Después de años de “interinidad” en órganos centrales del aparato del estado, y en cosa de días, el PSOE y el PP llegaron a un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Todos salvo el Consejo General del Poder Judicial que quedó al margen por expreso deseo de Pablo Casado.

El PSOE presenta como su gran triunfo que el apático Ángel Gabilondo se convierta en el nuevo Defensor del Pueblo, un órgano absolutamente simbólico sin ningún peso real. Por contra, el PP metió a dos jueces caracterizados por sus relaciones con la corrupción y las ideas de extrema derecha en el Tribunal Constitucional, uno de los principales aparatos político/judiciales del régimen, que sirvió y sirve de aval para todas las políticas reaccionarias, como lo demostró en todo el proceso catalán o el voto favorable a la Reforma Laboral de Rajoy; la que según la Ministra de Trabajo “técnicamente” no se puede derogar.

Vox, a pesar de la sobreactuación, son de los suyos los que han entrado en el Tribunal Constitucional, porque Enrique Arnaldo está ligado al aznarismo más recalcitrante a través de la FAES además de su aparición en sumarios por corrupción. Por su parte, Concepción Espejel fue la jueza contra los jóvenes de Altsasu, que convirtió una pelea de bar en un delito de terrorismo, enviándolos durante años a la cárcel, y fue recusada por su cercanía al PP en el caso Gurtel. Vamos, dos joyas.

Agárrense que vienen curvas

Está claro que el pacto PSOE-PP, con el aval desde la “izquierda” de Unidas Podemos, tiene un más que evidente objetivo político: fortalecer desde las instituciones parlamentarias unas instituciones, las judiciales, absolutamente desprestigiadas volviendo a los años del “bipartidismo”. En el acuerdo se han dejado fuera a todas las demás fuerzas políticas comenzando por las soberanistas (EH Bildu, ERC, CUP y BNG) que emitieron un comunicado conjunto de rechazo.

Es el sueño de la burguesía española: la vuelta a los viejos tiempos del “turnismo” entre el PSOE y el PP, que la crisis y el 15-M habían dinamitado. Saben que el mundo, y dentro de él el Estado español, vive una situación de “incertidumbre” provocada por tres elementos centrales, uno, la reconstrucción de la economía tras el año de la pandemia; dos, la transición “ecológica” que va a suponer una reconversión industrial del calibre de la de los 80, y tres, todo esto en el marco de una agudización de las tensiones interimperialistas e intercapitalistas, de quien toma la “manija” del mercado mundial, fruto de la crisis del 2007-2008.

El capital español es consciente que para enfrentar estos retos, ubicarse en la nueva división internacional del trabajo y recibir los 140.000 millones de la Unión Europea para la reconstrucción tiene, primero, que provocar un nuevo retroceso en las condiciones de vida de la clase trabajadora y los pueblos a través de nuevas reformas laborales, de pensiones, liberalizaciones de la economía, y recortes en los derechos individuales (aborto, lgtbi, etc.); es decir, en toda regla, un ataque frontal.

El 15-M y la desafección de un amplio sector de la juventud respecto a los partidos del régimen (PSOE, PP, IU), la dimisión del rey “a la fuga” en el 2014, la implicación activa de todo el aparato del estado, del rey hasta el poder judicial en la represión del proceso catalán todos estos años, han dejado al régimen del 78, a sus instituciones fundamentales, en una crisis que se manifestaba en la incapacidad del PSOE y del PP para renovar los órganos que ahora han pactado.

El TC, junto con el CPGJ y el Tribunal Supremo, son las “joyas de la corona” de esas instituciones judiciales, pues son ellas las que con sus sentencias y decisiones definen los marcos y los límites del régimen del 78. Y es obvio que la entrada de Arnaldo y Espejel en el TC es un giro abierto a un estrechamiento de los ya de por sí estrechos márgenes democráticos del régimen.

Que por sus características estos dos jueces pueden “deslegitimar” al TC ante la población, está claro; lo demuestra que se haya roto la disciplina de voto en el PSOE y el UP, con diputados como Odon Elorza votando en contra de Arnaldo. Pero el objetivo ahora no es legitimar de nuevo instituciones ya en crisis como el poder judicial, sino reforzar la unidad política a su alrededor para enfrentar las batallas sociales que se vienen encima.

