Han pasado más de 40 años desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y aún siguen vivas muchas incógnitas, sobre todo en lo que se refiere a la presunta participación del entonces Jefe del Estado en el mismo. A pesar de que estos hechos se produjeron hace 4 décadas, aún existe una opacidad y un hermetismo absoluto por parte de las distintas administraciones, con la complicidad de todos los gobiernos que han pasado por la Moncloa, a la hora de impedir al pueblo conocer la verdad de lo que entonces sucedió.
En el año 2005, un preciso informe sobre los hechos ocurridos durante la preparación del golpe de Estado fue entregado al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, por el coronel Amadeo Martínez Inglés. Ante la falta de respuesta, en 2006 remitió dicho documento a las máximas instituciones del Estado: Presidencia del Gobierno, Senado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo o Consejo de Estado, entre otras. Dicho documento señala una serie de hechos que presuntamente apuntalarían la sospecha de que Juan Carlos I fue partícipe e, incluso, pudo haber instigado el golpe de Estado.
Según el informe, en los últimos días del verano de 1980, a causa de la inestabilidad política, económica y social de España y del malestar del Ejército debido al terrorismo etarra y a la puesta en marcha del Estado de las autonomías, se encontraban en periodo de gestación en España tres golpes militares: el golpe duro o «a la turca», promovido por un grupo muy numeroso de generales franquistas de la cúpula militar con mando en la Capitanía General y, en consecuencia, con un gran poder operativo dentro del conjunto de las Fuerzas Armadas, que apuntaba directamente contra Juan Carlos I, al que tachaban de «traidor» a Franco, y, por supuesto, contra el sistema político recién instaurado en España.
El segundo movimiento golpista era el de corte «primorriverista», personalizado por el capitán general de Valencia, teniente general Milans del Bosch, que aspiraba a instaurar en nuestro país una dictadura militar, pero respetando la institución monárquica.
Finalmente, el tercero, denominado de «los espontáneos» o «golpe primario» por los servicios de inteligencia militar, apuntaba al teniente coronel Antonio Tejero Molina y al comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas como posibles cabezas rectoras de un nuevo intento de golpe de Estado tras el fracaso de la Operación Galaxia y que estaba muy limitado en medios y alcance para alterar el orden constitucional.
Estos movimientos subterráneos en el seno de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil eran conocidos y seguidos muy de cerca por la División de Inteligencia del Ejército y, sobre todo, por el CESID, que, ya en noviembre de 1980, redactó un «Informe sobre las operaciones en marcha», del que tuvieron constancia el Gobierno de Adolfo Suárez, la Jefatura del Estado y el Estado Mayor.
De estas tres vías de golpe de Estado, la más peligrosa era la primera, puesto que sus responsables ostentaban el mando del 80% del poder militar real y, además, aspiraban a dar un vuelco total a la situación política en España.
Según el informe presentado en el Congreso de los Diputados por Martínez Inglés, el comandante-jefe de Estado Mayor de la Brigada DOT V con sede en Zaragoza, tuvo plena constancia de la existencia de este movimiento involucionista en tres reuniones de jefes de Cuerpo de la guarnición con el capitán general Elícegui Prieto, titular de la V Región Militar, celebradas en octubre, noviembre de 1980 y enero de 1981.
A lo largo de las mismas se planteó la necesidad perentoria de que nuevamente el Ejército «enderezara» abruptamente el rumbo político de nuestra nación. De lo tratado en estos tres encuentros cursó inmediatamente la oportuna nota informativa al mando del Ejército a través del canal de Inteligencia de la Brigada.
Fuente → diario16.com
No hay comentarios
Publicar un comentario