No era aquel el lugar de plantar un restaurante americano símbolo de la globalización y del fast food. La Mezquita y sus callejuelas se merecían oler a tortilla de patatas casera. Esto a algunos les resonará a la búsqueda de una especie de pureza en una ciudad que precisamente es un amalgama de culturas pero, aquellas personas entendían que ese territorio debía estar vinculado a otros valores, y por supuesto, a su reflejo en lo gastronómico. 

En estas décadas, no solo se ha debatido qué debía comerse en la Mezquita, también se ha debatido de quién es la Mezquita, cómo se debe llamar y quién debe gestionarla. Todo un símbolo para el activismo político de la ciudad. 

La Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba se formó en 2014 precisamente para exigir una serie de regularizaciones, y es que el principal monumento estuvo sufriendo distintas anomalías con los obispos que en aquella época pasaron por allí, hasta tal punto que fue inmatriculada por 30 euros. Dicho en otras palabras: el obispo se la quedó para la Iglesia amparado por una ley ahora inconstitucional. 

"Negar la memoria de una ciudad es lo más grave que se puede hacer"

No solo eso. En 2010, cuando llegó Demetrio Fernández, le quitó el nombre al monumento, que pasó a llamarse Santa Iglesia Catedral. Le borraron el nombre de Mezquita para dejarle solo el de Catedral, cargándose de un plumazo varios siglos de historia y la impronta omeya de Al Andalus en Córdoba. “Negar la memoria de una ciudad es lo más grave que se puede hacer, y más desde una actitud conquistadora medieval, como si fuera un señor feudal”. 

La Plataforma, por tanto, se constituyó para conseguir tres objetivos claves: recuperar su nombre, exigir la titularidad pública y la gestión compartida entre la administración pública y la iglesia.

Cuando se formó, consiguieron en change.org más de 400.000 firmas y nombres relevantes de la cultura, como Antonio Gala, Elvira Lindo o Antonio Muñoz Molina se adhirieron a la iniciativa. En 2016, consiguieron que se devolviera su nombre, pero las otras tareas siguen su curso. “Si la ciudadanía no hubiera tomado la iniciativa en este aspecto, la Mezquita no habría recuperado su nombre”, dicen desde este grupo. 

"Es un artículo infame porque consideraba al obispo como un funcionario en un Estado aconfesional"

Miguel Santiago es portavoz de la Plataforma: “Conseguimos que el Gobierno en época de Rajoy retirase el famoso artículo de la ‘Ley hipotecaria’, por el cual se podía inmatricular edificios por el simple hecho de pedirlo al obispo.

Este es un artículo infame porque consideraba al obispo como un funcionario en un Estado aconfesional. Desde 2015, la iglesia no ha podido volver a inmatricular”, cuenta el portavoz.

“La iglesia se ha apoderado de los bienes patrimoniales más importantes de los andaluces amparados en una ley inconstitucional. Es el mayor robo inmobiliario que se ha conseguido en toda Europa, en un marco aparentemente legal. La iglesia católica se ha quedado con el 70% del patrimonio, puede que haya 100.000 inmatriculaciones. La Catedral de Jerez está en la misma situación, o la Torre del Reloj también, que siendo civil pertenece a San Dionisio”, apunta Miguel. 

Durante el régimen franquista no había discusión sobre de quién eran los templos, porque imperaba el nacionalcatolicismo y se suponía que los templos eran del régimen; pero ya en la democracia, en 1998 con José María Aznar, se aprobó un artículo de la Ley Hipotecaria en el que comparaba al obispo con un fedatario público, como si fuera un notario.

“El obispo, simplemente firmando un escrito, podía apropiarse de bienes. Miles y miles de bienes públicos han sido inmatriculados inconstitucionalmente por la iglesia. Desde 2015 se retira el artículo porque es anticonstitucional”, explica Miguel. Sin embargo, el actual Gobierno pide que sea la propia ciudadanía quien sea la que denuncie en estos casos, cuando “es la Administración la única responsable de que esto se cumpla”. 

Desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad no tiene Plan director, y eso que la Unesco lo recomienda. Ahora parece que se va a aprobar, pero la Junta ha dejado que el plan lo haga el Cabildo. "Estamos en esa lucha, vamos a denunciar al propio Ministerio de Cultura para que no se haga un plan que esté solo bajo las directrices de la iglesia católica”, concluye Miguel Santiago.