El papel de UP

UP cifró su apoyo a la propuesta pactada entre PSOE y PP, votando a su favor «con las narices tapadas», por la teoría del «mal menor», puesto que a falta de cuatro miembros del TC por renovar «esperan» una mayoría progresista en el Tribunal.

Sin embargo esto no es más que una justificación puesto que, conociendo lo que le pasa a todo juez que manifiesta una cierta tendencia a la «independencia» respecto al aparato neofranquista, es obvio que el miedo va a pesar más que toda su ideología progresista; no vaya a ser que les pase como a Garzón, inhabilitado por querer investigar los crímenes del franquismo, a Elpidio Sánchez inhabilitado por querer profundizar en la corrupción del PP, o al juez Castro separado del caso, por implicar a la infanta en los turbios asuntos de su marido Urdangarín.

En todo caso, el papel de UP es el de bufón de la corte; todavía estaba caliente el “cadáver político” de su exdiputado Alberto Rodríguez por mor de un acuerdo PSOE-PP, cuando se tienen que “tragar el sapo” de votar a favor de los dos candidatos de la extrema derecha para el TC.

En marzo del 2004, año en el que Corriente Roja salía de IU, el ABC escribía esto sobre el papel de IU en el régimen:

“(…) el paisaje democrático español ofrece históricamente un espacio claro a la izquierda del PSOE, donde debe asentarse una formación que refuerce la centralidad política de la socialdemocracia y al tiempo sirva de dique de contención para las tentaciones antisistema. IU ha ejercido, desde su refundación a partir del viejo PCE, como factor de estabilidad que ha cargado a sus espaldas con los distintos impulsos de izquierda alternativa que se han ido configurando tras la crisis del marxismo tradicional, evitando que se produzcan tentaciones escapistas y rupturistas al margen de los cauces de la democracia”.

El estallido social del 15-M no solo confirmó la existencia de este espacio social, sino que lo hizo de masas cuando millones abarrotaron las plazas del Estado español (y no solo la Puerta del Sol de Madrid) haciendo populares los gritos de “no nos representan” y “le llaman democracia y no lo es”.

En el 2014, tras las Marchas de la Dignidad convocadas por fuerzas “antisistema” y la dimisión del rey, todas las «fuerzas vivas» del régimen vieron que “los diques de contención” estaban resquebrajados, y se apresuraron a buscar una fuerza que sustituyera a IU para evitar las “tentaciones escapistas y rupturistas”. A lo largo de estos años, y después de muchos tiras y aflojas, esta fuerza fue Unidas Podemos, que se incorporó al gobierno de la mano del PSOE.

No obstante, tenían que acabar de disciplinar a UP, sobre todo en sus sectores más ligados al pasado rupturista del 15-M como Pablo Iglesias, al que le forzaron la dimisión tras su afirmación de que «España no era una democracia plena», y más recientemente la expulsión del diputado canario por “indicaciones” del Tribunal Supremo. Los “sapos” que fueron las votaciones para la renovación del TC, y los demás órganos renovados, han cerrado el círculo con la integración absoluta y plena de UP, no solo en el gobierno del estado, sino en la legitimación de las instituciones de un aparato judicial heredero del franquismo.

La tragicomedia del régimen del 78 es que es tan estrecho en sus márgenes, que cuando consigue incorporar a fuerzas políticas como “diques de contención” frente a las tentaciones “antisistema” los destruye para cumplir esa tarea. El régimen del 78 a través del PSOE es como el sol para Ícaro, como te acerques a él te quema las alas. Le pasó con la IU de Llamazares, que se presentó a sí mismo como apéndice de una coalición con el PSOE, le está pasando a UP que está en coalición con el PSOE, con lo que su papel de “dique” desaparece.

Por esta liberación de fuerzas sociales que supone la plena integración de UP en el régimen se abren las puertas a la construcción de una verdadera fuerza no solo “antisistema”, “anticapitalista” o “anti régimen”, sino que ponga esas luchas “anti” en la perspectiva de la transformación socialista de la sociedad.