la regularidad de determinadas denuncias y la similitud de sus contenidos. En sociedades o instituciones donde rige una gran opacidad con tendencia a lavar sus trapos sucios en casa, la reiteración de testimonios debe levantar todas las alarmas. En el caso de la iglesia católica llueve sobre mojado. El literato asturiano Ramón Pérez de Ayala retrató en su novela AMGD, publicada a inicios del siglo pasado, algunas de estas prácticas y cómo el manto de impunidad las hacía eternas. Que algo falla en la iglesia católica nadie lo discute a estas alturas. El Papa Francisco ordenó en 2019 que la iglesia católica dejara de encubrir los casos de pederastia. Lo hizo mediante un decreto en el que señalaba a los obispos como responsables de las agresiones sexuales cuando las encubrieran y exigía a los clérigos la denuncia de los casos.
Como en Francia
Poco tiempo atrás se han publicado los resultados de una investigación hecha por una comisión independiente sobre las agresiones sexuales cometidas dentro de las instituciones católicas en Francia. Los números son escalofriantes: se señala como una estimación mínima a entre 2.900 y 3.200 religiosos pedófilos desde 1950, cantidad que se incrementa cuando se contabiliza a los laicos que trabajaban en entornos controlados por la iglesia. Se calculó que 216.000 menores fueron víctimas de agresiones sexuales por parte de clérigos. La comisión pudo investigar las agresiones sexuales de un colectivo de 115.000 religiosos, curas y autoridades religiosas durante más de dos años, en los que se revisaron los archivos de la iglesia y los judiciales y policiales. Con la misma finalidad se tomó declaración a miles de testigos de las víctimas de estas agresiones sexuales. El informe ha sido un punto de inflexión en la historia de Francia y ha llevado a que el presidente de los obispos manifestara la vergüenza con la que recibió el documento y pidiera perdón públicamente.
España también necesita dar un paso más en la investigación de una situación análoga a la de Francia que puede destapar unas cifras alarmantes de víctimas y victimarios, sobre todo si se tiene en cuenta nuestra trágica historia de Estado confesional y la de la dictadura nacional-católica del franquismo, lo que incrementó el poder, el control social y la impunidad de las estructuras donde pudieron cometerse estos hechos.
No es un asunto de la iglesia católica. Son delitos que obligan a una intervención pública punitiva y preventiva. En junio del año pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como Ley Rhodes, con la máxima de que “la lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos” que “no solo responde a la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento jurídico los compromisos internacionales asumidos por España en la protección integral de las personas menores de edad sino además a la relevancia de una materia que conecta de forma directa con el sano desarrollo de nuestra sociedad”. Si muchas veces decimos que no hay democracia sin antifascismo no está de más recordar también que no habrá justicia sin acabar con la impunidad y controlar las estructuras de poder que facilitan este tipo de violaciones de los derechos humanos.
Acorde con la polarización y el deterioro del debate político y mediático que vivimos, con una derecha desbocada y sin límites en su agresividad, asistiremos a un debate bronco, no cabe duda. Pero es una obligación ética y política plantearlo. Esperemos que el conjunto de las fuerzas políticas democráticas lo apoyen y que esta comisión se convierta en nuestro país en un hito tan relevante como se ha producido en Francia.
Fuente → mundoobrero.es
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