Se acaba de celebrar, un año más, el Día de la Constitución, siendo ya éste el número 43 desde que fuera ratificada en referéndum en 1978. Y la pregunta es: ¿es deseable una Constitución, en cualquier país democrático del mundo, con 43 años de edad? ¿De verdad tiene sentido su vigencia? No pretendemos afirmar que sus contenidos no sirvan, lo que estamos cuestionando es que, después de 43 años, las formaciones políticas a nivel nacional (salvo Unidas Podemos) se aferren a la idea de que ni una sola coma ha de ser cambiada en el texto constitucional. Nos parece algo absolutamente insólito, ya que las Constituciones son el reflejo de una determinada sociedad, pero en su tiempo histórico, con sus circunstancias concretas, y los que ya tenemos un poco más de edad, recordamos perfectamente cuáles eran las circunstancias de nuestro país en 1978.

En efecto, aún sonaba el ruido de sables (de hecho llegaría el intento de Golpe de Estado tres años más tarde), los líderes de la izquierda republicana aún estaban en el exilio, sus respectivas formaciones políticas no estaban legalizadas (únicamente se había legalizado el Partido Comunista, a cambio, entre otras cosas, de aceptar la Monarquía), y los gerifaltes franquistas, que entonces habían formado otros partidos “democráticos”, así como la judicatura, campaban a sus anchas, situándose en los puestos más significativos de las escalas de poder. Hoy día, después de 43 años, no es que haya cambiado mucho el panorama, pero al menos, el transcurso del tiempo ha permitido que determinadas ideas y concepciones políticas ocupen el tablero y la primera plana sin que ello constituya un escándalo nacional. Pero aun así, la tremenda reticencia de los partidos mayoritarios para alterar ni una coma de la Carta Magna nos mantiene con dicho texto absolutamente blindado, como si fuese un fósil, una momia escrita en pergamino que hubiese que loar indefinidamente. A este paso, no ya 43, sino 143 años cumplirá la Constitución sin reformarse, lo cual constituye una enorme anomalía democrática.

Vamos a destacar a continuación los que, a nuestro juicio, son los tres motivos fundamentales para debatir y proyectar las reformas constitucionales que hacen falta en nuestro país, de forma urgente:

1.- La edad de la Constitución. Como acabamos de comentar, 43 años son muchísimos años para un texto constitucional, no ya en España, sino en cualquier país del mundo. Más de cuarenta años cubren ya dos generaciones completas, dos generaciones que no votaron dicho texto constitucional, y que por tanto, están absolutamente ninguneadas por la Carta Magna. No se trata ya, por tanto, desde este punto de vista, de que la Constitución vigente tenga que cambiarse por obsoleta, incompleta o deficiente, sino que incluso la mejor Constitución del mundo, la más completa y eficaz, la más justa y democrática, al transcurrir tanto tiempo debiera ser actualizada, y si fuese el caso, modificada, y por supuesto, votada por las nuevas generaciones. Si esto no se hace, como hemos apuntado más arriba, la Constitución se convierte en una reliquia, en un tótem que sirve únicamente a los intereses de los que no quieren cambiarla. Las Constituciones deben ser siempre hijas de su tiempo, y eso conlleva que, como muy tarde cada dos décadas, deban ser revisadas, ampliadas, modificadas y votadas, aunque de hecho no se cambie ni una coma de ellas, porque su población esté encantada con su texto constitucional. Pero es imprescindible abrir el debate sobre su reforma cada cierto tiempo, para que las nuevas generaciones se vean referidas e incluidas en ella.

2.- Remover los cimientos de poder que la Constitución sustenta. Es evidente que la motivación fundamental de la negativa a abrir el debate constitucional por parte de los partidos mayoritarios a nivel nacional descansa en el hecho de que la Constitución de 1978 sustenta una estructura de poder que les conviene, les refuerza sus privilegios y les asegura sus prebendas, así como la continuidad del propio sistema. Pero ello, de nuevo, es una anomalía democrática, prevista así en un momento histórico determinado, que hay que debatir, creando un nuevo consenso en torno a determinados asuntos, tales como la Jefatura del Estado (la Corona), la forma del mismo (Monarquía o República), la estructura del mismo (Autonomías o Estado Federal), así como el cambio en una serie del articulado concreto, como el que aborda las funciones de las Fuerzas Armadas, o el que debiera recoger el derecho de autodeterminación de los pueblos que forman el Estado Español.

3.- Blindar los derechos sociales que la Constitución recoge. Por último, es absolutamente preciso abrir el debate constitucional para recoger el blindaje de los derechos económicos y sociales que la Constitución recoge, pero que actualmente quedan en un ámbito subjetivo, es decir, sin una clara protección por parte del Estado. Aquí entrarían los artículos que recogen el derecho a la vivienda, el derecho del Estado a la intervención pública en la economía, o la derogación del actual artículo 135, que da preferencia al pago de la deuda a las entidades financieras, antes que a la cobertura de los derechos sociales de la ciudadanía. Nosotros pretendemos, además, que el texto constitucional recoja la concesión a todo ciudadano/a de una Renta Básica Universal, así como el blindaje (es decir, su garantía a toda la ciudadanía y la prohibición expresa de su privatización) de los derechos a la sanidad pública, a la educación pública, a los servicios sociales, etc. Así mismo, también pretendemos que la reforma constitucional recoja en su articulado la protección de los derechos de última generación, tales como el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, el derecho a la paz o el derecho igualitario entre hombres y mujeres.