El 9 de diciembre de 1931, las Cortes Constituyentes de la Segunda República española aprobaron la Carta Magna o Lay Fundamental con la que pretendían modernizar España, garantizar la justicia social y revertir el poder de los caciques y la Iglesia. Esta constitución que ahora cumple 90 años incluyó el sufragio universal masculino y femenino, el divorcio, la educación gratuita o los derechos sociales. Pero además fue la primera del mundo que incluyó como propio el derecho humanitario internacional. Y aunque fue derogada tras la Guerra Civil su influencia ha sido enorme.

La aprobación de la Ley Fundamental de la 2ª República tuvo lugar con el gobierno provisional de Niceto Alcalá-Zamora, constituido el 14 de abril de 1931 y compuesto por una coalición de varios partidos republicanos y el PSOE. Tras un largo debate en el Parlamento, presidido por Julián Besteiro, la Constitución de 1931 recibió la luz verde con 368 votos a favor, 89 ausencias y ningún voto en contra.

Fue la primera constitución plenamente democrática y garantista de derechos que tuvo España. Consagró el sufragio universal y el voto femenino, la educación y el Parlamento como el centro de la vida política -dando preeminencia al poder legislativo, al considerar que es la mayor expresión de la voluntad popular, por encima del ejecutivo o gobierno-. Pero además en su artículo 7 afirmaba: «El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional», convirtiéndose en la primera en el mundo que lo convertía en propio.

La Carta Magna de 1931 que establecía un Estado laico y creaba también derechos en ámbitos privados, como el matrimonio, la familia, el trabajo o la economía, ha sido estudiada por juristas y catedráticos de toto el globo. Y ha tenido influencia en otras constituciones como la de Italia en 1947 o la de España en 1978.