Canarias, la llave para el golpe de Estado del 36

La designación de Francisco Franco como Capitán General de Canarias confiere al Archipiélago la condición de llave para la sublevación militar. En sus cuatro meses de mando, desde la Capitanía Militar de Tenerife va fraguando el plan de los rebeldes, que da su definitivo paso al amanecer de aquel 18 de julio de 1936. Un bando declaraba el estado de guerra.

En Santa Cruz de Tenerife, unidades de Infantería al mando del comandante Alfonso Moreno Ureña ocuparon el Gobierno Civil (actual Palacio de Carta), en la plaza de La Constitución, hoy de La Candelaria. También, y siguiendo los dictados del manual de un golpe organizado, intervinieron los centros de comunicaciones (Correos, Telégrafos, y Teléfonos), además de otras infraestructuras estratégicas y sensibles.

Desde diferentes calles fueron confluyendo grupos de soldados a la plaza, colocando ametralladoras en su perímetro y penetrando en el edificio gubernativo. El Gobernador civil, Manuel Vázquez Moro, es destituido y detenido en sus dependencias particulares.

Pasado el mediodía circula por la capital el rumor de que la sublevación militar ha fracasado, quedando limitada a Canarias, Baleares y algunos puntos del territorio colonial marroquí. La noticia desencadena el entusiasmo. Una representación de dirigentes de Unión Republicana se dirige a la Comandancia Militar, conminando al comandante en funciones a restituir en el ejercicio del poder a las autoridades civiles y así evitar derramamientos de sangre, «pues se temía una reacción violenta de los anarquistas o de las milicias socialistas», señala Cabrera. El jefe militar se niega a recibirlos.

Los líderes republicanos, más algún cenetista, excitan entonces a la resistencia y en la plaza convergen dos manifestaciones, que concentran alrededor de unas trescientas personas. Desde un balcón lateral asoma la figura del gobernador civil, reclamado por los manifestantes, en compañía de su secretario, alza un brazo y lanza un viva a la República.

Aquel sábado, a las seis de la tarde, los guardias de Asalto, espoleados y obligados por los manifestantes, abrieron fuego desde casas y azoteas circundantes contra los soldados de Infantería que custodiaban el edificio gubernativo. Los militares repelen el ataque y en el intercambio de tiros muere un soldado voluntario, Santiago Cuadrado, y un cabo de las fuerzas Asalto y otro resultó herido. Los fusiles de la tropa terminaron por dispersar a los manifestantes, mientras la Guardia de Asalto se retira a sus cuarteles. Tras anochecer salió de la Comandancia Militar el capitán de Estado Mayor don Francisco Rodríguez al mando de unos pocos soldados, que lograron desarmar y capturar a los guardias rebeldes, terminando así el trágico y lamentable episodio del día 18. Del acontecimiento se derivarán, por último, los corres- pondientes Consejos de Guerra y de éstos el fusilamiento del Gobernador, de su secretario, de los dirigentes Domingo Rodríguez Sanfiel y Francisco Sosa Castilla, así como del teniente Alfonso González Campos, que mandaba las fuerzas de asalto.

Con todo, en las noches siguientes al 18 de julio se suceden las agresiones armadas al ejército que patrulla las calles y la capital tinerfeña vive en un permanente clima de tiroteos.

La Federación Obrera santacrucera convoca la huelga general, un llamamiento que se repite en otros puntos de la Isla con significativa implantación proletaria, como el Valle de La Orotava y La Laguna. «Las huelgas afectarán a la totalidad de los sectores económicos y se harán más persistentes en los trabajos portuarios y en la construcción, pero su eficacia como medio para entorpecer la sublevación militar es más bien escasa», subraya Cabrera.

Gran Canaria, sometida

La oposición efectiva a la sublevación militar resultó casi inexistente en Gran Canaria, a excepción de la respuesta del teniente coronel de la Guardia Civil Emilio Baráibar y de la escasa dotación de la Guardia de Asalto. La huelga general convocada por la Federación Obrera tuvo un valor prácticamente testimonial.

En Las Palmas, el mismo 18 de julio fueron registrados y saqueados los talleres de las dos logias masónicas y se hacía a la mar el guardacostas Arcila, que se encontraba destacado en el puerto de Las Palmas, para patrullar la costa norte de la isla, donde existían focos de resistencia. El fuego de sus cañones y las operaciones coordinadas de fuerzas del Ejército y de la Guardia Civil acaban con los escasos defensores de la legalidad republicana en Arucas, Guía, Gáldar y Agaete que se rinden. Posteriores bombardeos de las cuevas de la Cuesta de Silva y otros objetivo dispersaron los últimos núcleos de resistencia.

Incidentes como el tiroteo desde la Casa del Pueblo de Las Palmas o la muerte de dos soldados que patrullaban en la zona portuaria se saldaron con una réplica contundente: desalojados y detenidos los autores de los disparos, la Casa del Pueblo fue volada y el asesinato de los soldados trajo consigo cinco penas de muerte.

Consecuencia de la toma del poder por los militares fue el ingreso en la cárcel de dirigentes de partidos y organizaciones obreras con alguna responsabilidad en la gestión de la vida pública y en las reivindicaciones sindicales desde las elecciones de febrero.